Colombia deberá pagar 1,3 billones de pesos tras perder pleito con la vía alterna al Llano

El proyecto conocido como Perimetral de Oriente 1 solo logró un avance de 43 por ciento.

Crédito: Consorcio Perimetral de Oriente

23 Diciembre 2024 04:12 pm

Colombia deberá pagar 1,3 billones de pesos tras perder pleito con la vía alterna al Llano

El tramo del proyecto que va desde La Calera hasta Cáqueza en Cundinamarca está frenado desde hace cuatro años por problemas ambientales que no se identificaron en la etapa de estructuración. Como el consorcio no pudo avanzar en las obras, le puso una demanda a la Nación que hoy un tribunal internacional falló a su favor.

Por: Paola Herrera

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Este lunes se conoció el laudo arbitral del proyecto Perimetral de Oriente 1, que desde hace meses se estaba esperando, y cuyo resultado no es favorable para Colombia. Un tribunal internacional acaba de condenar a la Nación por cuenta de los problemas que tuvo que afrontar el concesionario para poder terminar el proyecto adjudicado hace unos diez años. 

Según el fallo del tribunal, Colombia deberá pagar una compensación a la empresa encargada de la vía por 1,3 billones de pesos, debido a que no se previó, en la etapa de estructuración, algunos factores ambientales que desde el año 2020 frenaron las obras. 

El Tribunal dispuso también la terminación anticipada del contrato de concesión atendiendo la solicitud de la ANI, como resultado de las problemáticas asociadas a los tramos que no se  han podido construir y la imposibilidad de desarrollar otras actividades.

El proyecto Perimetral de Oriente es considerado una vía alterna al Llano ya que empieza en el municipio de Sesquilé en Cundinamarca, pasa por Sopó, La Calera y llega hasta Cáqueza para conectarse con el corredor que va a Villavicencio. 

El consorcio al que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le adjudicó estas obras desde el año 2014 está conformado por las empresas Shikun & Binui de Israel y el fondo de inversión inglés Infrared Capital Partners. Estas compañías convocaron al tribunal, tal como está establecido en el contrato, al ver que el gobierno colombiano no respondió a los llamados que se hicieron para solucionar el lío ambiental. 

El problema ambiental 

La crisis del proyecto en la vía alterna al Llano empezó en 2020 cuando el concesionario terminó de construir las unidades funcionales 1,2 y 3, es decir, los tramos que van desde Sesquilé hasta La Calera. Cuando se iba a iniciar la siguiente fase - unidades funcionales 4 y 5- tuvieron que parar debido a que por información de las comunidades, la zona estaba rodeada por varias fuentes hídricas que no se podían afectar y que requerían de una licencia ambiental. 

Según un estudio de las empresas que tienen a cargo ese proyecto, se encontraron 70 manantiales a lo largo de 60 kilómetros y eso fue algo que no advirtió la ANI en la etapa de estructuración, es decir, cuando se diseñó el proyecto. 

Por esa razón, las obras que alcanzaron a tener un avance de 43 por ciento quedaron paralizadas hace cuatro años. Además, cerca de 0.49 billones de pesos se quedaron guardados en una fiducia esperando para poder ser ejecutados.

Eso le ha generado a las empresas pérdidas millonarias que fueron avaladas por el tribunal. Aunque se realizaron varias reuniones con la ANI para buscar una salida a este problema fue imposible poner en marcha las obras faltantes. 

Durante un año se planteó la posibilidad de hacer otrosíes, memorandos de entendimiento compromisos de trabajo y otras alternativas, pero a la fecha no se ha avanzado en ninguna. En contraste, el tribunal sí estudió el proceso y concluyó que Colombia tiene la responsabilidad por los hechos porque los estudios y diseños de la vía no quedaron bien. 

CAMBIO le preguntó a la ANI sobre esta decisión que llega como un baldado de agua fría para el país en plena navidad, pero hasta el momento la entidad no se ha pronunciado.

Entre tanto, el consorcio Perimetral Oriental dijo en un comunicado que "reitera su disposición de trabajar junto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de la República de Colombia y demás autoridades competentes para garantizar un avance conjunto hacia la conclusión del proyecto, priorizando el bienestar social, económico y ambiental de Colombia".  

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