Augusto Rodríguez contra la mafia que maneja la UNP

Una mafia de varias cabezas domina la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad nacida del germen del Departamento Administrativo de Seguridad y que esta semana casi cobra la vida del ingeniero Augusto Rodríguez, su actual director. El atentado que sufrió frente a su casa es una situación que, más que anecdótica, advierte del tamaño de la fiera que Rodríguez enfrenta. Un animal que se alimenta de corrupción, burocracia, narcotráfico, fuero sindical y una amplia oferta criminal.

El pulso entre Rodríguez y los carteles enquistados en la entidad se trenzó desde su primer día como director, y en las últimas semanas ha desatado toda su fuerza. Dos testigos, parte de estas estructuras criminales, han estado confesando lo que allí ocurre y vienen buscando un principio de oportunidad para testificar contra una veintena de personas, que van desde el primer director de la entidad hasta un exdirector de la Policía Nacional, funcionarios y exfuncionarios de varias ramas del poder, militares, particulares y hasta empresarios de grandes compañías automotrices. Los testigos, a los que sin mayor explicación la Fiscalía les negó el principio de oportunidad, serán imputados por varios delitos este lunes, pero serán la puerta de entrada a uno de los más grandes escándalos que haya vivido la entidad en sus 12 años de existencia.

Y es que en manos de la justicia hay un rompecabezas de corrupción, que tiene en juego 1,7 billones anuales, más de 10.000 protegidos, 19 sindicatos, 8.000 escoltas y 5.000 carros convencionales y blindados. De ahí que Rodríguez, ingeniero químico de la Universidad Nacional y hombre de la entraña de Gustavo Petro hace 30 años, ha denunciado la existencia de carteles que trabajan con falsos blindajes, venden esquemas de seguridad, transportan droga, dinero y armas en los carros alquilados por la entidad, amañan licitaciones, cobran coimas por contratos, roban repuestos, gasolina e inflan viáticos, y ocultan las prácticas en falsos sindicatos que hacen parte de la operación de corrupción. 

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“Hay sindicatos grandes y pequeños, pero la mayoría son controlados por un pequeño grupo de personas que velan por el interés de las grandes empresas”

“Hay sindicatos grandes y pequeños, pero la mayoría son controlados por un grupo de personas que velan por el interés de las grandes empresas”, dijo una fuente que investiga las redes de corrupción en la entidad. Según testimonios recabados por CAMBIO con funcionarios, exdirectivos de la entidad, contratistas y hasta sindicatos, los dos pulpos del negocio son: el prófugo zar de la seguridad privada, Jorge Arturo Moreno Ojeda, y Alan Perlman Katz, representante legal de Neorenting S.A.S, poderosa empresa de renta de carros. 

Estos empresarios trabajan mediante operadores dentro de la entidad. Así lo han denunciado dos testigos en poder de la Fiscalía: Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, representante legal de la empresa M&M Group y su gerente, Yonn Jairo García Rivera. Se trata de los mismos personajes a los que la vicefiscal Martha Mancera les negó el principio de oportunidad y quienes dicen tener información sobre 17 personas vinculadas al cartel de los carros blindados. Un caso que lleva años rondando en despachos judiciales y que involucra a Andrés Villamizar, primer director de la UNP; su secretario, Julián Marulanda; el general (r) y exdirector de la Policía Nacional Rodolfo Palomino; su hermano el coronel Jorge Palomino; el ex subdirector general Hoover Penilla; Shinobo Kataot, presidente de Suzuki Colombia, entre otros.

En esta maraña de intereses oscuros ocupa un lugar protagónico un exdetective del DAS y presidente de un sindicato: Wilson Javier Devia Pérez. Nacido en el Guamo, Tolima, hace 43 años, Devia tiene un extenso dosier de investigaciones que incluyen acusaciones sexuales, violencia intrafamiliar, hurto, lesiones personales y asuntos relacionados con tráfico de drogas. Sobre esto último, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Fiscalía recopiló una serie de conversaciones entre Devia y el señor Manuel Antonio Castañeda Bernal, conductor capturado el 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca, transportando 168 kilos de cocaína. En ellas se oye a Devia y a Castañeda cuando hablan de cuentas de vehículos irregularmente arrendados, cobros de coimas y arriendo de esquemas a particulares.

Devia entró al DAS en el año 2000, luego pasó a la UNP, cuando se fundó en 2011, y desde entonces se ha movido en varios cargos y dependencias que le han permitido tejer una amplia red que termina en turbios negocios. Actualmente es presidente del sindicato UT UNP, una organización con apenas 59 afiliados -de los 2.040 que tiene la planta de la entidad- pero que extiende su poder a otros sindicatos y es el núcleo de una federación sindical denominada Propaís, que enlaza varios sindicatos del Inpec, la Fiscalía y otras agencias de seguridad. Con esto Devia ejerce presión y ha instalado una poderosa red que se enfrenta a Augusto Rodríguez. El poder de Devia se desarrolló en los últimos años, al punto de tender puentes con la clase política, como con el senador José Alfredo Gnecco, a quien le hizo abierta campaña.

Otro de los operadores del sistema cartelar al que se refiere el director Rodríguez es un exfuncionario que pasó en pocos años de funcionario de tercer nivel a subdirector de Protección de la entidad. Se llama Ronald Rodríguez Rozo, también fue agente del DAS y de igual forma ha logrado una fuerte ascendencia en los innumerables microsindicatos de la UNP. Durante su paso por la entidad, que terminó a los pocos días de la llegada de Augusto Rodríguez a la dirección, Ronald logró interferir en procesos de contratación y en asignación de medidas de protección, y comparte con Devia el mismo proceso por la cocaína encontrada en una camioneta, pues el esquema estaba asignado al ex subdirector Ronald Rodríguez.  

Un tercer caso es el de Giovanny Gallo, presidente del sindicato Analtraseg, que tiene dos afiliados de la planta. Gallo es a la vez empleado de Prosegur, una de las grandes tercerizadoras de escoltas que contrata la UNP. La entidad despliega sus servicios por zonas, las cuales son operadas por compañías que se entrecruzan en un fractal de uniones temporales. Antioquia y Chocó constituyen el área de acción de la compañía para la que labora Gallo; sin embargo, su poder es ejercido desde Bogotá hace dos años, con sueldo y con arma de dotación, y radica en tener influencia en áreas administrativas de la UNP a través de amigos y familiares. Según una fuente de la entidad, el tema que detonó la guerra entre Gallo y la nueva administración fue precisamente que a su hija, quien trabajaba en el área de vehículos, no se le renovó su contrato de prestación de servicios. 

Situación similar ocurre con Guiomar Patricia Riveros Gaitán, dirigente de una organización de víctimas de las Farc que ha acumulado capacidad de incidencia en la entidad a partir de sus lazos con miembros del Ejército, la Policía y en especial del manejo de cupos de escoltas. Riveros también ha dejado rastro en procesos judiciales, con condenas por abuso de confianza; fue empleada del destituido exalcalde de Yopal John Torres Torres, más conocido como “John Calzones”, contra quien terminó testificando y convirtiéndolo en su principal motivo par solicitar esquema de seguridad, el cual hoy sigue teniendo. Riveros tiene actualmente más de 17 procesos activos por estafa, peculado por apropiación y hurto calificado. 

“Estos personajes y otros más que requieren ser identificados, han diseñado un sistema de corrupción en el que, controlando la nómina de escoltas tercerizados y la disponibilidad de vehículos blindados en las diferentes zonas del país, sostienen relaciones con empresas prestadoras del servicio y hasta tienen todo un mercado negro de talleres de reparación de camionetas, falsos carros blindados, venta de esquemas y vínculos con grupos ilegales. Esta es la red que está enfrentando Augusto Rodríguez y por eso están tan molestos produciendo escándalos, montando paros y haciendo presión política. Todo esto es lo que explica el atentado de esta semana”, detalló una fuente cercana al actual director de la UNP.

Así pues, lo que Augusto Rodríguez ha encontrado en la entidad es que los grandes empresarios de tercerización de escoltas, blindaje de carros y arriendo de vehículos han infiltrado todas las instancias de la UNP mediante funcionarios y contratistas que, desde los sindicatos, operan una gigantesca máquina de seguridad, en cuyas manos están las vidas de 10.000 protegidos y más de un billón y medio de pesos del presupuesto nacional.