Jaime Lombana, abogado de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Luis Carlos Sarmiento Gutierrez, presidente del Grupo Aval, y Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
El agarrón entre la Presidencia y el abogado de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez
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A través de un comunicado, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, le respondió al abogado Jaime Lombana, luego de que este último calificara de "abiertamente ilegal" la solicitud de desarchivar la investigación contra su cliente, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.
Por: Iván Serrano
Luego de que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, solicitara al fiscal del caso desarchivar las investigaciones en contra de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, el abogado de Sarmiento, Jaime Lombana, le dijo al diario El Tiempo que se trataba de “una solicitud abiertamente ilegal, procesalmente errada y que demuestra un ánimo de persecución y violación a los principios legales y constitucionales”.
Para profundizar:
Tal y cómo lo reveló CAMBIO, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República le solicitó al fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia desarchivar las investigaciones en contra de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, por los hechos de corrupción acaecidos durante la adjudicación y ejecución del proyecto Ruta del Sol II a cargo de un consorcio conformado por Odebrecht, Episol, filial del Grupo Aval, y CSS Constructores.
Las razones argumentadas, y que no han sido cosa juzgada, según la Secretaría de Transparencia, son las siguientes:
- "El statement of facts suscrito entre la División de Fraudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal Federal de Distrito de Maryland y Corficolombiana, en el cual se aceptó por parte de esta persona jurídica el haber participado en el esquema de sobornos.
- Las recientes entrevista periodística a CAMBO del señor José Elías Melo, en las que afirmó que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Sarmiento Gutiérrez, indagado en esta investigación, estuvieron involucrados en la licitación de Ruta del Sol 2.
- La presunta confesión del señor Otto Nicolás Bula ante la fiscal 80 Dirección Especializada Contra la Corrupción-DECC, doctora Amparo Cerón, donde posiblemente se pudo haber ventilado la posible relación de los señores Sarmiento Angulo y su hijo Sarmiento Gutiérrez con los hechos objeto de investigación".
Para profundizar:
A las duras declaraciones del abogado Lombana, el secretario de Transparencia respondió con un comunicado en el que se reafirmó en sus argumentos. En la comunicación, sostiene que el acuerdo entre Aval y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (suscrito el pasado 10 de agosto) es esencialmente penal porque los hechos allí tratados tienen que ver con “conductas de soborno y ofertas corruptas a funcionarios públicos en Colombia”.
Según Idárraga, las declaraciones de Lombana son “contraevidentes” porque en el acuerdo firmado se menciona con claridad que Corficolombiana y Episol pagaron sobornos para la adjudicación de la vía Ocaña-Gamarra.
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También mencionó que dicho acuerdo revela un hecho desconocido hasta ahora por la justicia colombiana. Se trata de un soborno de 3,4 millones de dólares entregado a un alto funcionario del país. La mención literal es la siguiente:
“Es decir que a un tercer funcionario público en Colombia se le pagaron USD$3.4 millones o por lo menos se le hizo la promesa de pagarle esa suma, HECHOS QUE NO ERAN CONOCIDOS POR LA JUSTICIA COLOMBIANA al momento de proferirse la orden de archivo de la investigación a favor de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y siendo este el presidente del grupo AVAL, es apenas lógico que, ante la confesión hecha en EEUU por los representantes de ese grupo, se reabra la indagación para determinar si él conoció del sistema de sobornos y si dio la orden o participó de algún modo en el diseño del mecanismo utilizado para pagarlos desde CORFICOLOMBIANA, haciéndolos figurar como gastos asociados a contratos que no existieron en realidad”.
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En el comunicado también se desestima el argumento esgrimido por Lombana, según el cual la Secretaría de Transparencia no tiene interés en el asunto al no ser víctima o denunciante. Al respecto, el secretario de Transparencia de la Presidencia dijo: “A esta Secretaría sin duda le asiste interés general en el asunto, dado que se trata de un tema de la mayor relevancia nacional en la materia que es de competencia de la dependencia que dirijo, entre cuyas funciones se halla la de articular acciones para la lucha contra la corrupción”.