El Consejo de Estado declaró pérdida de investidura de la representante de Pacto Histórico Mary Anne Perdomo

Este 10 de abril se conoció que el Consejo de Estado determinó en primera instancia la pérdida de investidura contra la representante a la Cámara del Pacto Histórico Mary Anne Perdomo por permitir una indebida apropiación de recursos públicos dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) durante unos ocho meses.

La decisión llega luego de una investigación contra la congresista por una aparente contratación irregular a una supuesta integrante de su equipo de trabajo de nombre Laura Fernanda Rueda Guerrero. Sin embargo, la denuncia indicaba que no había sustentos de que esa mujer hubiese trabajado en la UTL y, en cambio, era una intermediaria que cobraba el salario para su mamá, María Isabel Rueda Guerrero, quien sí sería la que realmente trabajaba con la representante a la Cámara.

“Ni una sola declaración o documento permite concluir con grado de certeza que, en el periodo comprendido entre el 11 de enero y el 30 de septiembre de 2023, Laura Fernanda Rueda Guerrero ejecutó labor alguna en la UTL de la congresista”, se lee.

Aunque María Isabel Rueda Guerrero supuestamente ya no tenía vínculos con la UTL de Perdomo, ingresó a las instalaciones del Congreso de la República más de 380 veces. "La inusual cantidad de oportunidades en que María Isabel Rueda Guerrero ingresó a las instalaciones del Congreso de la República, aunado a las declaraciones de miembros de la UTL que dan cuenta que la asistente se encontraba de forma recurrente en la oficina, al punto de desplegar tareas en un escritorio, convierte en inverosímil la versión según la cual, la asistente solo acompañaba a la congresista en asuntos personales"; dice la decisión de primera instancia.

El Consejo de Estado concluyó que esta práctica irregular no pudo llevarse a cabo sin que la congresista hubiera aceptado el trato, razón por la cual, sería culpable de dolo.

“Se verificó la indebida destinación de esos recursos del erario, porque la acusada permitió la anómala sustitución en el vínculo legal y reglamentario, en la medida en que una servidora que había estado vinculada –pero que se retiró– siguió cumpliendo sus funciones, al tiempo que otra, aunque estuvo vinculada, no desempeñó actividad alguna y recibió las remuneraciones provenientes de la Cámara de Representantes, situación que revela la distorsión o cambio de los fines de esos dineros”, determinó el alto tribunal.