Cárceles: el ministro de Justicia recibió un estado de cosas inconstitucional, y entregará dos

Por Yesid Reyes Alvarado

Durante años se había intentado reducir el desplazamiento de los presos para su participación en diligencias judiciales, no solo por los costos que eso implicaba en gastos de transporte y vigilancia, sino porque en esos trayectos aumentaban las probabilidades de fuga; aunque se construían salas especiales en los centros de reclusión para celebrar las videoconferencias, la renuencia de algunos empleados del Inpec, de ciertos funcionarios judiciales y de no pocos abogados seguía siendo muy alta. Como el confinamiento no podía conducir a la paralización de la justicia, las audiencias remotas pasaron de ser una posibilidad teórica a un imperativo. Ya no hubo disculpas presupuestales, ni necesidad de crear comisiones o contratar consultorías para evaluar su viabilidad, ni cursos de formación ni etapas de implementación; en un tiempo relativamente corto la gente se acostumbró a esta modalidad de trabajo, y ahora exigen que se lo mantenga y piden que se exploren más alternativas en ese ámbito que permitan, por ejemplo, una práctica segura de pruebas.

Se adoptaron medidas transitorias para permitir que algunos presos pudieran pasar a detención o prisión domiciliaria y se prohibió el traslado de centros de reclusión transitoria como estaciones de policía o Unidades de Reacción Inmediata a las cárceles.