El juicio contra Álex Flórez revive la discusión: ¿puede la Procuraduría destituir a políticos?

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el senador Álex Xavier Flórez, quien pertenece a la bancada de gobierno y ocupó uno de los primeros lugares en la lista cerrada del Pacto Histórico en las más recientes elecciones legislativas. La determinación llega meses después de que el congresista protagonizara un escándalo que quedó registrado en cámaras de video, en el que se le ve en estado de embriaguez mientras maltrataba verbal y físicamente a unos agentes de Policía. Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre, a la entrada del Hotel Caribe de Cartagena.

Casi un mes más tarde, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría se hizo cargo de la investigación. Las diligencias concluyeron en noviembre y se encontró mérito suficiente para que el legislador sea sometido a un juicio disciplinario. En esta nueva etapa podrá continuar ejerciendo su derecho a la defensa y explicar las razones por las que, en su criterio, no cometió ninguna falta.

Más allá de si Flórez incurrió o no en una conducta reprochable, la Procuraduría tiene una camisa de fuerza que le impide hacer uso de todas sus facultades. Desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto de la destitución que aplicó el entonces procurador Alejandro Ordóñez a Gustavo Petro en 2013, cuando este último ejercía como alcalde de Bogotá, está claro que la entidad necesita una reforma que defina hasta dónde van sus poderes. El tribunal recordó que la destitución de un funcionario elegido por voto popular por parte de una autoridad administrativa es violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instó al Estado colombiano a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes. Eso, hasta el momento, no ha sucedido.