Soñar un futuro en Chile y caer en las fauces de los proxenetas

Andrea, una joven de 20 años, fue contactada por un hombre en un centro comercial del sur de Manizales. No le pareció peligroso. Se portó amable y simpático. Le contó que en Chile valoraban el trabajo de las colombianas y que allí podría llegar a conseguir un empleo muy bien remunerado. Una oferta llamativa para una joven con un futuro incierto y deudas por pagar.

El sueño por un mejor porvenir empezó con un préstamo que el hombre le ofreció, con lo que pudo financiar su pasaporte y tiquetes aéreos. Andrea se despidió de su familia y tomó su nuevo rumbo. Una vez llegó a Santiago de Chile, otra fue la realidad. Le quitaron sus documentos y fue llevada a un club nocturno como trabajadora sexual.

La vida de Andrea se volvió tortuosa. En una pequeña habitación era obligada a trabajar durante doce horas al día, para –supuestamente– pagar la deuda que había adquirido con el hombre en Manizales. Cada semana debía producir 450 dólares hasta completar los 10 millones de pesos de la deuda.

En el lugar conoció la historia de otras 26 mujeres del Eje Cafetero que habían sido engañadas por la misma organización.

Negocio Familiar

Se trata de una organización liderada por Paula Marín, una colombiana que a finales de 2010 llegó a Chile con su hermano Harold para montar el negocio de la prostitución en varias ciudades de Chile.

En 2019, las autoridades ya habían detenido a Paula y a su hermano, por el delito de trata de personas, pero la mujer pagó una cuantiosa suma de dinero de fianza para quedar en libertad.

Por un tiempo, los hermanos se dedicaron al negocio de la estética, para evadir los controles de las autoridades y pasar como empresarios. Pero otra era su estrategia en Colombia. Sus hermanos Beatriz Elena, Cristian Javier y Martha Yolanda Marín convencieron a su madre, María Lucena González, de seguir con el negocio ilegal. Durante varios meses, realizaron seguimientos a jóvenes de escasos recursos en barrios de Manizales, Pereira y Armenia para conocer sus familias y sus viviendas, y luego proponerles viajar a Chile.

La organización familiar contrató a Jorge Eliécer García, William Javier Aguirre y Sindy Lorena Cepeda para que se encargaran del manejo de la compra de los tiquetes y la recepción del dinero que era enviado desde Chile.

“La red ubicaba a las víctimas en sectores marginales de la ciudad. Al parecer, les tramitaban los pasaportes, les proporcionaban tiquetes aéreos para trasladarlas de Pereira a Bogotá, y de Bogotá a Chile, donde les retenían los documentos y las ubicaban en casas de lenocinio en las ciudades de Osorno, Puerto Montt y Temuco”, detalló Hugo Tovar Pérez, director especializado de la Fiscalía contra las violaciones a los Derechos Humanos.

Las capturas

Durante seis meses, uniformados colombianos, con apoyo de sus homólogos de Chile, obtuvieron los testimonios de varias mujeres que narraron las precarias condiciones en que vivían, y cómo eran obligadas a tener relaciones sexuales con hombres que llegaban allí a través de dos sitios web.

“Las jóvenes afirmaron que les exigían grabar videos con contenido explícito mostrando la cara, y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza, y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas”, detalló un investigador de la Dijin de Colombia.

Andrea contó también que su familia tuvo que salir de Manizales, por amenazas de la organización criminal.

Con las pruebas de la Dijin y el apoyo de la Fiscalía, la policía realizó operativos en Bogotá y Manizales para capturar a siete integrantes de la organización criminal. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo en Chile la judicialización de Paula y de su hermano Harold, que continúan libres en el sur del continente.