Visita de la Defensora del Pueblo a Bocas del Manso (Córdoba)
Crédito: Colprensa
Comunidades de Tierralta temen desplazamiento masivo de sus territorios
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Después de los abusos por parte de militares sucedidos en Tierra Alta Córdoba hace unas semanas, las comunidades denuncian que tienen miedo de que esto vuelva a suceder y que haya un desplazamiento masivo en la región.
Por: Redacción Cambio
Los habitantes de 12 veredas de Tierralta, Córdoba, que denunciaron hace unos días (el 11 de septiembre) abusos militares, reconocen que varias entidades del Estado han ido. Sin embargo, aseguran que las ayudas ofrecidas y los compromisos aún no se han visto reflejados.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, le pide a las entidades gubernamentales a cumplirle a las comunidades con lo establecido. Esto para evitar un posible desplazamiento masivo y poder activar un plan de contingencia para evitar una crisis humanitaria en la región.
Los habitantes de las veredas Crucito, Bocas de Cruz Grande, San Pablo, Gilgal, Tucú, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Llanos del Tigre y Palestina aseguran que aún están temerosos de que se repita la situación del 11 de septiembre.
Los habitantes de esta zona han asegurado que, desde el 21 septiembre, el número de militares en la zona ha aumentado.
“Lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad. En consecuencia, llamamos al Gobierno Nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”, señaló el defensor.
Una posible crisis humanitaria se podría desencadenar
En caso de que ocurra el desplazamiento, se podría generar una crisis humanitaria en el casco urbano de Tierralta. El defensor dijo que están esperando a que se de una respuesta institucional pronto para que las comunidades rurales no se desplacen.
"Le solicitamos a la Alcaldía de Tierralta activar un plan de contingencia cuyo fin sea garantizar los mínimos vitales. A la Gobernación y a la Unidad de Víctimas, activar el mecanismo de corresponsabilidad", agregó.
De igual forma, se le hizo un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que garantice losderechos de los niños, niñas y adolescentes.
"Como Defensoría del Pueblo continuamos acompañando a las familias afectadas y seguimos atentos para articular nuestra labor con las entidades competentes. Porque los derechos humanos de las comunidades deben ser garantizados por todo el aparato estatal”, concluyó Carlos Camargo Assis.
