“Defendiendo la democracia, maestro”: por Yesid Reyes Alvarado

Esa fue la respuesta del coronel Plazas Vega cuando en noviembre de 1985 alguien le preguntó qué hacía al mando de unos tanques de guerra que se disponían a ingresar al Palacio de Justicia en el que un grupo de magistrados, empleados y visitantes inermes habían sido tomados como rehenes por el M-19. Aun cuando el desenlace fue la desaparición, lesiones y muertes de decenas de personas, nunca he pensado que esos resultados fueran el propósito de quienes intentaban recuperar el control del edificio; más bien fueron consecuencia de la insensatez de la operación militar que se decidió ejecutar.

Tampoco creo que los integrantes del M-19 que entonces asaltaron el Palacio de Justicia lo hicieran con el expreso deseo de dar muerte a los magistrados que allí se encontraban. Lo que pretendían era utilizar a la Corte como un instrumento a través del cual pudieran adelantar un juicio contra el presidente Betancur, y les permitiera poner de presente los incumplimientos al acuerdo de paz en los que, según el movimiento insurgente, habría incurrido el gobierno. En un sentido amplio de la expresión, fue una actuación políticamente orientada, en cuanto buscaban replicar la operación de propaganda armada realizada con la toma a la embajada de la República Dominicana.

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Si bien ese afán publicitario pudiera ser visto en abstracto como lícito en sí mismo, es evidente que para lograrlo incurrieron, entre otros, en delitos de homicidio cometidos contra las personas encargadas de la vigilancia del edificio y el secuestro de todos sus ocupantes. Si bien debían ser conscientes de que cometían esos graves delitos, no imaginaron que los acontecimientos pudieran adoptar el rumbo y el desenlace con el que finalizó su acción criminal. Antonio Navarro, al evocar esos trágicos días, ha señalado sin vacilaciones que se trató de un terrible error del M-19 por cuyas consecuencias ha pedido perdón en reiteradas oportunidades a todas las víctimas.

Estos recuerdos volvieron a mi memoria ayer, cuando un grupo de manifestantes concentrados alrededor de la Corte exigían a los magistrados que eligieran de inmediato a la nueva fiscal general de la Nación. No solo se les impidió a los togados durante horas que pudieran abandonar la edificación donde laboran, sino que además algunos de quienes protestaban intentaron ingresar de manera arbitraria al inmueble. En medio de esa tensa situación, el presidente Petro descalificó en sus redes sociales los actos de violencia, pero reivindicó la legitimidad del acoso a los integrantes de la Corte con el mismo discurso utilizado por Plazas Vega hace poco más de 38 años: se trata, dijo el primer mandatario, de conductas orientadas a defender la democracia.

Creo en la sinceridad del presidente Petro cuando rechaza la conducta de quienes impidieron el libre desplazamiento de los magistrados e intentaron penetrar por la fuerza al edificio. Lo que me sorprende es que se vuelva a pretender utilizar a la Corte como un instrumento para conseguir réditos políticos; en esta oportunidad se busca acelerar la designación de una fiscal general para que las riendas de la entidad no queden en manos de subalternos de Francisco Barbosa, quien con sus actuaciones encarna más la figura de un miembro del partido de oposición que la del hombre sereno y ecuánime a quien la sociedad le encarga la función de administrar justicia. En sí mismo, el deseo de tener un fiscal independiente y ponderado es legítimo; pero impulsar manifestaciones que intimiden a los magistrados, como las que acontecieron ayer, no solo constituye una afrenta a uno de los símbolos más representativos de la justicia y, además, cabeza de una de las tres ramas del poder público, sino que es susceptible de desencadenar acontecimientos impredecibles e incontrolables.

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Entre las voces que se escucharon ayer durante el bloqueo a la Corte, se dijo que se intentó agredir a alguno de sus integrantes cuando intentaba salir de la sede de ese alto tribunal, y que un sector de los manifestantes pretendió ingresar a la fuerza a esas instalaciones. Si alguna de esas dos cosas hubiera ocurrido, es difícil predecir lo que habría sucedido a continuación: ¿qué habría pasado si la fuerza pública hubiera intentado detener al agresor, o hubiera ingresado al edificio para desalojar a quienes se lo hubieran tomado?

Es probable que el presidente Petro tenga razón cuando afirma que los desmanes acaecidos ayer sean atribuibles a personas infiltradas en la manifestación; pero esa clase de conductas son tan frecuentes que el gobierno no puede válidamente calificarlas de imprevisibles. Incitar asedios como aquel del que fue víctima ayer la Corte Suprema de Justicia es cuestionar su legitimidad por vías de hecho, y poner en peligro la integridad de los magistrados. Utilizar a la Corte a manera de peón de un ajedrez político fue un grave error del M-19 en 1985, que se saldó con un elevado número de víctimas. Ayer no solo se recayó de nuevo en esa grave equivocación, que por fortuna no terminó en otra tragedia, sino que paradójicamente se la pretende legitimar con los mismos argumentos que hace 38 años se invocaron para justificar los abusos en que incurrieron las fuerzas armadas en su empeño por neutralizar al comando guerrillero que había asaltado el Palacio de Justicia: la defensa de la democracia a cualquier precio, incluso el de su propia indemnidad.