Exclusivo: La nueva denuncia contra Air-e por fraude que agudiza el corto circuito de la empresa de Alberto Ríos y el gobierno de Gustavo Petro

La pelea entre uno de los gigantes del sector de la energía en Colombia y el gobierno de Gustavo Petro está como para alquilar balcón. En medio de esa disputa, se define el futuro de millones de colombianos en la costa Caribe, que siguen en crisis por los altos precios de las facturas y que, por ahora, no ven una luz esperanzadora que solucione esa situación. 

Los problemas con la empresa Air-e, que provee el servicio de electricidad en La Guajira, Atlántico y Magdalena, parecen trascender el caso que reveló CAMBIO por posibles prácticas anticompetitivas. El mismo en el que la participación de oferentes en una licitación para contratar energía se habría restringido. Esto, a la postre, provocó que la compañía se comprara a sí misma esa energía, al parecer al doble del precio del mercado. 

Esta historia tiene un segundo capítulo que compromete a la empresa de Alberto Ríos Velilla: otra denuncia que se interpuso por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que pone sobre la mesa un posible fraude de Air-e, por presentar inconsistencias entre las inversiones que hicieron y la plata que cobraron a sus usuarios. 

¿No invirtieron pero sí cobraron? 

Desde que se liquidó Electricaribe y se les encargó a las empresas Air-e y Afinia la distribución de la energía en el Caribe colombiano, se fijó una regulación para esa región del país que obligó a esos operadores de red a hacer inversiones para mejorar el servicio y, de esa, forma disminuir las pérdidas. 

Esas inversiones, que cada año realizan las compañías, las paga el usuario final en su factura mensual e incluyen los componentes de generación, transmisión, comercialización, distribución, y pérdidas, entre otros. Una parte de lo que invierten las empresas para mejorar el servicio se puede trasladar al rubro de distribución y otra al de pérdidas. 

Así, la normatividad del sistema establece que los operadores de red tienen que reportar sus costos y gastos a la Creg, el máximo ente regulador de ese sector, para que esa entidad apruebe los cargos que pueden cobrarles a sus clientes. También para que dé el visto bueno a las pérdidas que se pueden reconocer de acuerdo con lo que las empresas invirtieron. 

Cuanto más demuestre una empresa que está haciendo inversiones para optimizar el servicio y las pérdidas bajen, más plata se les reconoce en el cargo de distribución. Al final, lo importante es que el componente de pérdidas, muy alto en la costa Atlántica, sea menor, y así los usuarios reciban alivios en sus facturas. 

Air-e tiene clara esa regla de juego. Sin embargo, según la Creg, la empresa no estaría cumpliendo. Así se establece en la solicitud de investigación que la entidad le pidió en marzo de este año a la Superintendencia de Servicios Públicos. La misma que CAMBIO conoció y que expone inconsistencias en el reporte de inversiones de la empresa frente a lo trasladado a las facturas. 

La diferencia entre ambas partes se basa en los tiempos en que se hicieron dichas inversiones. En su regulación, la Creg establece que las inversiones que se hacen durante un año se reconocen en el siguiente. 

Sin embargo, hay una flexibilización que permite que los gastos que deben hacer cada año para sustentar los cobros se difieran en un mayor plazo. Esto, siempre y cuando el operador disminuya la tarifa en la misma proporción o, por lo menos, no la suba. Algo que, al parecer, Air-e no hizo.

Es decir, según el documento de la queja, Air-e siguió cobrando una tarifa para hacer unas inversiones que ya no iba a realizar en el año 2023. Para algunos usuarios, eso pudo significar un valor de hasta 86 pesos de más en sus facturas: el 7 por ciento del cobro total del servicio que se cobra mensualmente. 

En palabras sencillas, Air-e no habría hecho las inversiones que prometió en 2023, pero usó la regulación con una conveniente interpretación para mantener o incrementar la tarifa de distribución, que contraría la lógica de la flexibilización, la cual busca beneficiar al usuario con mejores tarifas.

La SuperServicios ya respondió 

Como la solicitud de investigación de la Creg llegó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esa entidad de control inició las consultas y fue mucho más allá. Al verificar la información, comprobó que las cifras reportadas por Air-e no coincidirían con las inversiones reales que hizo. Las mismas que se podían cargar en los recibos de la luz.  

En una comunicación enviada a la empresa XM, en la que se pide un ajuste a las pérdidas que se le reconocieron a Air-e por esas presuntas irregularidades, se evidencia que la empresa de Ríos Velilla habría reportado unas cifras correspondientes a la ejecución de su plan de inversiones del año 2023, pero al Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC) le entregó otras cifras, mucho más altas y con las que, presuntamente, pudo cobrar más en la facturación. 

La diferencia entre los dos reportes no es despreciable, dado que supera los cien mil millones de pesos. En el informe del plan de inversiones, según la superintendencia, Air-e afirmó que su ejecución real en 2023 fue de 81.190 millones de pesos. En contraste, en la información que la empresa entregó al Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC), dijo que dicho rubro fue de 183.609 millones de pesos, el equivalente al 7 por ciento de la inversión proyectada o ejecutada en ese año. 

Para Air-e, según el documento en poder de CAMBIO, esta es una cuestión de interpretación de la flexibilización ya mencionada. La compañía manifestó en su defensa que se acogieron a la posibilidad de relajar su plan. Esto les permitiría cobrar por lo que invirtieron en años anteriores. 

“Habiéndose cumplido con los indicadores de calidad para un periodo de diez (10) años y el plan de pérdidas establecido por la Creg, y buscando garantizar el principio de suficiencia financiera así como mitigar un riesgo en la prestación del servicio, dicho porcentaje de inversión proyectada o ejecutada anual (7 por ciento) debe ser el tenido en cuenta, única y exclusivamente como insumo”, aseguró la empresa.

Para la SuperServicios, esas consideraciones no bastan. La entidad insiste en que la información es inconsistente, ya que la misma empresa Air-e presentó números distintos correspondientes al informe real del plan de inversiones del año 2023.

La superintendencia, entonces, pide en la comunicación enviada a XM “que la información reportada ante el LAC no debe ser tenida en cuenta para el cálculo de las pérdidas reconocidas ni la liquidación de cargos de distribución, sino que debe usarse la información correspondiente al escenario real de ejecución del plan de inversión, con el fin de remunerar al operador de acuerdo con las disposiciones regulatorias”.

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"La información reportada ante el LAC no debe ser tenida en cuenta para el cálculo de las pérdidas reconocidas ni la liquidación de cargos de distribución".

La demanda al director de la Creg 

Esta pelea de titanes ya llegó a instancias judiciales. En marzo de este año, el gremio Comercializadores Distribuidores sin Generación Despachada Centralmente (Codisgen) demandó penalmente al director de la Creg, Omar Prías, por un presunto prevaricato. 

Entre las razones para adoptar esa medida está una presunta omisión del directivo, quien no habría tomado las medidas necesarias para mitigar la crisis energética del país. En ese entonces, Colombia atravesaba por el peor momento del Fenómeno de El Niño y las miradas estaban puestas sobre el regulador.

CAMBIO también conoció que, para las empresas agremiadas, la Creg ha buscado proteger a las generadoras de energía en medio de la crisis. Incluso, dicen que se han beneficiado del negocio, cobrando altas tarifas a los demás actores de la cadena. 

En todo caso, es clave señalar que Codisgen, que supuestamente agrupa a algunas empresas comercializadoras y distribuidoras de energía, nació hace apenas seis meses en Barranquilla. Aun así, hoy se ha convertido en uno de los aliados estratégicos de Air–e, con la que ha coincidido en muchos de sus pedidos a las autoridades.

Incluso, el gremio tiene vasos comunicantes con la compañía de Alberto Ríos. Por ejemplo, su representante legal es Yulieth Porras, quien, en el pasado, fue gerente de la Empresa de Energía de Pereira (Enerpereira), que es justamente de propiedad del empresario. Además, el abogado que puso la demanda contra el director de la Creg a nombre de Codisgen es Mauricio Pava, quien también defiende los intereses de Air-e.

Como si fuera poco, CAMBIO encontró en los documentos de Codisgen ante la Cámara de Comercio de Barranquilla que se trataría de un gremio creado por la propia Air-e. De hecho, la dirección que registra en su certificado de existencia es la misma de la distribuidora de energía en la costa Caribe. Adicionalmente, el correo de la agremiación es [email protected].

En medio de este pleito, la Superintendencia de Servicios Públicos le pidió a XM que haga las correcciones o el recálculo correspondiente respecto a las pérdidas adicionales que se le reconocieron a Air-e S.A.S; es decir, que se las quiten.  

Lo anterior teniendo en cuenta que, según la resolución 015 de 2018 de la Creg, “cuando en los cálculos previstos se incurra en errores por aplicación equivocada de las fórmulas o porque los agentes se demoren en la entrega de información o reporten mala información, el LAC podrá hacer las correcciones identificadas y los ajustes que modifiquen liquidaciones de hasta cuatro meses atrás para incluirlos en los cálculos del mes que se esté liquidando”. 

Los problemas financieros de Air-e 

El negocio de distribuir energía en el Caribe colombiano no es rentable. Así lo aseguran expertos, que consideran que las grandes pérdidas generadas por el robo del servicio o por el no pago de las facturas, hacen muy difícil obtener ganancias. 

Aunque la operación en los departamentos del norte del país la tienen dos empresas, Air-e y Afinia, y ambas compañías han tenido problemas financieros, la segunda cuenta con el respaldo y el músculo económico del grupo EPM. Por eso ha podido paliar la crisis. Algo que no ocurre con la firma de Alberto Ríos Velilla, que estaría en serias afugias. 

El mal momento de Air-e lo demuestra una solicitud, conocida por CAMBIO, que hizo la empresa el pasado 6 de octubre de 2023 ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, para ser admitida en un Procedimiento de Recuperación Empresarial (PRES) como mecanismo de protección transitoria, cuyo objetivo era asegurar la continuidad en la prestación del servicio. 

De esa forma,  Air-e quería postergar hasta por seis meses el pago de las deudas que tiene con varios acreedores. Como la Cámara de Comercio de Barranquilla no aceptó la medida, la empresa tuvo que esperar las medidas que el gobierno nacional tomó para salvarse. Por eso, según otros actores del sector, Air-e ejerció una gran presión al Ejecutivo, mientras que, a la par, acudía a las “jugaditas” que hoy son denunciadas para mantener su operación.  

La respuesta de Air-e 

CAMBIO consultó sobre el tema al equipo jurídico de Air-e. En lugar de dar respuesta, la empresa calificó de falsa la información sin saber de qué se trataba.