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Poder

Irregularidades en concurso de méritos de la Universidad del Tolima

El Tribunal Administrativo del Tolima estudia una acción que solicita invalidar el proceso para la selección de profesores por –entre otras anomalías– un presunto favorecimiento a personas que han tenido cercanía, contratos y puestos de trabajo con la institución.

Existe tensión y descontento en la Universidad del Tolima por cuenta de un concurso llevado a cabo para vincular nuevos profesores. El pasado mes de febrero, el rector Omar Mejía y el Consejo Académico por un acuerdo en el que se establecieron los perfiles para la convocatoria de la que saldrían 22 nuevos miembros de la planta docente. Sin embargo, rápidamente saltaron a la vista una serie de inconsistencias que causaron quejas en diferentes facultades de la institución educativa. Algunos directores de programa dejaron constancia de que los perfiles publicados en el acuerdo no coincidían con las necesidades que debían cubrir y que con antelación habían comunicado a la rectoría. Es decir, la convocatoria se elaboró unilateralmente y desconoció lo dicho por aquellas personas que verdaderamente conocían las falencias de las respectivas carreras.

Algunos profesores presentaron derechos de petición preguntando cuáles eran las razones detrás de las cuestionadas modificaciones y solicitando las actas del Consejo Académico que dio el visto bueno a la convocatoria. La respuesta no llegó y las irregularidades aumentaron.

Primero fueron el cronograma del concurso y la lista de elegibles. Las fechas de las diferentes etapas del proceso (preselección y selección de hojas de vida; reclamaciones; envío de la propuesta de investigación y prueba académica) fueron cambiadas. Posteriormente, se publicaron los puntajes de los candidatos sin especificar quiénes habían sido los jurados ni cómo habían sido elegidos. Por lo tanto, es imposible saber con exactitud si los calificadores gozaban de la idoneidad requerida para ser jueces en el proceso. Según varios de los profesores contactados por CAMBIO, esta ausencia de información, así como la falta de respuesta por parte de la universidad a las preguntas formuladas respecto a la convocatoria, violentan los principios de transparencia, publicidad e imparcialidad.

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