Las decisiones de la Corte Constitucional para comenzar el 2023

El año que terminó pasará a la historia como aquel en el que se despenalizó el aborto. En vez de continuar con las tres causales que daban vía libre a la interrupción voluntaria del embarazo –acceso carnal violento, grave malformación del feto y riesgo para la salud de la madre–, se estipuló un plazo dentro del cual se puede acceder al procedimiento sin ningún tipo de represalia legal. Es decir, pasó de ser una posibilidad para un reducido sector a un derecho en cabeza de todas las mujeres siempre y cuando no hayan sobrepasado las 24 semanas de gestación. Protagonizando este avance en términos sociales están los colectivos que impulsaron las demandas de inconstitucionalidad en contra del artículo del Código Penal que tipificaba el aborto como un delito. Pero justo detrás de estas agrupaciones y sus esfuerzos se encuentran los magistrados de la Corte Constitucional, quienes tuvieron que zanjar la polémica en una apretada decisión que requirió la intervención de un conjuez que destrabara la votación.

Y no fue la primera vez que el alto tribunal tuvo que definir un asunto controversial socialmente. El país ha cambiado en múltiples aspectos desde que se expidió la Carta Política en 1991 y la adaptación de los mandatos legales, en más de una ocasión, le ha correspondido a la Corte. Aquellos que no están de acuerdo con sus decisiones –como la que despenalizó el porte de las dosis mínima o la que abrió la puerta para la eutanasia– la acusan de legislar a través de sus sentencias y, en consecuencia, extralimitarse en sus funciones. Sin embargo, sus defensores la consideran una herramienta para el cambio social que cumple con las problemáticas que los legisladores se niegan a abordar.

Entre las principales tareas de la Corte Constitucional están la revisión de tutelas y el estudio de constitucionalidad de las leyes y decretos que profieren el Congreso y el Gobierno, respectivamente. En otras palabras, es un tribunal que se encarga de verificar que no existen vulneraciones a los derechos fundamentales y que las normas no violenten ningún artículo de la Constitución. Es en este último rubro en el que más dará de qué hablar la Corte en 2023.