El impacto político del fuego amigo que dispara Álvaro Leyva contra el presidente Petro

Sin aportar pruebas, Álvaro Leyva Durán, excanciller de la república, lanzó una nueva ráfaga de fuego amigo contra el primer mandatario y su antiguo aliado, Gustavo Petro, al que acusó de tener un grave problema de adicción: “Presidente, usted está enfermo”, escribió en una extensa carta publicada la mañana de este martes.

El documento provocó una tormenta política que desencadenó reacciones de los más severos detractores del presidente Petro, quienes insistieron en su tesis de someterlo a exámenes médicos como primer paso para apartarlo del cargo.

El texto de ocho páginas, añade más ruido al asfixiante clima político, agudiza la polarización, provocó una avalancha en las redes sociales y tendrá un eco mediático en el exterior.

Sin embargo, es muy posible que con el paso de las horas el clima se calme y todo retorne a su curso, que no debe ser otro que la continuidad del presidente en el ejercicio de sus funciones.

La carta es una continuación de la anterior, radicada en la Casa de Nariño el pasado 23 de abril, en la que señala que la supuesta adicción del primer mandatario ha tenido efectos nocivos en el ejercicio presidencial, reflejados en tropiezos diplomáticos durante viajes oficiales a Italia, Alemania, Chile y China.

La misiva, fechada el 5 de mayo de 2025, detalla múltiples incidentes en los que Petro habría desaparecido de la vista pública, incluyendo eventos específicos en París y otras visitas internacionales.

Petro calificó a Leyva de "víbora"

Leyva Durán, a quien el presidente ha definido como “víbora” y a quien cuestiona porque cuando estaba en el cargo le señalaba caminos para que se mantuviera en el poder más allá de 2026, acusa al presidente de haber firmado actos administrativos en supuestas condiciones inapropiadas y de haber mostrado comportamientos inconsistentes y desorientados durante encuentros de alto nivel internacional, entre ellos con lideres globales como Xi Jinping.

La conclusión de Leyva es contundente: “Presidente Gustavo Petro Urrego: llegó la hora de revisar su permanencia en la Presidencia de la República”.

Leyva, quien ha perdido todo contacto directo con el jefe del Estado, muestra su desazón: “Aspiré a decírselo personalmente. Imposible. Estoy convencido, sin embargo, de que emocionalmente está usted preparado para ello, porque en sus horas de plena conciencia, pero desesperado y en sus angustiosas soledades, y más aún en depresiones ya sufridas por usted, seguro ha llegado a reexaminar su interior”.

Se trata de una solicitud desproporcionada. Al margen de la opinión que cada colombiano tenga sobre la gestión del presidente, él fue elegido democráticamente para un periodo que vence el 7 de agosto de 2026, y ese es un hecho irrebatible que debe respetarse y sobre el cual no debe sembrarse la más mínima duda.

Para el analista político Carlos Arias, aunque la carta tiene un impacto mediático –lo que precisamente busca– deja de ser significativa si se considera que reitera acusaciones sin presentar una sola prueba.

Según este experto en comunicación política, el deseo de figuración de Leyva se refleja en una carta que considera una muestra de pérdida de poder y un intento de causar daño, camuflado en una redacción dramática.

La orfandad del poder

Leyva, que tiene 82 años de edad, está inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años por la Procuraduría, que comprobó que el excanciller violó los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes.

Arias afirma que, en el epílogo de su actividad pública, Leyva al poner a circular cartas como esta hace un flaco favor al país, pues en ellas un político experimentado y retirado insiste en la supuesta enfermedad del presidente y en posibles errores en el ejercicio de sus funciones, hechos de los que no existe prueba alguna.

Es cierto que el presidente Petro es incumplido y ha sido irrespetuoso con decenas de interlocutores a quienes ha dejado plantados, pero de ahí a ponerlo en el nivel de un adicto perdido hay mucho trecho. Leyva deja una estela de rumores sin confirmar, que no se condice con su trayectoria ni con el momento político del país.

Sin embargo, esta carta se suma a otras críticas provenientes del mismo entorno presidencial y que muestran que el recorrido del presidente al frente de la nación ha sido un campo minado por su círculo más cercano.

Por ejemplo, el juicio que se le sigue a su hijo Nicolás, quien, según su exesposa Day Vásquez, recibió 400 millones de pesos de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca para la campaña presidencial y se los habría robado para su beneficio personal.

Así mismo, se suman los escándalos ventilados por su hermano, Juan Fernando. El más reciente es el ingreso de César Augusto Valencia Mosquera –considerado un enlace del zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo– al menos cinco veces a Palacio.

Juan Fernando incluso ha salido de la esfera judicial para hacer declaraciones personales, afirmando que su hermano, el presidente, fue diagnosticado en su adolescencia con el síndrome de Asperger.

Guerra a muerte en el corazón del poder

A esto se suman las batallas abiertas entre sus dos colaboradores más cercanos y poderosos: Armando Benedetti, ministro del Interior, y Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores.

Sarabia ha declarado que llegará hasta las últimas consecuencias en el proceso por presunta violencia política de género, en el cual ha señalado directamente a Benedetti, en el marco de una campaña sistemática de descrédito y hostigamiento que mezcla lo profesional con lo personal.

En este contexto, la oposición celebra. “Sigo esperando que el Senado de la República someta a votación mi proposición, con la cual se exige al presidente Gustavo Petro someterse a un examen toxicológico y una evaluación psiquiátrica que permitan determinar su idoneidad para continuar ejerciendo el cargo más alto del Estado”, escribió María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

“Como bien lo ha señalado Álvaro Leyva, ha llegado el momento de cuestionar seriamente la permanencia de Petro en el poder. Cada día que pasa, sus actuaciones deterioran aún más la institucionalidad y alejan al país de una paz verdadera y sostenible”, agregó.

El representante a la Cámara Cristian Garcés, también del Centro Democrático, hizo un llamado público a la Mesa Directiva del Senado para que se discuta una proposición ya radicada por 15 congresistas, en la que se solicita una revisión oficial del estado de salud del presidente. “El país merece conocer la verdad sobre su estado físico y mental, especialmente ante acusaciones tan serias hechas por quien fue su canciller”, aseguró.

A estas peticiones se han sumado algunos aspirantes a la Presidencia que han centrado sus campañas en los ataques directos contra el presidente. Un mandatario que, además, es protagonista de los tiempos modernos en los que las redes sociales y los memes se han convertido en auténticos batallones de fusilamiento.

Una misiva sin precedentes

“La carta del exministro Leyva no tiene precedente alguno”, dice la analista María Jimena Escandón. “Ese fuego amigo hace daño, pero no el suficiente como para que el presidente renuncie ni para que la oposición –prácticamente desaparecida– logre su destitución. Las declaraciones del excanciller dañan irreparablemente la imagen del presidente en el exterior y, además, la de Colombia”.

A su juicio, seguramente estas acusaciones afectarán a Petro en lo personal y lo llevarán a actuar con mayor radicalización, aunque su estrategia política continuará, e incluso podría nutrirse de estos ataques para reforzar su discurso entre las bases que hasta ahora le han mostrado una lealtad incondicional.

Por su parte, el analista Gonzalo Araújo sostiene que esta segunda carta de Leyva seguirá alimentando el ruido, que es aprovechado –con poco éxito– por la oposición y los partidos tradicionales para evidenciar, de forma tardía, el desprecio del jefe de Estado por la dignidad presidencial como principio de unidad nacional.

“En el recuento que hace Leyva, quien ha sido un adulador, se enumeran las múltiples oportunidades en las que, por el desprecio que siente Petro hacia las instituciones, ha puesto en aprietos la relación bilateral con otras naciones y ha obligado a efectuar controles de daños desde su equipo de relacionamiento institucional”.

Para Araújo, más allá de los juicios políticos, hay un elemento que sí genera un daño profundo: la pérdida de la dignidad presidencial, que –en su concepto– se ha ido deteriorando durante el mandato de Petro.

“Las barras bravas del petrismo y las redes sociales saldrán a restarle importancia a los graves señalamientos de Leyva, y la oposición volverá a exigir exámenes y a demandar respeto. Pero olvidan que esa desinstitucionalización es precisamente la que le permite a Petro aumentar su imagen en las encuestas, ya que el poder político y económico contra el que supuestamente lucha está representado por esas instituciones”, dice.

“Los hechos que relata el excanciller y el video de Juanpis (personaje creado por el humorista Alejandro José Riaño), que tanto escozor generan, representan el mismo fenómeno: la indignidad presidencial”, añade Araújo.

Para este experto, sin embargo, lo preocupante es que quienes deben velar por conservar la dignidad están más interesados en asuntos triviales que satisfagan sus intereses políticos particulares, en lugar de velar por la conducción del Estado nación y la vigilancia del contrato social en Colombia.

¿Hubo o no delitos?

El quid del asunto es si Petro en realidad llegó a cometer algún delito al frente de su cargo. La exfiscal Viviane Morales Hoyos afirmó en una columna publicada en El Tiempo que sí hay elementos que pueden considerarse delitos.

Ella sostiene que lo narrado por Leyva en su primera carta no es una simple anécdota diplomática ni un error administrativo sin consecuencias. Se trataría, según su interpretación, de un hecho penalmente relevante que afecta directamente al presidente de la república.

El decreto 1009 del 24 de junio de 2023, firmado por el presidente Petro, prorrogó su permanencia en el exterior después de su participación en la Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero en París. Según el texto oficial, el aplazamiento obedeció a “razones técnicas aeroportuarias” y a “cambios de agenda”.

Hoy se sabe que eso no fue cierto. Leyva afirma que no existió ninguna razón técnica ni diplomática que justificara dicho aplazamiento.
De hecho, en sus redes sociales, el presidente admitió que el retraso se debió a visitas personales a su hija y sus nietas. “Esto podría configurar una falsedad ideológica en documento público, conducta descrita en el artículo 286 del Código Penal Colombiano”, dice Morales.

La falsedad ideológica ocurre cuando un servidor público, al elaborar un documento que debe reflejar la verdad, inserta en él declaraciones falsas. “No se trata de una falta menor, sino de una acción penalmente sancionable, más aún si proviene del máximo funcionario del Estado”.

Casos como este sí son de peso y deben ser aclarados por las instituciones correspondientes, en este caso la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Hay otro elemento que también es grave. Se trata de que la representación de un Estado como el nuestro, que ha sufrido la tragedia del narcotráfico, esté en manos de una persona señalada por su excanciller como adicta y de un ministro del Interior que lo reconoce.

“Ya desde el exterior lo miran a usted, señor, con ojo auscultor. Y comienzan a tenerlo claro. El presidente de Colombia, país de la coca, cayó en la trampa. En el vicio. La enfermedad lo invadió, presidente. Debe aceptarlo para bien del país. Más valiente su descentrado ministro del Interior, señor Benedetti. En reciente entrevista con la periodista Patricia Lara de la revista CAMBIO –abril 27, para ser más exacto–, le manifestó: ‘Yo no quisiera ser adicto, pero lo soy’”, agregó Leyva.

Son elementos que crean una tormenta inclemente para un mandatario que ha tenido enormes dificultades para llevar a cabo su plan de Gobierno, pero que en la mayoría de los casos ha sido atacado por el fuego amigo más que por la oposición. Esa es una reflexión que debería hacerse y que demuestra hasta dónde llega la condición humana a la hora de ejercer el poder.