La lucha por sobrevivir de la Casa de la Memoria de Tumaco

Los habitantes de Tumaco creyeron que el Estado contribuiría con el mantenimiento, continuidad y gastos de la Casa de la Memoria del municipio después de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en septiembre de 2019, así lo ordenara. El paso de los años demostró que se equivocaban. Dicha obligación, que está en cabeza de la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Tumaco y el Ministerio de Cultura, sigue siendo ignorada hasta la fecha.

Si bien se han transferido unos pocos recursos desde estas entidades, la cifra todavía dista mucho de los mínimos requeridos para que la Casa de la Memoria no pause sus labores de construcción de paz y formación en derechos humanos. Actualmente, de las iniciativas que allí se llevan a cabo se benefician miles de docentes, víctimas, jóvenes, niñas y niños de esa región del país y por ello la institución ha sido galardonada con el premio del Centro Nacional de Memoria Histórica y el premio franco-alemán Antonio Nariño.

En los últimos nueve años, desde el fallo de Justicia y Paz, la Casa de la Memoria de Tumaco financia la mayoría de sus actividades gracias a los dineros que le ingresan a través de organizaciones extranjeras. Las donaciones de particulares y el trabajo de voluntarios también juegan un rol clave. Para José Luis Foncilla, cooperante internacional y quien ha estado al tanto de lo que sucede en Tumaco, no es viable este modelo y se requiere que el Estado cumpla con su deber.