“Puede ser bueno o puede ser fatal ”: Expertos se refieren al decreto que revive los mataderos municipales

La carne vacuna se ha convertido, para muchas familias colombianas, es un agradable recuerdo de tiempos mejores en los que los ingresos permitían tener a este producto en la mesa con alguna regularidad.

En marzo de 2023, el kilo de ganado gordo en pie llegó a los 9.680 pesos. Ho se sitúa en los 7.843 pesos, un precio que sigue siendo altísimo para las aspiraciones de miles de colombianos.

El precio de la carne depende del precio del ganado. El alto costo está relacionado con el alza de los precios en los insumos, la exportación de ganado vivo y el cierre de mataderos municipales Entre 2016 y junio de 2022, el Invima cerró 359 mataderos en el país porque no cumplían con los estándares mínimos de higiene.

Quienes se oponen a esos cierres aseguran que esto elevó el precio de la carne por el incremento en los fletes. Los productores deben gastar más tiempo y más dinero para llevar el ganado vivo hasta las plantas de beneficio.

Uno de esos opositores es el presidente Gustavo Petro. El 16 de noviembre de 2022, afirmó: “Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne res. Se ha llegado a ese punto porque el Invima acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás”.

En coherencia con su deseo, el pasado 22 de noviembre el presidente Petro expidió un decreto con el que se modifica el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y Productos Cárnicos. Este decreto permite la reapertura de pequeños mataderos, que en la norma quedaron calificados como plantas de beneficio animal de autoconsumo.

Estas plantas podrán abastecer de carne y sus derivados al municipio donde se encuentren ubicadas. La autorización correrá por cuenta del Invima. Incluso, si el Invima así lo avala,  dichas plantas podrán abastecer a otros municipios.
Los mataderos sólo serán autorizados en municipios con poblaciones que oscilan entre los 10.000 y 20.000 habitantes.

Los pros y contras de la reapertura de los mataderos municipales

Las autoridades sanitarias llevan años cerrando mataderos en Colombia, por cuenta del cumplimiento del decreto 1500 de 2007, del otrora Ministerio de la Protección Social, con el que se elevaron los requisitos sanitarios para productos cárnicos.

Uno de los detractores de esa medida fue el entonces senador Jorge Enrique Robledo: “Yo entiendo el lío de insalubridad de esos mataderos, pero lo que pasó fue que las personas empezaron a matar las reses en las cañadas, en los patios de las casas, y en los cafetales –le dijo a CAMBIO–. Es sencillo: si usted es de un pueblo X, y en ese pueblo no hay matadero municipal, y el matadero le queda a 50 o 100 kilómetros de distancia, usted tiene un gran problema económico. ¿Cuánto vale llevar ese ganado hasta ese matadero y cuánto vale devolver la carne al mismo municipio?”.

En ese sentido, hay quienes creen que revivir mataderos en pequeños municipios podría desalentar la matanza clandestina. Pero hay quienes opinan lo contrario.

“Puede ser bueno o puede ser fatal”

Carlos Roberto Patiño, presidente de Friogan, es categórico cuando se le pregunta si con dicho decreto se logrará disminuir el precio de la carne al consumidor. “La esperanza del Gobierno de que con dichas plantas de beneficio se baje el precio de la carne no es realista. El precio de la carne depende en un 95 por ciento del precio del ganado. Abrir esas plantas de beneficio no va a bajar el precio de la carne”.

Patiño le dijo a CAMBIO que entre el 20 y el 40 por ciento de la carne que se consume en Colombia proviene de mataderos ilegales. Él no cree que abrir mataderos municipales termine desestimulando los sacrificios ilegales: “ Usted cree que ese personaje que sacrifica en un potrero, que no tiene que sacar una guía de movilización del animal para llevarlo a una planta de beneficio, que no paga impuesto de degüello, que no paga una tasa contributiva al Fondo Nacional del Ganado, que no reporta ninguna transacción comercial… ¿va a ir a una planta de beneficio, por el simple hecho de que la abran?”. 

Patiño añade que, si llegan a disminuirse los estándares mínimos para las plantas de beneficio en Colombia, eso terminará por perjudicar el comercio exterior de carne colombiana, entendiendo que el país ha logrado unas habilitaciones para exportación, en parte, por su sistema sanitario.

Insistió en que el Invima no cuenta con los funcionarios y la infraestructura suficiente para monitorear los estándares sanitarios de los nuevos mataderos, y que, por eso, la medida podría ser buena o terminar siendo fatal.

La senadora animalista Andrea Padilla comparte la opinión de Patiño. Ella cree que la medida abre la puerta para nuevos riesgos y costos en materia de salud pública y pone en peligro el estatus sanitario del país. “Ésta medida estimula la apertura de mataderos chabacanes en municipios de categoría 4,5, y 6, que es casi todo el país, y estimula a que mataderos nacionales, tecnificados, terminen convirtiéndose en mataderos municipales”, aseguró.

Además de los riesgos de salud pública, también existe el riesgo ambiental, debido a la alta contaminación que pueden producir las plantas de beneficio, si no cumplen con la normatividad hasta ahora vigente.

Álvaro Urrea, presidente de la Asociación Colombiana de Frigoríficos, le dijo a CAMBIO: “Consideramos innecesario y no procedente, porque estamos frente a un retroceso histórico en el sistema sanitario del país. Se estaría comprometiendo la salud de los Colombianos y los recursos del medio ambiente, aspectos fundamentales de la sociedad que no son negociables.

Por último, Urrea aseguró que modificar las condiciones normativas solo para las plantas de autoconsumo, generará una doble norma, cuando en materia de inocuidad, la norma debe ser una sola.