Imputaron cargos al exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó por presunta corrupción en contrato de modernización de aulas

La Fiscalía imputó cargos al exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), David Emilio Mosquera, y a dos exfuncionarios de la institución por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. ¿La razón? En 2021, se habría adjudicado a dedo un contrato por un valor de 1.250 millones de pesos para la modernización de las aulas.

Esta situación se suma a las tantas irregularidades presentadas en la universidad, entre ellas, una investigación de la Procuraduría por un proyecto de 15.500 millones de pesos provenientes del sistema general de regalías, llamado CTel Maderas, así como una auditoría por parte de la Contraloría para la vigencia 2023, que reportó 22 hallazgos administrativos.

¿Quiénes son los otros procesados?

Los otros dos procesados son el jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, y el jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena. También, hay un cuarto presunto involucrado en el escándalo: el representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios, a quien solo se le imputaron dos cargos: delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Ninguno de los cuatro procesados aceptó cargos. Por su parte, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados. Mientras tanto, se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.

¿Qué ocurrió con el contrato de modernización de aulas?

El 21 de junio de 2021, se suscribió un contrato para el "fortalecimiento de herramientas tecnológicas" en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH. Mientras que Yunner Eduard Moreno elaboró los estudios técnicos previos y asumió la supervisión e interventoría, Leiser Córdoba se encargó de la convocatoria de oferentes. Sin embargo, según señala la Fiscalía, dicha licitación no se hizo y fue declarada desierta.

“Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica”, dice un comunicado de la entidad.

De acuerdo con el ente acusador, Francis Yoximar Palacios, representante legal de la empresa contratista, al parecer, sabía de los antecedentes que viciaban el proceso y, aun así, permitió la adjudicación del contrato. Por su parte, el rector de la universidad, David Mosquera, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.

En cuanto a las obras, la investigación de la Fiscalía señala que, el 31 de agosto de 2021, Córdoba certificó al contratista un 15,8 por ciento de avance de obra. Pese a que esto se hizo “sin que existiera un soporte verídico”, como señala la Fiscalía, se autorizó un desembolso de poco más de 600 millones de pesos.

En este caso, el desembolso de recursos públicos se hizo para la compra de herramientas tecnológicas que, al parecer, no cumplieron con las condiciones de idoneidad o no fueron entregadas.

Posteriormente, en septiembre, a través de una resolución, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, “la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación”, señala la entidad.