Defensoría solicitó a la CRC retirar requerimiento que hizo a medios de comunicación
La entidad considera que la solicitud pudo vulnerar los derechos a la libertad de expresión, el libre ejercicio de la actividad periodística y el secreto profesional.
Por: Mateo Muñoz
La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) retirar el requerimiento de información enviado recientemente a varios medios de comunicación la semana pasada. Según la entidad, la medida podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, el libre ejercicio de la labor periodística y el secreto profesional de los periodistas.
En una carta firmada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, la entidad expresó su “preocupación” frente a la solicitud de la CRC, que pedía a medios de comunicación entregar documentos internos —como actas, relatorías y manuales editoriales— bajo advertencia de eventuales sanciones administrativas. Según la Defensoría, esta exigencia “puede significar vulneración del derecho a la libertad de expresión (artículo 20), la libertad de la actividad periodística (artículo 73) y el secreto profesional (artículo 74)” de la Constitución Política.
El documento recuerda que la Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente que la libertad de prensa tiene un carácter reforzado en la democracia, y que el control de los contenidos periodísticos no puede ser ejercido por órganos estatales, sino por mecanismos de autorregulación ética y profesional de los propios medios.
La Defensoría también citó pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ambos coincidentes en que los Estados deben garantizar la independencia editorial y la ausencia de censura o supervisión administrativa sobre los medios.
Aunque la CRC aclaró en un comunicado del 10 de octubre que su requerimiento “no tiene naturaleza sancionatoria” y se realiza con fines “informativos y analíticos”, la Defensoría consideró que el pronunciamiento “no despeja la preocupación central” sobre el tipo de documentos solicitados. Según la entidad, incluso con fines investigativos, esta solicitud podría generar “efectos inhibidores sobre la deliberación periodística”, contrarios a los estándares internacionales de libertad de prensa.
Por ello, la Defensoría pidió el retiro inmediato del requerimiento, advirtiendo que su formulación “puede resultar incompatible con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos sobre libertad de prensa, reserva profesional y autonomía editorial”.
Marín reiteró la disposición de la institución para acompañar un diálogo institucional que promueva el pluralismo informativo, la calidad de los contenidos y la confianza ciudadana en los medios, “sobre la base del respeto a la autonomía, la autorregulación y la reserva periodística como pilares esenciales de la democracia”.
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