Carlos Camargo: ¿El chuzador del pueblo?

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, se valió de un prestamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 18 millones de dólares, más de 80.000 millones de pesos, para financiar la implementación del Laboratorio Forense de Evidencia Digital. La costosa plataforma tecnológica, en la que se invirtieron cerca de 2.500 millones de pesos, fue presentada como una herramienta para respaldar la tarea de los defensores públicos, es decir, de los abogados que representan gratuitamente a quienes no tienen cómo pagar a un apoderado. De acuerdo con la presentación oficial “el software instalado en las estaciones de informática forense permite analizar interceptaciones telefónicas, videos o fotografías borrosas, recuperar información borrada de cualquier dispositivo (computador, celular, cámara, etc.), procesar información de un chat en WhatsApp, así como de cualquier red social o página web, analizar imágenes de cámaras de video de vigilancia y revisar cualquier tipo de dispositivo digital”.

Sin embargo, el Sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) asegura que el laboratorio viene siendo utilizado para espiar y analizar las comunicaciones de funcionarios –especialmente aquellos sindicalizados– que tienen reparos a la gestión del defensor Carlos Camargo Asís.

La denuncia hace parte de un informe que el sindicato tiene preparado sobre presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Camargo. Allí alertan sobre el aumento exponencial de la nómina de contratistas con fines políticos y pagos desmesurados a amigos del defensor Camargo. Pero lo más grave tiene que ver con el laboratorio forense.

En respuesta a un derecho de petición interpuesto por el representante a la Cámara Alirio Uribe, el defensor del pueblo relata que la sala fue financiada con un contrato/préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 18 millones de dólares de los cuales más de 2.500 millones de pesos fueron utilizados para dotar la sala digital. El contratista favorecido es el Consorcio ADALID-IOCOM 2021. 

Iocom es un proveedor habitual de equipos de espionaje e inteligencia. Entre sus compradores están el Gaula de la Policía y los departamentos de Risaralda y Arauca. El otro componente del consorcio es aún más interesante. Adalid es una compañía que presta servicios jurídicos y de seguridad de la información, su fundador –y representante legal hasta hace seis meses– es el abogado Andrés Guzmán Caballero, quien en un artículo de prensa era descrito  en estos términos:

“No hay computador, disco duro, celular o tarjeta SIM que se le resista al abogado Andrés Guzmán Caballero que, al mejor estilo de los famosos sabuesos de la serie CSI y  por medio de las evidencias digitales, ha esclarecido los casos más oscuros de la justicia en el país”.

El promocionado sabueso intervino a favor de Óscar Iván Zuluaga en el caso del hacker Andrés Sepúlveda, y ha sido apoderado de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca. Después de haber vendido sus costosos servicios a la Defensoría, Carlos Camargo creó un puesto que se ajustaba al pérfil de Guzmán y lo nombró. Se trata de la Defensoría delegada para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión. El abogado Guzmán Caballero tomó posesión del cargo en noviembre del año pasado, es decir, el contratista del controvertido laboratorio forense se convirtió en empleado de nómina y fue nombrado en uno de los cargos más altos de la entidad. Renunció hace apenas dos semanas, unos días después de la respuesta de la Defensoría al derecho de petición del representante a la Cámara Alirio Uribe. El abogado Guzmán Caballero fue compañero de estudios del defensor del pueblo, Carlos Camargo, en una especialización en derecho administrativo que cursaron en 2005 en la Universidad Sergio Arboleda.

CAMBIO le pidió al defensor Carlos Camargo una entrevista para preguntarle por los cuestionamientos sobre el laboratorio y otros asuntos de la institución. Inicialmente no accedió, pidió a través de su jefe de prensa conocer el tema general y se autorrealizó un cuestionario en el que afirma: “Resulta infundada y falsa cualquier insinuación de que en el Laboratorio Forense de Evidencia Digital (LFED) podría adelantar interceptaciones. Por su estructuración técnica, el LFED no está en capacidad de la clase de actividades que señala, sino que está diseñado para hacer acompañamiento de la labor investigativa de los defensores públicos, para garantizar una defensa técnica. Adicionalmente, no ha recibido ninguna solicitud de este tipo desde el momento en que se puso en funcionamiento (marzo de 2022)”. Finalmente el sábado a la hora del cierre de este artículo, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, accedió a hablar con CAMBIO y aseguró que la plataforma no es apta para chuzar y dijo que su contratación había sido supervisada por el Banco Interamericano de Desarrollo en un proceso abierto. 

El acta de recibo de las propuestas muestra que solo se presentó la oferta del consorcio Adalid-Iocom y que del comité evaluador hicieron parte 11 personas, siete de la Defensoría del Pueblo y solo cuatro del BID. Entre los delegados de la defensoría estuvieron tres miembros del despacho del defensor Carlos Camargo. También resulta llamativo que un contrato de semejante valor se haya abierto, decidido y cerrado, en menos de un mes. El primer documento registrado en el Secop es del 26 de agosto a las 10:33 de la mañana. La adjudicación fue otorgada el 23 de septiembre a las 4:40 de la tarde.     

El defensor afirmó que conoce hace años a Andrés Guzmán Caballero y que el consorcio en el que participa su empresa ganó en un proceso abierto. Dijo también  que lo había nombrado como defensor delegado por sus méritos y que entendía que se había retirado hace dos semanas de la institución porque tenía posibilidades de trabajar en consultorías en el ámbito nacional e internacional. Apenas estuvo cinco meses en la entidad.

El sindicato, por su parte, asegura que la plataforma ha sido utilizada para investigar trabajadores de la Defensoría. El 21 de octubre de 2022 Nancy Judith Albarracín, la funcionaria a cargo del laboratorio, le envió un correo electrónico a Diana Reinoso, perito en el mismo laboratorio. Allí le ordena “dar trámite urgente” a la solicitud de José Palomino, de la Oficina de Control Interno Disciplinario, dándole apoyo técnico para el expediente 254 de 2022. La comunicación, según los denunciantes, prueba que el laboratorio es usado para ejecutar labores de inteligencia contra funcionarios de la entidad.

Nancy Judith Albarracín, jefe del laboratorio y coordinadora del grupo de investigación para la defensa, antes de llegar a la Defensoría trabajó en la Fiscalía como investigadora y en el DAS. De acuerdo con la denuncia sindical su oficina le pidió al laboratorio analizar cuentas personales en las redes sociales de una funcionaria para ser usadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario y que “obren como prueba dentro del expediente”. 

La Defensoría del Pueblo no tiene facultades de policía judicial y en consecuencia no puede investigar a un funcionario usando los medios tecnológicos destinados a la defensoría pública.

El defensor Carlos Camargo le dijo a CAMBIO que Nancy Judith Albarracín también fue compañera de estudios suyos. Afirmó que la había conocido cuando los dos hicieron el Curso Integral de Defensa Nacional (Cidenal), un programa de la Escuela Superior de Guerra que atienden los coroneles y capitanes de navío que pueden ser ascendidos a generales o almirantes y al que son aceptados ocasionalmente algunos civiles, especialmente políticos.  La señora Albarracín hizo parte del comité evaluador que le entregó el contrato al consorcio ADALID–IOCOM para implementar el laboratorio forense.

Esta semana el sindicato entregará sus denuncias a la Fiscalía, a la Oficina de Transparencia de la Presidencia y a la Contraloría. Si se llega a comprobar que la plataforma tecnológica se está usando para labores distintas a la defensoría pública, varios altos funcionarios –empezando por Carlos Camargo– tendrán que dar explicaciones fiscales, disciplinarias y penales.

***El artículo original fue mofificado en su primer párrafo puesto que daba lugar a entender que el laborartorio había costado 18 millones de dólares, cuando el contrato identificado es de 2.500 millones de pesos. También se le hicieron algunas precisiones solicitadas por el señor Gúzman.