Golpe para Uribe: su caso continúa

El juzgado 28 penal del circuito tomó la tan esperada decisión sobre la preclusión o continuidad del proceso que involucra a Álvaro Uribe Vélez con los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En una audiencia que superó las 12 horas de duración, la juez Carmen Helena Ortiz expuso sus consideraciones y dejó entrever las carencias en las que incurrió el fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, quien solicitó la preclusión desde que se le asignó el expediente. En su criterio, las razones expuestas no demuestran con certeza y claridad que el expresidente no sabía de las actividades llevadas a cabo por su abogado Diego Cadena y la presión que ejerció sobre exparamilitares para que declararan en favor suyo.

Ortiz, de entrada, explicó que el material probatorio recolectado por la Corte Suprema de Justicia sería tenido en cuenta. Añadió que el momento para controvertir estas pruebas, las cuales han sido catalogadas como ilegales por parte de la defensa de Uribe, ya había quedado atrás y que no se desgastaría en el estudio de su validez. Este punto fue trascendental porque las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte, especialmente aquellas entre el exmandatario y Cadena, jugaron un papel determinante para las consideraciones que más adelante expuso la juez.

Para que un proceso precluya, según la ley, debe demostrarse que las causales alegadas son totalmente ciertas y que no existe lugar a dudas sobre su existencia. La defensa del expresidente y la Fiscalía pidieron la preclusión porque, en su criterio, las conductas llevadas a cabo por Uribe no son delito —que en términos jurídicos se denomina atipicidad— y no es posible demostrar que él participó en los crímenes que posiblemente se cometieron. Esta argumentación fue analizada por el despacho que finalmente optó por desestimarla. La togada determinó que existe mérito para que Uribe continúe en un proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal.