Despojo y paramilitarismo: JEP pone la lupa sobre predios que manejó el Fondo Ganadero

En el marco del caso 04 que tiene que ver con la región del Urabá, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta una pesquisa en contra de terceros civiles que hicieron parte de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y que se aliaron con paramilitares para despojar tierras a campesinos.

Entre los civiles, cuyo sometimiento a la JEP es voluntario, se encuentran el exgerente del Fondo, Benito Osorio; el presidente de la Junta, Benito Molina Velarde; los integrantes de la junta Jaime García y Luis Gonzalo Gallo; su asesor jurídico Carlo Esquivia Guzmán; y el terrateniente Mario Zuluaga Espinal.

Ellos ya han rendido versiones individuales y colectivas ante la JEP en las cuales se profundizó la forma como el Fondo se vinculó con el proyecto paramilitar y cómo se legalizaron los predios despojados en la región, especialmente en Tulapas, y el rol clave que tuvo Funpazcor (de Sor Teresa Gómez), así como la participación de entidades públicas como el Incora, notarías, juzgados y las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

La relatoría del caso 04 identificó que entre 1997 y 2005 que se realizaron compras masivas, mediadas por el desplazamiento, a 130 familias, y que en Tulapas -entre 2003 y 2005- las tierras se entregaron para la explotación de caucho a la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A., a la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá (Procaucho); y a la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA).

Eso llevó a que se solicitaran pruebas a entidades como la Agencia de Renovación del Territorio, a la Corporación Autónoma Regional de Urabá (Corpourabá), a Cámaras de Comercio en Bogotá y Medellín, así como al Fondo para la Reparación de las Víctimas sobre la trasferencia de bienes que le han sido trasladados luego de la liquidación del Fondo Ganadera de Córdoba.

Además, se ordenó hacer una verificación de la situación jurídica de Procaucho, en liquidación, y de la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A., también en liquidación, y recuperar los documentos que esas empresas suscribieron sobre predios ubicados en la región de Tulapas y el estado actual de dichos convenios.

Las nuevas órdenes de la JEP

Ahora, en auto conocido por CAMBIO, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas tomó nuevas determinaciones con el fin de identificar el estado actual y el uso y explotación económica de los predios que estuvieron en disposición, posesión o bajo propiedad del Fondo Ganadero de Córdoba.

Por un lado, dijo que la instrucción en contra de Benito Antonio Osorio Villadiego, Benito Molina Velarde, Augusto García Exbrayat, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán la debe realizar esa sala y no la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, ya que “podrían eventualmente considerarse máximos responsables por su rol esencial en el patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado que investiga este Despacho”.

“Los hechos criminales ocurridos en marco del conflicto armado en la región geográfica de Tulapas seguirán bajo indagación a cargo de la Sala de Reconocimiento y, en particular, de este despacho relator, y los aportes a la verdad plena de los referidos comparecientes serán exigidos y valorados por la propia SRVR al momento de resolver sobre la selección de los comparecientes como máximos responsables”, dice el auto.

De otro lado, para contrastar la información que ha recibido sobre el despojo, la Sala de Reconocimiento hizo varios pedidos de información. Por ejemplo, la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) deberá entregar copia de los contratos o acuerdos que se hicieron con el Ministerio de Agricultura, Finagro, Findeter, el extinto Incoder y/o la Agencia Nacional de Tierras y con organismos de cooperación internacional sobre predios urbanos ubicados en Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, que abarcan la región de Tulapas, y cuya propiedad se encuentra o encontró bajo el dominio o posesión del Fondo Ganadero de Córdoba.

La Reforestadora deberá entregar copias de los acuerdos logrados con autoridades locales o nacionales sobre si autorizan o permiten el aprovechamiento forestal en esa zona, adjuntando los estudios de títulos que se hayan hecho sobre los predios involucrados. 

Además, deberá hacer un informe “sobre el volumen de explotación de madera por predio o hectárea, discriminado por año, desde el año de inicio del proyecto hasta la fecha, así como los costos de comercialización de la madera y las personas jurídicas o naturales a las cuales se comercializan”.

A esto se deberán sumar datos sobre explotación de madera, indicando los beneficiarios desde 2004 a la fecha, indicando "los predios sobre los cuales RIA mantiene el aprovechamiento forestal y de los cuales ha sido informado que se han presentado solicitudes de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras y/o los Jueces Especializados de Restitución de Tierra".

Además, la empresa deberá precisar el número de hectáreas sembradas, las características de los cultivos, el estado fitosanitario y duración del proyecto productivo y deberá remitir el Plan de manejo ambiental respecto del proyecto forestal en la región de Tulapas.

De otro lado, Corpourabá deberá entregar a la JEP copia de las licencias o permisos de aprovechamiento forestal otorgadas a personas naturales y/o jurídicas para la explotación de recursos forestales en la zona, con un informe sobre el volumen de madera y producción extraída entre 2004 y 2016 y copia de las quejas o las denuncias radicadas.

Corpourabá deberá entregar a la JEP copia de las investigaciones que haya adelantado sobre irregularidades o violaciones a la licencia ambiental o permisos de aprovechamiento forestal licenciadas, y de las sanciones que haya impuesto al respecto.

La Unidad de Restitución de Tierras tendrá que hacer una caracterización cartográfica de la región de Tulapas, en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, y deberá entregar una especie de mapa con coordinadas en el que se precisen todas las solicitudes de restitución y el estado que se encuentra cada uno. En ese sentido, también se pidió a la entidad que informe el Estado de cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras relacionadas con reclamaciones de despojo y/o abandono en la región.

La Agencia Nacional de Tierras deberá hacer una caracterización cartográfica de los baldíos ubicados al interior de la región de Tulapas; y el Instituto Colombiano Agropecuario tendrá que hacer una relación de predios en el registro de plantaciones forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales en el área.

La Defensoría del Pueblo debe hacer un análisis actualizado de seguridad y los derechos humanos en San Pedro de Urabá, en el corregimiento Pueblo Nuevo de Necoclí y en el corregimiento San José de Mulatos del municipio de Turbo. Mientras que las Inspecciones de Policía, de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá deberá remitir un informe de procesos y querellas policivas presentadas entre 2004 a la fecha.

Y el Ministerio de Defensa también deberá rendir a la JEP un informe actualizado sobre la situación de seguridad y orden público en la región de Urabá.