La conexión entre el secretario de Transparencia y su esposa con el clan Calle

A Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, le cayó la noche en mayo de 2024. Mientras daba una entrevista en vivo a Noticias Caracol, el periodista le informó que había sido despedido por el presidente Gustavo Petro. El mandatario tomó la decisión con base en unos chats en los que los abogados del corrupto exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, señalaban a Idárraga como un hombre cercano a su cliente. Ese día el jefe del Estado dijo: "Esos funcionarios con cuestionamientos deben salir". Se refería a Sandra Ortiz, hoy presa por el escándalo, y al doctor Idárraga, quien luego de un reversazo presidencial, no solo se quedó en el Gobierno sino que se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Casa de Nariño.

Como suele decirse en lenguaje coloquial,  Idárraga "cayó parado". No solo escaló profesionalmente, sino que además su esposa, Andrea Verdugo, fue nombrada directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, uno de los despachos más codiciados de esa entidad.

Hoy. ambos tienen cargos de importancia en dos de las entidades que llevan la voz cantante en la investigación del entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo: la Secretaría de Transparencia y la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la pareja olvidó mencionar, o quizás quiso ocultar, el vínculo comercial que existió entre Andrea, esposa de Idárraga, y el clan Calle -que tiene a uno de sus integrantes preso como protagonista de este escándalo. CAMBIO revela la historia.

 Una asesoría fallida pero una conexión probada

Abogada con una especialización en Alta Dirección del Estado y otra en Gestión de Desarrollo Administrativo, Andrea Verdugo no es una recién llegada al servicio público. Durante casi dos décadas de experiencia laboral, ha pasado por varias entidades sin tener cuestionamientos sobre su desempeño. Trabajó en la Gobernación del Meta, fue candidata a la Asamblea, estuvo en los ministerios de Interior y de Minas, y en la Unidad de Víctimas, entre otros.

Su ejercicio profesional no se limitó a lo público. Verdugo entró en el mundo de la asesoría a campañas políticas, como la del Pacto Histórico en 2022. Le fue bien en esa experiencia y decidió asociarse informalmente (de forma verbal) con el dueño de la firma Derecho Electoral, Juan Carlos Huertas, quien también participó en la veeduría que el petrismo hizo de las pasadas elecciones legislativas.

El trato entre Verdugo y Huertas fue el siguiente: ella se encargaba de la asesoría jurídica a las campañas y de capacitar a los testigos; él, de la parte tecnológica. Con eso claro, se acercaron a varios candidatos, entre ellos a Carlos Fernando Galán en Bogotá y a otros de Fuerza Ciudadana en el Magdalena. Verdugo incluso aseguró haberse reunido con Carlos Caicedo, quien estaba recibiendo propuestas de asesoría antes de renunciar a su cargo como alcalde de Santa Marta.

Sin embargo, las únicas campañas que recibieron la asesoría de la dupla Verdugo-Huertas fueron las del clan Calle, de Córdoba, al que pertenece el liberal Andrés Calle, expresidente de la Cámara y hoy preso por el escándalo de la Ungrd; Gabriel Calle Demoya, papá de Andrés, que se lanzó a la alcaldía de Montelíbano, y Gabriel Calle Aguas, su hermano, quién aspiró a la Gobernación.

Hay dos versiones sobre cómo llegó el dúo Huertas-Verdugo a la campaña de los Calle. Andrea Verdugo explicó que su contacto con Gabriel Calle Aguas se dio en 2023 cuando él era asesor en el Ministerio del Interior y ella contratista. “Yo estaba en La Giralda (la sede del Ministerio), en la sala que hay fuera del despacho y él se acercó”, dijo la funcionaria. 

En esa primera charla, Calle le contó a Verdugo sus intenciones de aspirar a la Gobernación de Córdoba por el partido Liberal. “Me pareció chévere y desafiante”, le dijo la abogada a CAMBIO sobre la idea del político.

Por su parte, Juan Carlos Huertas le aseguró a este medio que fue Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quien presentó a los Calle con Verdugo. “Andrés fue quien los presentó y luego Andrea me buscó para tener nuestro respaldo en esa propuesta”, dijo Huertas. Sin embargo, la abogada niega esta versión. Según ella, su larga trayectoria la ha hecho estar en contacto con una larga lista de figuras políticas sin necesidad de la intermediación de su esposo.

Andrea Verdugo y Juan Carlos Huertas ya no son socios y hoy están peleados por un problema de plata derivado de su acuerdo con el clan Calle. Huertas afirma que él y su entonces socia les presentaron a los cuestionados políticos una propuesta inicial por 250 millones de pesos pero, después de negociar una rebaja, la cifra pactada fue de 200 millones. El proyecto incluía la coordinación de testigos electorales para identificar inconsistencias y alertas de fraude que pudieran afectar las campañas de los Calle. 

Además, se acordó la capacitación de coordinadores y testigos electorales, una labor que lideró Verdugo como consta en las siguientes fotografías.

La versión de Verdugo es distinta a la de su exsocio. Según ella, no existió un vínculo contractual formal con la campaña de los Calle, sino una promesa de servicios que al final no pudo prestar, por lo cual no se cobró nada por la asesoría. La esposa del secretario Idárraga sostiene que el día de las elecciones (29 de octubre de 2023), la situación colapsó. La plataforma tecnológica que prometió Huertas no funcionó. El proceso de reclamaciones fracasó y, según Verdugo, ella y un ingeniero de Derecho Electoral tuvieron que poner la cara en Montelíbano y hacerle frente al desastre. “El señor Huertas nunca estuvo”, dijo la abogada y explicó que él solo le atendió el teléfono para hablarle de manera grosera. Además, dice que ese pleito obedece a un chantaje de Huertas 'cuya única motivación es la plata'.

Ese ingeniero que la acompañó es César Díaz, quien todavía trabaja en la empresa de Huertas y es su subordinado. En conversación con CAMBIO, Díaz contradijo a la abogada: “Verdugo fue la responsable de recibir los desembolsos de dinero destinados a la ejecución del servicio contratado con Derecho Electoral”. El ingeniero también negó que la asesoría resultara fallida, pues dice que todo se entregó “a cabalidad”.

Consultada por CAMBIO, Andrea Verdugo dice que los únicos gastos pagados por los Calle fueron los tiquetes y la estadía de ella y las personas que la acompañaron. “Apoyé con conceptos y opiniones [...] ayudamos con unos talleres de testigos. Algo que no sé cómo enmarcarlo. Fue del ejercicio propio de esa dinámica. Cuando todo el mundo está en campaña siempre hay un apoyo solidario y en eso se enmarcó. No en un tema laboral”, le dijo la funcionaria a CAMBIO.

Un lío que va más allá de la plata

El problema entre Huertas y Verdugo no acabó el día de las elecciones. El dueño de Derecho Electoral empezó a reclamarle a la abogada por los honorarios que supuestamente le habían pagado los Calle. Esto generó una querella que está en la Fiscalía y que fue conocida por CAMBIO. 

Allí, Huertas le reclama a Verdugo más de 50 millones de pesos, pero también hace señalamientos delicados. Por ejemplo, dice que los honorarios habrían sido pagados en efectivo por Andrés Calle a Andrea Verdugo. La abogada es enfática en decir que nunca recibió dinero de los Calle y que conoció a Andrés en su trabajo en el Ministerio del Interior como a la mayoría de congresistas.

Esta versión de Huertas, plasmada bajo gravedad de juramento en su denuncia a la Fiscalía, es delicada por el trasfondo del escándalo de la UNGRD. En su testimonio entregado a la Corte Suprema, Sneyder Pinilla aseguró que le dio 1.000 millones de pesos a Andrés Calle en efectivo y que parte de ese dinero fue a parar a las campañas de su papá y de su hermano. Esto ha sido negado por la familia Calle, que denunció a López y Pinilla por falso testimonio.

CAMBIO contactó a Eyner Sayd Jiménez, gerente de la campaña de Gabriel Calle Aguas en 2023, quien aseguró que no hubo ningún contrato de asesoría con Verdugo y Huertas. "Ellos vinieron a hacernos una presentación sobre los riesgos en la Costa pero nada más", dijo Jiménez. El abogado aseguró que la estrategia de blindaje electoral fue coordinada por la misma campaña al ser "austera".

Al revisar los informes de ingresos y gastos de ambas campañas entregados en el portal Cuentas Claras, tampoco se encuentra rastro de los supuestos pagos hechos a Verdugo. La aspiración de Gabriel Calle Aguas a la Gobernación reportó 1.134 millones de pesos en ingresos, los cuales se gastaron en su totalidad. Ni Derecho Electoral ni Andrea Verdugo aparecen en los formularios de gastos. Caso idéntico al de la campaña de Gabriel Calle Demoya, que reportó ingresos por 302 millones de pesos y gastos por el mismo valor. Sin embargo, es sabido que los movimientos en efectivo no se registran en estos informes al Consejo Nacional Electoral. Al respecto, el gerente de la campaña de Calle Aguas dijo desconocer si hubo algún pago en efectivo hecho por Andrés Calle u otro miembro de la familia.

Este medio también envió las inquietudes al hoy diputado Gabriel Calle Aguas pero hasta ahora no hubo respuesta de su parte.

Por otro lado, Huertas reitera que Andrés Idárraga fue quien intermedió para la asesoría, aunque no presenta ninguna prueba de ello. Además, le dijo a CAMBIO que el secretario de Transparencia estuvo el día de las elecciones en Montería y Montelíbano, algo que sí es comprobable.

Al revisar las redes sociales de Idárraga, se encuentra que el 29 de octubre de 2023 el secretario de Transparencia estuvo en Montería. A las 12 del mediodía Idárraga puso una foto en X participando en el Puesto de Mando Unificado instalado en esa ciudad.

Cuatro horas después, el funcionario publicó otro trino en el que denunció, sin foto o video que lo respaldara, que en Montelíbano habían aparecido tarjetones previamente marcados.

Lo que no dijo el secretario de Transparencia -y hasta ahora se conoce, dos años después- es que su esposa estaba coordinando los testigos de los Calle, especialmente en Montelíbano. 

Al respecto, CAMBIO contactó al secretario de Transparencia, pero al cierre de este artículo no había enviado sus respuestas. Por su parte, Verdugo explicó que su esposo estuvo en el departamento por “coincidencia” al ser parte de la Mesa Nacional de Garantías. Además, dijo que pasaron la noche en Montería, pues el funcionario la notó muy afectada por lo sucedido con la campaña de los Calle y la asesoría que salió mal.

Es difícil de creer que, teniendo que monitorear la transparencia de las elecciones en todo el territorio nacional, Idárraga hubiera acabado en Córdoba, justo donde su esposa tenía intereses comerciales y electorales: todo por azar del destino.

Más que un conflicto de plata, es un conflicto de interés

Hay varias teorías sobre por qué Sandra Ortiz salió por la puerta de atrás mientras que Idárraga se quedó en su despacho. Según la versión oficial, las evidencias desiguales, la disparidad en el calibre de los señalamientos y una larga reunión de tres horas con el secretario hicieron recular al presidente.

No obstante, altas fuentes consultadas por CAMBIO aseguran que la decisión de Petro obedeció a un cálculo preventivo y no a su misericordia. Por ese entonces, la recién llegada fiscal general Luz Adriana Camargo venía de ejercer, entre otros cargos, el de contratista de la Secretaría de Transparencia a través de la firma Consucol. Así las cosas, si Idárraga terminaba investigado en el escándalo, algún ciudadano preocupado hubiera recusado a la fiscal general para que tuviera que declararse impedida, dejando el caso en manos de un fiscal ad hoc. Ese fiscal habría sido elegido por la Corte Suprema de Justicia, en momentos en que la relación entre el Ejecutivo y las altas cortes se había fracturado: un riesgo muy alto que Petro no hubiera querido correr.

La asesoría prestada por Verdugo a los Calle, que hasta ahora era desconocida para la opinión pública, genera varios interrogantes sobre el proceder del secretario de Transparencia y su esposa.

¿Por qué el secretario no manifestó por escrito al Gobierno y a los colombianos que su esposa había trabajado para una de las familias protagonistas en el mayor escándalo de corrupción de la administración Petro? ¿Por qué no se apartó de sus labores investigativas y de seguimiento en ese caso? ¿Por qué Andrea Verdugo no le informó a la Fiscalía en sus declaraciones de conflictos de interés que trabajó para la familia del expresidente de la Cámara, hoy preso y en juicio por el saqueo a la UNGRD? ¿Qué pensarán el presidente Petro y la fiscal Camargo del ocultamiento de semejante información por parte de sus subordinados?

Estas y otras preguntas obligan a una respuesta urgente de los funcionarios implicados. Sin embargo, al cierre de este artículo, el secretario de Transparencia no las ha proporcionado.