“Un desgreño administrativo”: Gobierno avanza en liquidación de MinIgualdad
Otras de las frases que usó el liquidador de esa cartera, John Milton, fue las de: “destapamos la olla podrida” y “se les acabó la guachafita”. Con ello se refirió a obligaciones presupuestarias sin justificación, la continuidad sostenida de altos cargos y la carencia de estados financieros de cierre.
Frente a un atril y con el mensaje de “vocería de Presidencia” a sus espaldas, John Milton Rodríguez, ex candidato presidencial y hoy liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, aseguró que, en el proceso, encontraron que “el gobierno de Gustavo Petro dejó un ministerio en caos, sin un cierre ordenado y sin una liquidación responsable”.
Si bien no específico, sí mencionó algunos hallazgos. Por ejemplo, sostuvo y dejó andando cuatro viceministerios “dentro de una entidad que ya estaba destinada a desaparecer”. Además, aseguró que los informes contables que muestran la situación económica, patrimonial y financiera de la cartera están atrasados hace más de 3 meses. A pesar de eso, Milton afirmó que “permanecieron compromisos por nóminas, arriendos y otros gastos” y que, entonces, se deben revisar uno por uno.
Las decisiones que tomó, en esa medida, corresponden tanto a lo laboral como a lo financiero. En primer lugar, declaró insubsistente a dos de esos viceministerios y los otros dos los dio por terminados. La disposición también cobijará a todos “los encargos que permanezcan vigentes y que no sean estrictamente necesarios para el proceso liquidatorio”.
Y, en segundo momento, el equipo de liquidación controlará Fonigualdad, el instrumento financiero de ese MinIgualdad, y los recursos que estén ahí. Al hacerlo, buscan recuperar cerca de 200 mil millones de pesos.
¿Cómo llegó el ministerio hasta aquí?
El Ministerio de la Igualdad y Equidad nació de una promesa central de la campaña de Gustavo Petro de cerrar las brechas históricas que sufren las mujeres, los pueblos étnicos, la población LGBTIQ+, los migrantes, las personas con discapacidad y los habitantes de calle. El Congreso aprobó el proyecto el 12 de diciembre de 2022 y su ley, la Ley 2281, se promulgó el 4 de enero de 2023 y el ministerio quedó formalmente constituido el 29 de junio de ese año, con Francia Márquez como su primera dirigente.
En su primer año, el ministerio apenas gastó el 5 por ciento de los 1,5 billones de pesos presupuestados; en el segundo, el 23,5 por ciento de 455.000 millones; en el último periodo medido, menos del 10 por ciento de 323.000 millones. La propia Contraloría, en su auditoría financiera de 2024, fue tajante al calificar ese rezago como de "baja ejecución presupuestal”, pues era es especialmente crítica, “considerando que se trata de una entidad creada para liderar la agenda de equidad y reducción de brechas estructurales". Y agregó: "la ineficiencia en la gestión de los recursos asignados impacta directamente el goce efectivo de derechos de poblaciones históricamente excluidas".
El golpe jurídico llegó de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley que le dio vida al ministerio por no contar con el aval fiscal adecuado, aunque le permitió seguir operando de forma transitoria mientras el Congreso tramitaba una ley correctiva antes del 20 de junio de 2026. Ese plazo se cumplió sin que el Legislativo aprobara nada y el propio Gobierno Petro terminó por reconocerlo en un documento interno en el que admitió que, "pese a los esfuerzos adelantados por el Gobierno nacional para promover su discusión y aprobación del proyecto de ley (...) el proyecto no ha contado con el impulso y voluntad legislativa necesaria".
Con la ley a punto de perder vigencia, la Presidencia de entonces activó desde junio un plan de contingencia para que los programas sociales de la entidad no se interrumpieran, y el 16 de julio nombró a Rafael Rodríguez Ortiz como liquidador que, según el nuevo gobierno, no terminó su trabajo.
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