“La vida social de Castaño era muy activa en Córdoba y Antioquia”: las revelaciones de una empresaria palmera

Como contraprestación por haber servido de asesor, el comandante paramilitar Vicente Castaño le entregó a Hernán de Jesús Gómez Hernández un grupo de acciones equivalentes al 3,82 por ciento de Urapalma, una de las primeras empresas palmeras que llegaron al Urabá chocoano y antioqueño para servir –a través de terceros- al proyecto de expansión paramilitar que implicó el despojo y desplazamiento de miles de campesinos desde finales de los años 90.

Esas acciones no quedaron en manos de Gómez sino de su esposa, Katia Patricia Sánchez Mejía, una administradora hotelera que pasó de trabajar como ejecutiva de negocios internacionales en el Banco Ganadero en Montería a representante legal de Urapalma entre 2004 y 2007. Aunque ha sido su esposo quien se llevó el protagonismo como asesor de Castaño, Sánchez Mejía tuvo un rol clave, aunque más silencioso en las relaciones que sostuvieron con los comandantes paramilitares y que incluyeron reuniones en otros países para buscar una desmovilización.

En su libro La palabra bajo fuego, el expresidente Andrés Pastrana reveló que en su mandato autorizó una comisión para hacer aproximaciones reservadas con paramilitares a través de personajes como Rodrigo García Caicedo, un ganadero de Córdoba, quien fue referenciado por parte del congresista conservador Luis Carlos Ordogostia. En el libro, Pastrana dice que García viajó con su hijo Jaime García a Madrid, España, a entrevistarse con el presidente Felipe González, quien aceptó su pedido de buscar un compromiso que pusiera fin a las masacres.