¿Qué tan difícil sería para Gustavo Petro salir de la Lista Clinton? Hay opciones, pero todas cuesta arriba

El pasado 24 de octubre, Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer y a su hijo Nicolás Petro en la llamada Lista Clinton, que congela bienes y prohíbe a empresas prestar servicios con personas señaladas por narcotráfico o lavado de dinero. La medida es administrada por la Ofac, la oficina encargada de aplicar sanciones económicas. Ante esa decisión, la defensa del jefe de Estado prepara una carta de objeción para solicitar su exclusión y, si la respuesta es negativa, contempla acudir a tribunales federales en Estados Unidos.

Sin embargo, ¿qué tan viable es esa salida? ¿Qué otras opciones le quedan al mandatario de los colombianos? CAMBIO consultó a cuatro expertos para responder a estas preguntas.

La petición formal y los tribunales, los dos caminos principales para el presidente

El profesor Juan Carlos Portilla, experto en derecho financiero internacional de la Universidad de La Sabana, explica que lo primero que debe hacerse es iniciar una “delisting petition”, es decir, “una petición formal ante la Ofac para ser excluido de la lista”. Ese trámite administrativo –añade– requiere “pruebas contundentes de que el sancionado no tiene vínculos con el narcotráfico ni con el lavado de dinero”. Uno de los precedentes en este trámite, recuerda, es el del Envigado Fútbol Club, que tardó cuatro años en limpiar su nombre luego de ser señalado por vínculos con estructuras criminales.

Pero el problema, advierten los expertos, no se agota en los tecnicismos legales. Dorian Kantor, analista principal de Kantor Consulting, sostiene que “salir de la Lista Clinton es posible en teoría, pero en la práctica es un proceso lento, desgastante y con probabilidades mínimas de éxito sin un cambio político mayor en Washington”.

“Un trámite ante la Ofac puede demorar años. El procedimiento estándar de ‘_delisting_’ implica que el abogado envíe una petición argumentada, la Ofac la estudia, pide pruebas adicionales, puede consultar a otras agencias, y en muchos casos ni siquiera responde en el corto plazo. Hay precedentes de procesos que tardaron entre dos y cinco años”, asegura Kantor

A pesar de estos precedentes, en lo procedimental, explica el profesor David Fernando Varela, de la Universidad Javeriana, siguen existiendo esos dos caminos: la vía administrativa ante la Ofac mencionada por los anteriores expertos, y la judicial, en tribunales federales, tal como espera seguir actualmente la defensa del presidente colombiano.

Pero Varela, quien también es doctor en asuntos internacionales de la Universidad Johns Hopkins, advierte que ambas son inciertas. “Existe la vía judicial, pero se trata de un camino largo y difícil, que puede tardar muchos años, ya que el Departamento del Tesoro defenderá su decisión”, señala. Los abogados deben demostrar que “el fundamento del acto administrativo fue incorrecto o que las circunstancias han cambiado”. Sin embargo, subraya que los tribunales rara vez revierten decisiones del Tesoro adoptadas por razones de seguridad nacional.

La diplomacia financiera, la otra opción que tiene Petro

En resumen, los expertos ven poco probable que el mandatario logre resultados por las vías tradicionales, al menos en el corto plazo. Por eso, Varela plantea otro camino: los bancos y el Gobierno podrían solicitar licencias especiales a la Ofac que les permitan seguir operando con el presidente mientras se decide el caso. Esas licencias –agrega– pueden autorizar pagos esenciales, como salarios u obligaciones legales, “pero mientras se tramitan, los bancos siguen expuestos al riesgo de sanciones”.

Portilla coincide en que la diplomacia financiera puede cumplir un papel clave. El experto propone una estrategia coordinada entre la Superintendencia Financiera y los gremios del sector para mantener abiertas las cuentas del mandatario bajo monitoreo constante. “El objetivo es probar lo contrario: que no existe ningún tipo de actividad sospechosa. Si la Ofac recibe esos reportes forenses financieros, podría llegar a una conclusión probatoria y proceder a excluirlo”, explica.

Una batalla más política que jurídica

Pese a esas alternativas, los cuatro coinciden en que el desenlace no dependerá solo de los abogados. Kantor lo resume así: “Más que un proceso jurídico, es una sanción política envuelta en un ropaje legal”. Para él, no se trata solo de un expediente administrativo: “Es una sanción política y financiera de altísimo nivel. Que un presidente en funciones figure ahí complica aún más las cosas, porque Estados Unidos normalmente endurece sus posturas en lugar de ceder”.

Por su parte, el profesor Juan Gabriel Gómez Albarello, de la Universidad Nacional, coincide en esa lectura política y va más allá: “El uso de la Lista Clinton por parte del presidente Trump es una medida punitiva contra Petro, parte de una estrategia para remover a un presidente de izquierda del poder”.

Gómez recuerda que la justicia estadounidense “muy raramente adopta decisiones que interfieran con la política exterior de su propio gobierno”, por lo que no ve futuro en una batalla judicial. “Trump actúa como un presidente extorsionista, con un estilo de chantaje político. Busca que Colombia le ruegue para que retire a Petro de la lista”, advierte.

Kantor complementa esa mirada: el mensaje de fondo –dice– es geopolítico. “La inclusión de Petro en la Lista Clinton no puede leerse solo como un acto técnico. Es un gesto político con un mensaje muy concreto. Trump no tolera a líderes que desafían la narrativa estadounidense, y la Lista Clinton es un instrumento de poder blando y duro a la vez”.

En otras palabras, el escenario es complicado porque combina un expediente administrativo, una tensión diplomática y una pugna política. Como recuerda Portilla, hay antecedentes exitosos, pero también una diferencia sustancial: esta vez no se trata de una empresa ni de un empresario, sino de un jefe de Estado en ejercicio. Y eso, como coinciden los expertos, hace que la salida de Gustavo Petro de la Lista Clinton no solo sea jurídicamente complicada, sino políticamente cuesta arriba.