Trasteos Barbosa

El súbito traslado de una fiscal de Bogotá al Putumayo después de citar a imputación a tres miembros de la familia Ríos Velilla, despertó una controversia sobre las políticas que viene aplicando el fiscal general Francisco Barbosa. Aunque el traslado/castigo ha llamado la atención por el presunto tráfico de influencias y la jerarquía de los involucrados, no es un caso aislado. De acuerdo con versiones de funcionarios de la Fiscalía, este tipo de decisiones administrativas, con sabor a retaliación, se han convertido en un modus operandi durante la administración Barbosa, para hacerle sentir su poder a quien no obedezca al jefe o incluso para evitar decisiones que toquen intereses políticos y corporativos de personajes influyentes.

En los últimos tiempos han sido castigados con traslado el fiscal que manejaba el caso contra Esteban Ramos, hijo de Luis Alfredo Ramos; el fiscal auxiliar que sustanció la investigación contra Sergio Fajardo y había encontrado elementos a favor del candidato; la fiscal que tiene a su cargo el expediente relacionado con la empresa colombo venezolana, Monómeros; los investigadores de fraudes en las alcaldías de Quibdó, Bucaramanga y Popayán, e incluso funcionarias sin responsabilidad acusatoria que le dieron trámite administrativo a una denuncia presentada en Pereira y que menciona al actual contralor Carlos Felipe Córdoba.

De acuerdo con la ley, los fiscales son funcionalmente autónomos. Aunque administrativamente sean subordinados del fiscal general, en lo que tiene que ver con sus decisiones jurídicas son independientes. Ese principio de autonomía está a punto de convertirse en letra muerta. Muchos fiscales temen que sus decisiones choquen con el punto de vista de sus jefes. Su atención no está concentrada en hacer justicia, sino en evitar represalias. La experiencia muestra que fiscales que han decidido con independencia son trasladados para castigarlos, hacerlos cambiar de criterio o, incluso, para obligarlos a renunciar.