El lío en Presidencia para renovar las camionetas blindadas

En junio pasado el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó los términos para contratar la compra de camionetas blindadas para integrar el parque automotor de la Casa de Nariño. El oneroso contrato sería por 5.836 millones de pesos para adquirir 11 vehículos blindados: 9 de 475 millones de pesos cada uno con blindaje nivel 3 y dos por 780 millones de pesos cada uno con blindaje nivel 4.

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La justificación del Dapre para la adquisición de las 11 camionetas refiere que es indispensable la renovación del parque automotor de la Presidencia atendiendo que los vehículos que hay en la actualidad son modelos que tienen más de 8 o 10 años de uso, por lo que su vida útil estaría "cumplida".

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"Requiere renovar el parque automotor, con el fin de reemplazar los vehículos que, a hoy, se encuentran depreciados, con su vida útil cumplida y su costo de mantenimiento y consumo de combustible resulta alto para la entidad", dice parte del documento de estudios previos del proceso de contratación.

El Dapre, en el diagnóstico que realizó, argumentó que entre 2018 y 2022, 30 camionetas fueron dadas o devueltas por haber quedado obsoletas.

Sin embargo, después de cuatro meses de licitación, el proceso se declaró desierto y la Presidencia se quedó sin renovar los 11 vehículos blindados.

¿Por qué no se pudieron comprar las camionetas?

En septiembre pasado el Departamento Administrativo de la Presidencia se vio obligado a declarar desierta la licitación. La razón fue que ningún proponente logró ajustarse a las condiciones del proceso. 

Por ejemplo, la empresa Armor Internacional de Colombia, que lleva cerca de 40 años en el sector, pidió una extensión de tres meses del plazo fijado para la entrega de las camionetas blindadas. La compañía argumentó que el plazo adicional era necesario atendido a la "escasez" de camionetas en el país.

La compañía Toyonorte también presentó un argumento similar para solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato, el cual se fijó por el Dapre hasta diciembre de este año.

Toyonorte explicó que no tienen el inventario de los vehículos necesarios y el tiempo no daría para traerlos al país y además blindarlos. La empresa también pidió que se hiciera el pago del 50 por ciento del contrato por anticipado y la otra mitad cuando se recibieran las camionetas, esto por la necesidad de pagar de contado a los distribuidores de los vehículos.

El Dapre se negó a las peticiones de las dos compañías señalando que extender el plazo de entrega de las camionetas hasta 2024 generaría problemas de corte presupuestal porque la plata aprobada para la compra por más de 5.000 millones corresponde al presupuesto de este año.

"La planeación y disposición de recursos se encuentran asignados para la vigencia 2023 y extender la fecha de finalización de contrato hasta marzo de 2024 supondría la inducción de una reserva presupuestal", dijo el Dapre a través del asesor del grupo de transportes.

La Presidencia de la República no es la única entidad con dificultades para conseguir camionetas blindadas en Colombia.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció en junio pasado que tiene un déficit de alrededor de 1.000 camionetas.  La entidad encargada de proteger a personas en riesgo se ha visto a gatas para conseguir vehículos en alquiler con menos de seis años de uso y con los blindajes necesarios.

Incluso, en diciembre del año pasado, la UNP tuvo que pedirles a antiguos operadores que extendieran el arrendamiento de vehículos hasta por 20 días más, pues los nuevos operadores escogidos a través de licitación no tenían para ese entonces la totalidad de camionetas blindadas ofrecidas para el proceso. 

Atendiendo a la urgencia, a la UNP le fueron asignados recientemente 4 billones de pesos en vigencias futuras para fortalecer el arrendamiento de vehículos blindados.

Aunque el Dapre alcanzó a recibir una propuesta de la empresa Cargo para proporcionar una parte de los vehículos, esa compañía no respondió a la solicitud de la Presidencia para subsanar algunas inhabilidades. Por esa razón, también quedó por fuera del proceso.

Por ahora, el Dapre esperará hasta el 2024 para hacer un nuevo intento de renovación del parque automotor encargado de movilizar bajo estrictas condiciones de seguridad a los funcionarios de más alto perfil de Colombia.