¿Cambio de tono? Las implicaciones de un agitado abril en la Corte Constitucional

Sus integrantes lo niegan, pero lo cierto es que las pulsaciones en la Corte Constitucional van en aumento. A menos de 15 días de que la magistrada Cristina Pardo termine su periodo –cargo para el cual el presidente Gustavo Petro ternó a Héctor Carvajal, su defensor por más de una década– en el tribunal más importante del país ha pasado de todo: surgieron señalamientos que ponen en entredicho la elección como magistrado de Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Presidencia, se tomaron dos decisiones que favorecen parcialmente los intereses del jefe de Estado, y la Sala Plena decidió, como pocas veces lo hace, salir a defenderse y a cuestionar publicaciones de medios de comunicación. Todo en un solo mes.

Si algo ha dejado este convulso abril, es la evidente necesidad de que la autonomía e independencia judicial de la Corte Constitucional se mantenga intacta. Más cuando la natural renovación de sus magistrados está en marcha y la expectativa de decisiones claves como el futuro de la reforma pensional es creciente. Las preguntas que surgen son muchas, pero también los chismes y los comentarios de sectores políticos que valoran a la Corte cuando toma decisiones que les gustan y la ‘muelen’ a críticas cuando el resultado no es de su agrado.

¿Acaso las recientes decisiones de suspender la investigación que adelantaba el Consejo Nacional Electoral al presidente Gustavo Petro y de avalar parcialmente la conmoción interior en el Catatumbo implican que la Corte está dominada por el jefe de Estado y el magistrado Vladimir Fernández? La respuesta a esa pregunta es negativa.

¿Hay cambios en las votaciones de la Sala Plena? La respuesta es que sí se han evidenciado algunas variaciones, pero que hoy las mayorías no están consolidadas. Allí reside la expectativa por las dos elecciones que están por venir: Cristina Pardo termina su periodo el 16 de mayo y el Senado no ha puesto fecha para votar a su reemplazo, y la Corte Suprema está finiquitando el proceso del cual saldrá la terna para reemplazar a Diana Fajardo, quien sale de la Corte el 5 de junio.

Para explicar dichos escenarios y las respuestas, hay que ir por partes.

Acto 1

El pasado 9 de abril, el país despertó con una noticia desconcertante: la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz afirmó que la decisión del entonces presidente del Senado Iván Name de fijar en el orden del día del 17 de octubre de 2023 la elección de un nuevo integrante de la Corte Constitucional se pactó con plata torcida de la UNGRD. Unos minutos después, la Fiscalía anunció que no le creía a Ortiz y le negó un principio de oportunidad que significaría una inmunidad penal para ella, hoy procesada por dicho escándalo de corrupción.

Todo esto sucedió previo a la reunión de Sala Plena ordinaria que tiene la Corte. Fernández fue el primero en indicar los hechos. Sus colegas tomaron nota de lo sucedido y arrancaron de forma habitual su sesión. No se hicieron cuestionamientos airados ni llamados de atención. ¿La reunión que tuvieron Ortiz, Name y Fernández antes de la fijación del orden del día la elección de magistrado es un delito? ¿Los chats de Ortiz evidencian que hubo dinero de por medio? ¿Se trata solo del tradicional lobby que hacen los ternados con senadores previo a la elección? La justicia tendrá que decidir, y aunque en el mundo jurídico hay una especie de consenso sobre que esos chats no muestran nada diferente a una reunión, el mal sabor de boca persiste.

De ahí que la Corte decidiera el pasado 29 de abril emitir un comunicado asegurando que los magistrados tienen presunción de inocencia. Ese pronunciamiento se elaboró, según pudo confirmar CAMBIO, ante diferentes peticiones que estaban llegando para que incluso se contemplara la posibilidad de suspender a Fernández. En ese documento también se cuestionaron algunos datos publicados como, por ejemplo, que se había hecho una sala extraordinaria sobre el tema, lo cual no es cierto y generó molestia, entre otros, en el propio Fernández.

En entrevista con CAMBIO, el magistrado Fernández rompió su silencio, negó cada afirmación que hizo Sandra Ortiz, indicó que no tuvo nada que ver con la realización del comunicado y aseguró que su trabajo es independiente: "la distancia existe, mi cargo y el honor que me ha dado esta nación de estar en la Corte Constitucional se honra todos los días. El trabajo es independiente. Se discuten los temas que deben discutirse y no se obedece a sesgos".

Acto 2

Antes de ello, el 13 de abril, se filtró que Fernández había pedido la suspensión de la decisión que permitió al CNE investigar al candidato-presidente Gustavo Petro, su exjefe, mientras se revisa de fondo una tutela que presentó el mandatario. Diez días después, cuando se creía que esto no iba a prosperar y se cuestionaba a Fernández por no haberse declarado impedido en el caso, la Sala Plena pasó la propuesta en una apretada votación 5-4. Fernández indicó que no lo hizo porque las causales para ello son taxativas. Una de ellas es tener "amistad íntima" con alguna de las partes y, según él, "eso no existe con el presidente, con quien no tengo ningún tipo de amistad íntima".

Como explicó CAMBIO, a Fernández lo acompañaron los liberales Juan Carlos Cortés y Diana Fajardo y los conservadores Cristina Pardo y Miguel Polo Rosero. Su argumento es que el fuero presidencial es integral y cobija incluso las actuaciones de índole administrativo que adelanta el CNE, por lo que debía suspenderse la investigación mientras se emite un fallo de fondo y así evitar un riesgo a los derechos del presidente. En contra votaron los liberales Natalia Ángel Cabo y José Fernando Reyes y los conservadores Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez, quienes decían que no se cumplían los requisitos para ordenar la suspensión.

Esta votación deja varios elementos para analizar. Por un lado, se podría advertir que fue una decisión política-progresista, que representa una de las primeras victorias de Fernández en una Corte en la que algunos de sus funcionarios siguen viendo al abogado cercano a Petro y no a un magistrado. Se podría indicar igualmente que el voto favorable de Polo Rosero implica que no le ha soltado la mano a Fernández, de quien fue auxiliar hasta hace unos meses, antes de ser elegido magistrado en propiedad en reemplazo de Antonio José Lizarazo. Pero también, que Polo Rosero –como el resto de los magistrados– están siguiendo una línea que ya la misma Corte había fijado en la sentencia SU-431 de 2015 que revisó la integralidad del fuero del fiscal general, que también es un aforado constitucional y que tuvo como ponente al magistrado Luis Guillermo Guerrero.

Rosero era auxiliar de Guerrero en esa época y su voto se podría explicar de otra manera: siguió la línea que su propio despacho viene alimentando desde entonces, sobre la integralidad del fuero. Ahora bien, también se podría decir que esa decisión versó sobre si la Contraloría podría investigar al fiscal general y que la Corte dijo que el fuero cobija también los asuntos sobre control fiscal, pero que no se habló nada allí sobre asuntos como los que tramita el CNE. Ese debate de fondo tratará por primera vez el asunto y el 5-4 de esta votación no está marcando una mayoría clara.

Acto 3

Contrario a lo que pasó con la emergencia en La Guajira, la Corte Constitucional avaló parcialmente la conmoción interior en el Catatumbo. La votación fue un 6-3 siguiendo la línea que viene dictando la Corte en esta materia: que sí es posible acudir a un estado de excepción para cuando se desborda la situación de seguridad y se altera de manera grave el orden público. Por esta razón, es válido fortalecer a la fuerza pública y financiar atención humanitaria para contrarrestar vulneraciones de derechos de la población. En cambio, no es válido acudir a la figura para que, so pretexto de resolver la crisis de seguridad, se busque adoptar medidas que realmente quieren contrarrestar situaciones que vienen funcionando mal históricamente y que se pueden atacar con decisiones ordinarias.

Esta votación también arroja luces. La ponencia de la magistrada Paola Meneses que pedía tumbar la conmoción fue derrotada. Solo recibió el aval de Jorge Enrique Ibáñez y del liberal José Fernando Reyes.  A favor votaron Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés y Vladimir Fernández, quienes son los más liberales-progresistas de la Corte, mientras que Diana Fajardo y Cristina Pardo se mostraron más independientes en este caso en particular. Eso sí, Pardo es conservadora pero también dirige la Sala de Seguimiento a la decisión que declaró que existe una vulneración masiva de derechos de los firmantes de paz y es quien recibe directamente los informes de las graves situaciones de seguridad que enfrentan en todo el país, incluido el Catatumbo.

Como la ponencia fue derrotada, Pardo, por orden alfabético, quedó a cargo de hacer la nueva sentencia. Pero como se va en 15 días, se decidió que tendría como coponente a Natalia Ángel para finalizar la tarea. Esto puede significar que la sentencia de la conmoción se demore algunos meses. De este episodio se pueden resaltar al menos dos hechos más:

Por un lado, es poco usual que la Sala Plena haya decidido sacar un comunicado cuestionando una noticia en la que el periodista Daniel Coronell reveló pormenores del debate en la Corte, lo cual corresponde a su labor periodística. Fuentes consultadas indicaron que hubo diferencias en la Sala sobre si era realmente necesario hacerlo.

De otro lado, también se evidencia que esta votación 6-3 no es una mayoría consolidada todavía. Capítulo aparte merece las recientes votaciones del magistrado José Fernando Reyes, quien es liberal de formación y se ha alineado con Meneses e Ibáñez en las últimas votaciones. Se podría afirmar que el giro llegó desde que fue presidente en 2024 y salió a defender a la Corte y hacer fuertes reparos al presidente Petro por la forma como reacciona a las decisiones judiciales que no comparte.

Las consecuencias

En este escenario y en medio del sigilo que ronda la Corte Constitucional, CAMBIO ha podido establecer varios temas.

En primer lugar, los señalamientos a Vladimir Fernández se consideran por algunas personas en la Corte como ataques políticos que buscan minar su labor en el alto tribunal. En la Corte son conscientes de que tanto el fondo como la forma importa. Por este motivo, generó molestia que el jurista no se declarase impedido en el caso del CNE, aun si las causales de impedimento sean taxativas.

Además, aunque inicialmente había más reticencia hacia Fernández, las relaciones entre los magistrados son cordiales, de colegaje, con las diferencias jurídicas normales de una Corte que tiene nueve personas con formas diferentes de ver el derecho. En todo caso, son conscientes de que la cercanía de Fernández con el presidente seguirá trayendo dudas sobre cada actuación que realice.

Por último, en la Corte no gustó la postulación de Héctor Carvajal porque se trata de una persona muy cercana al presidente Petro. El jefe de Estado no tiene un impedimento legal para ternarlo, pero la inconveniencia es innegable. Es llamativo que su postulación tiene bastantes adeptos en el Senado y que tendría apoyos claves, como los del procurador Eljach. Fuentes consultadas ven a Carvajal como ganador, mientras que advierten del riesgo que ello implicaría en términos de independencia. La Corte, se sabe, es la joya de la corona, y debería contar con guardianes de la Constitución y no con defensores del presidente, como expresó el experto Rodrigo Uprimny.

De otro lado, hay expectativa del proceso que adelanta la Corte Suprema para elaborar la terna para reemplazar a Diana Fajardo. En la lista de 18 personas que están en la carrera final, hay destacadas juristas como Mónica Cifuentes, Isabel Cristina Jaramillo o Magdalena Correa y también hay personas que se consideran cercanas a Petro como Jorge Fernando Perdomo. Más allá de los nombres, la clave será el mensaje que la Corte quiera enviar al elegir los perfiles. ¿Enviará una terna progresista? ¿Una terna liberal, de centro o conservadora? De ambas elecciones depende si se seguirá manteniendo una mayoría liberal o no.