"Las víctimas deben estar en el centro de la negociación en la Sierra Nevada de Santa Marta": defensores de derechos

La noche del 5 de enero de 2019, dos hombres llegaron hasta la puerta de la casa de la líder social Maritza Quiroz Leiva, en la vereda San Isidro, en el corregimiento de Bonda. Tocaron a la puerta de manera violenta y después dispararon en dos ocasiones contra la mujer de 60 años, que había abierto para ver qué ocurría. Hoy, cinco años después, no se sabe mayor cosa de su asesinato.

Como este, hay decenas de casos aún no resueltos, dicen las víctimas de la violencia reciente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Dichos casos deberían ser tenidos en cuenta en una posible mesa de diálogos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Gobierno nacional, en medio de la denominada paz total.

Quiroz fue asesinada esa noche en el interior de su finca, la misma que había sido entregada en 2016 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a ella y otras nueve mujeres víctimas de la violencia.

Su muerte es considerada una de las grandes pérdidas para el liderazgo social del departamento del Magdalena, ya que durante más de 20 años trabajó por los derechos de las comunidades campesinas, afro y los desplazados. Un fenómeno que ella misma sufrió al ser sacada, junto a sus cinco hijos, de su casa en Palmor de la Sierra después del asesinato de su esposo. En el momento de su asesinato, Quiroz hacía parte de la Mesa de Víctimas de Santa Marta.

La Sierra Nevada de Santa Marta, como otros territorios colombianos, puede ser vista como un sucesivo escenario de guerra. En los últimos 50 años, por sus montañas y caminos han circulado desde guerrillas de tendencia maoísta, como el EPL, hasta los más violentos grupos paramilitares de ultraderecha, como las AUC.

De allí que la posibilidad de un diálogo con los nuevos actores violentos que hacen presencia en el macizo montañoso sea visto como un mensaje esperanzador por las comunidades y defensores de derechos humanos. Sin embargo, al mismo tiempo estos advierten de los caminos que se deberían tomar para que dicho acuerdo no termine fracasando, como, según creen, pasó con los procesos anteriores.

Para el profesor Lerber Dimas, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, el problema es que más allá de las expectativas por los posibles diálogos que incluyan a los grupos armados ilegales con injerencia local, todavía no hay una base jurídica, una metodología precisa, ni fuentes de financiación que les permitan acercarse a lo que se ha llamado la paz total.

La Sierra Nevada y su zona de influencia, que cubre las poblaciones desde el municipio de Ciénaga y casi hasta Riohacha, la capital de La Guajira, vive en estos momentos una situación particular, causada por el enfrentamiento entre dos grupos armados con tendencia política de derecha y con historia paramilitar, las ACSN y el Clan del Golfo, lo que ha venido dinamizando los factores y aumentando los niveles de violencia en el territorio.

“Un tema muy importante es que la participación de las víctimas debe ser un elemento transversal y tiene que estar en la mesa principal de las negociaciones; de lo contrario, no se hará nada, ni las organizaciones sociales vamos a aceptar ningún tipo de acción. Las víctimas no pueden seguir soportando este flagelo de la violencia continua”, señala Dimas.

Otro de los puntos que destacan los defensores de derechos es que en los procesos anteriores, más allá de la dejación de armas y las negociaciones de penas o indultos, no hubo una completa reparación a las víctimas.

El proceso con las AUC, en medio de la Ley de Justicia y Paz en 2006, por ejemplo, dejó dos elementos particulares: las reparaciones colectivas y las reparaciones individuales, asociadas a temas restaurativos y de restitución de tierras, entre otros, que no se han podido suplir por parte del Estado de manera efectiva.

Después de 2006 llegaron las violencias heredadas por muchos grupos con diferentes nombres y denominaciones, como neoparamilitares o paramilitares de segunda generación, Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico (ODIN), Banda Criminal Emergente (Bacrim) y Grupos Armados Organizados (GAOS). Particularmente en el Magdalena, Cesar y La Guajira hubo diferentes tipos de rearme muy violentos.

Por ejemplo, en 2012, en Santa Marta, una disputa entre Los Urabeños y la Oficina Caribe de los Giraldo dejó, en tres meses, 150 muertos, lo que llevó a la ciudad a entrar en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.

“Alrededor de los 13 grupos que han tenido injerencia en la zona han generado hechos victimizantes, con homicidios, desapariciones, extorsión, desplazamientos y robo de propiedades. Es decir, han actuado con sevicia y revictimización de la población. Entonces lo que hay en el departamento es una sucesión de víctimas de todos los niveles y categorías y un Estado que no ha tenido la capacidad para repararlas o contener que no se den más hechos victimizantes”, concluye Dimas.

Una nueva economía

El 7 de diciembre de 2022, en el barrio Ondas del Caribe y en medio de la celebración de la Noche de las Velitas, ocurrió otro de los crímenes recientes de líderes sociales en Santa Marta. Esa noche fue asesinada Christina Cantillo, vocera y defensora de la comunidad LGBTI+Q. Otro de los homicidios que aún las autoridades no han podido resolver.

La víctima era amiga y compañera de la actual consejera de paz de la Alcaldía Santa Marta, Jennifer del Toro, quien define la situación de orden público en la zona de influencia de la Sierra Nevada como una especie de violencia de baja intensidad pero generalizada.

Sobre la posibilidad de que las ACSN se sienten en una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, Del Toro dice que le han manifestado al alto comisionado de paz, Otty Patiño, el respaldo para acompañar el proceso y la entrega de un paquete de sugerencias que creen debe ser tenidas en cuenta.

“Primero, debe basarse en los pilares de la justicia transicional, con el derecho a la verdad con respecto a las dinámicas del conflicto, establecer a quienes ha beneficiado y cuál es el comportamiento de las rentas criminales. Segundo, poner en el centro de esta negociación a las víctimas, ya que en la ciudad hay 118.000 registradas y se deben restablecer sus derechos. Y tercero, las garantías de no repetición, es decir cómo generamos para el Distrito de Santa Marta unas condiciones que impidan que estas guerras se sigan reciclando en nuestro territorio”, explica Del Toro.

Otra de las grandes preocupaciones de las víctimas y las autoridades locales es la necesidad de revisar el modelo económico de la Sierra, para poder buscar estrategias que desplacen a las rentas ilícitas. Esto, en su opinión, debería contemplar proyectos de ecoturismo y agricultura, lo que incluye la revisión de las concesiones de los dos parques naturales del macizo montañoso: el Parque Natural Tayrona y el Parque Natural Sierra Nevada, que según Del Toro no generan riqueza y, por el contrario, hacen que se sostenga el modelo de violencia.

La pacificación de la Sierra luce tan empinada como sus caminos, porque allí se siguen registrando prácticas violentas horribles y crueles, y muchas familias aún están a la espera de que llegue la justicia. Es tan crítica la situación que incluso los voceros de la Mesa de Víctimas de la zona prefieren no opinar públicamente sobre orden público.

Hasta ahora, sin embargo, el posible inicio de un diálogo entre las ACSN y el Gobierno es solo cosa de anuncios y, ni la posible mediación del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ha hecho que el proceso tome vuelo.