¿Se perdió el rastro del oro colombiano? La denuncia de De La Espriella contra el gobierno Petro

El martes 18 de agosto, en el auditorio principal del búnker de la Fiscalía, en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella le entregó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, un documento de 82 páginas, una por cada caso, que su Gobierno incluyó en el llamado Libro de la Verdad.

“Pongo formalmente en sus manos el Libro de la Verdad. El país quiere saber qué pasó”, dijo el mandatario ante las cámaras. El documento reúne obras inconclusas, contratos y otros episodios de presunta corrupción de la administración de Gustavo Petro.
Pero hay un caso que no habla de obras ni de contratos, sino del oro que el Estado compró y exportó durante años por medio de una empresa que estaba bajo su administración. Detrás del expediente hay cientos de folios de una auditoría forense y una pregunta que ahora vuelve a la superficie: ¿de dónde salió el oro que terminó comprando el Estado?

En el centro está C.I. Meprecol S.A.S., una comercializadora de metales preciosos que en noviembre de 2025, por instrucción de Petro, pasó al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una pieza clave de su apuesta por la compra estatal de oro 
Para entender qué estaba en juego hay que retroceder hasta 2006, cuando productores mineros del Chocó fundaron Meprecol como una comercializadora más de oro. Prosperó rápido, hasta que en 2017 la Fiscalía tocó la puerta: sus representantes legales, contadores y revisores fiscales terminaron detenidos, y la empresa fue arrebatada al crimen por extinción de dominio, en un proceso que documentó el lavado de 3,6 billones de pesos. 

Lo que ocurrió después fue más simple y más problemático. El Estado no desmontó el modelo que acababa de asumir. Lo mantuvo. Bajo la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Meprecol siguió comprando oro a través de cooperativas que recibían el dinero y lo retiraban de inmediato en efectivo, sin dejar claro quién había extraído el metal. Además, una misma persona gerenciaba la comercializadora, que compraba el oro, y las cooperativas que se lo vendían. El Estado terminó controlando, al mismo tiempo, al comprador y a sus proveedores. 

Así lo confirmó una auditoría forense encargada por el nuevo gobierno, cuya conclusión fue alarmante: el Estado perdió el rastro de su propio oro. No hay, según los auditores, una ruta que permita saber de dónde venía el metal, quién lo vendía o cómo circuló el dinero público con que se pagó. Tampoco, dicen, hay certeza de que los controles bastaran para impedir que un oro de economías ilegales entrara en la operación. Y algo más: la auditoría halló en Meprecol un desorden financiero durante los últimos dos años que habría permitido pagos innecesarios y, según sus términos, el “saqueo” de la compañía. 


CAMBIO obtuvo la auditoría forense y los documentos que la sustentan —actas de asamblea, estados financieros, certificaciones contables y registros societarios—, así como la denuncia que el abogado Germán Calderón España, recién nombrado director de la Agencia Jurídica del Estado, radicó ante la Fiscalía el 20 de agosto de 2026, tomando ese peritaje como prueba. Juntos permiten reconstruir, paso a paso, cómo operó el negocio estatal del oro y por qué hoy es uno de los expedientes que el nuevo Gobierno puso en manos de la justicia. Esta es la historia.