Gobernación de Antioquia rechaza decreto de emergencia económica: ¿tiene facultad para desconocerlo?

El pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Hacienda publicó el decreto en el que estableció una serie de medidas tributarias contempladas como parte de la declaratoria de emergencia económica declarada por el Gobierno nacional. La decisión, que abrió de inmediato un debate jurídico sobre los límites de esta figura excepcional, provocó un nuevo pulso con entidades territoriales. Síganos en Google Discover para que se mantenga bien informado. CAMBIO, la verdad siempre El Gobierno de Gustavo Petro detalló que la declaratoria se presentó ante la falta de recursos para el Presupuesto General de la Nación de 2026 tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Senado. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia anunció en las últimas horas que se abstendrá de aplicar las medidas establecidas en el decreto de emergencia económica . El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, explicó que su decisión correspondería a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, por considerar que las normas fijadas por el Gobierno de Petro son contrarias a la Constitución. En ese sentido, sostuvo que las medidas del componente tributario del decreto no se implementarán en el departamento. Crédito: Colprensa El mandatario departamental cuestionó que los nuevos tributos cumplan con los criterios de finalidad, necesidad y proporcionalidad exigidos para los estados de excepción. En su anuncio oficial de la decisión, Rendón reiteró que la aplicación inmediata de los impuestos contemplados en la declaratoria tendría un impacto desproporcionado sobre las finanzas del departamento . La reciente decisión de la Gobernación de Antioquia se conoció en medio de solicitudes elevadas por constitucionalistas, exministros y líderes gremiales a la Corte Constitucional para suspender de forma provisional el decreto , mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad de la declaratoria y de las medidas tributarias adoptadas bajo el estado de excepción. Las razones por las que la Gobernación de Antioquia rechazó el decreto de emergencia económica Uno de los principales argumentos de la administración departamental es que la declaratoria de emergencia económica no se sustentaría en un hecho sobreviniente e imprevisible, como lo exige la Constitución. Según la Gobernación, el faltante de recursos en el presupuesto de 2026 deriva de una decisión política del Congreso al hundir la Ley de Financiamiento, un escenario previsto dentro del trámite legislativo ordinario. Los hechos investigados se presentaron cuando Rendón se desempeñaba como alcalde de Rionegro | Crédito: Colprensa El gobernador Rendón reiteró que otro de los cuestionamientos corresponde a la eventual falta de relación entre la emergencia invocada y las medidas tributarias adoptadas. Para el mandatario departamental, los nuevos impuestos fijados no tendrían una conexión directa ni inmediata con la crisis económica que el Gobierno nacional busca atender. El Ministerio de Hacienda detalló que entre las medidas tributarias adoptadas para obtener parte de los recursos faltantes para cubrir el presupuesto de 2026 están el aumento progresivo del impuesto al patrimonio, cambios en las tarifas del impuesto de renta, la ampliación del IVA a juegos de azar operados por internet y el incremento en la carga tributaria para licores. La Ocde reconoce que los países de América Latina presentan retos en su financiamiento. Crédito imagen: Freepik. La Gobernación de Antioquia advirtió que las medidas presentadas en el decreto de emergencia económica le costarían al departamento cerca de 1,5 billones de pesos. Según el gobernador Rendón, el impacto recaería especialmente sobre sectores estratégicos como la infraestructura, la vivienda y el entretenimiento. “El recaudo pretendido por el decreto no justifica el sacrificio de los ciudadanos, especialmente cuando las medidas no superan criterios de finalidad o necesidad. La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional. (...) El presidente Petro quiere cuadrar caja por cuenta de las regiones ”, afirmó Rendón. ¿Puede la Gobernación de Antioquia desconocer el decreto de emergencia económica? Fabio Enrique Pulido, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, explicó a CAMBIO que las autoridades territoriales tienen la capacidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. No obstante, precisó que la Corte Constitucional ha establecido dos condiciones claves para evaluar su procedencia. En las interceptaciones se identificó una presunta instrucción en la que Rendón pidió que los contratos se hicieran con determinadas empresas. | Crédito: Colprensa “Uno de los requisitos es que las medidas que no se aplican deben tener una contradicción manifiesta, clara y evidente con normas constitucionales. En segundo lugar, se establece que se puede desconocer solo ante una situación específica. Sin embargo, al ser una medida excepcional, las autoridades tienen, en principio, el deber de aplicarlas ”, explicó Pulido. El doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires también reiteró que la Corte Constitucional tiene control automático sobre el decreto en el que se declaró la emergencia económica y los posteriores mecanismos en los que se fijaron los impuestos. “En principio, la suspensión provisional corresponde al alto tribunal. Por eso, las medidas deberían aplicarse hasta que la Sala Plena se pronuncie”. Crédito imagen: Fotoilustración Yamith Mariño. Gustavo Zafra, quien fue miembro de la Asamblea Constituyente en 1991, se sumó a las voces que sostienen que la aplicación de las medidas solo se podría limitar ante una decisión formal de la Corte . En ese sentido, detalló que el alto tribunal tiene la facultad para ordenar la suspensión de los impuestos mientras decide de fondo sobre la validez jurídica de la declaratoria y de los decretos expedidos bajo el estado de excepción. En su declaratoria formal, el Gobierno nacional estableció que el estado de emergencia económica aplicaría por un periodo de 30 días, que se cumplirían el próximo 21 de enero. No obstante, la Constitución establece que la medida se puede ampliar hasta por 90 días , siempre y cuando se cumplan los requisitos, y la Corte Constitucional avale la existencia de una situación excepcional que justifique la prórroga. Entre la autonomía territorial y el control constitucional: las implicaciones de no aplicar el decreto de emergencia económica Juan Manuel Charry, abogado especializado en Derecho Constitucional, explicó a CAMBIO que, aunque las entidades territoriales cuentan con autonomía administrativa y fiscal, no tienen facultades para sustituir el control exclusivo de la Corte Constitucional. En ese sentido, advirtió que desconocer las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia, con base únicamente en una valoración propia, podría generar líos jurídicos. Petro y la Corte Constitucional. Fotoilustración: Yamith Mariño-Colprensa. “En mi opinión, se equivoca el gobernador al invocar la excepción por considerar que las normas de la emergencia son abusivas o desproporcionadas. No puede declararse en rebeldía contra una norma de naturaleza legal. En este caso, p odría incluso incurrir en procesos de responsabilidad disciplinaria o fiscal ”, explicó el profesor de la Universidad del Rosario. El gobernador de Antioquia explicó que una de las razones principales para abstenerse de aplicar las medidas emitidas durante la emergencia económica corresponde a la nueva carga tributaria para licoreras, que pasó de 5 a 19 por ciento. Según el mandatario departamental, la medida obligaría a la Fábrica de Licores de Antioquia a transferir 720.000 millones de pesos al Gobierno nacional durante 2026 . Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Crédito: Corte Constitucional. En relación con ese punto en particular, Charry plantea que la decisión de abstenerse de aplicar el impuesto podría incluso considerarse como un trato desigual frente a otras licoreras del país que deberán cumplir la norma, lo que abriría la puerta a eventuales cuestionamientos por afectación a la libre competencia y generación de ventajas competitivas indebidas . Por ahora, el decreto de emergencia económica quedó en manos del magistrado Carlos Camargo en la Corte Constitucional, quien ya decretó pruebas y solicitó conceptos para avanzar en el estudio de fondo. En ese sentido, los constitucionalistas consultados coinciden en que las entidades territoriales deberán aplicar las normas establecidas en la declaratoria, salvo que el alto tribunal ordene suspensión provisional o declare su inexequibilidad.

Gobernación de Antioquia rechaza decreto de emergencia económica: ¿tiene facultad para desconocerlo?

Artículo exclusivo para suscriptores

Artículo exclusivo para suscriptores

Gobernación de Antioquia rechaza decreto de emergencia económica: ¿tiene facultad para desconocerlo?

Artículo exclusivo para suscriptores

Artículo exclusivo para suscriptores

Compartir en redes sociales