¿Por qué el abogado del expresidente Álvaro Uribe pidió que se declare nulo el proceso?
17 Mayo 2024 04:05 pm

¿Por qué el abogado del expresidente Álvaro Uribe pidió que se declare nulo el proceso?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Crédito: Foto: Colprensa

El abogado Jaime Granados le pidió a la juez que declare nulo el proceso desde la imputación de cargos. El penalista pretende que el proceso inicie desde la primera fase, es decir, que la Fiscalía le impute cargos. ¿La acusación y el juicio podría suspenderse por esa solicitud?

Por: Sylvia Charry

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El abogado Jaime Granados le solicitó a la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que declare nulo el proceso que se sigue contra su cliente el expresidente Álvaro Uribe Vélez como presunto responsable de los delitos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal. El penalista pide que el proceso inicie desde la primera fase, es decir, desde la imputación de cargos y, entonces, que se suspenda la acusación y el juicio en su contra. En manos de la juez está la decisión de si el proceso debe continuar con el juicio o reiniciar desde la imputación de cargos.

Es preciso recordar que, en noviembre del 2020, un juez de segunda instancia decretó que la indagatoria que le practicó la Corte Suprema de Justicia en ley 600, el 8 de octubre del 2019, al entonces senador Álvaro Uribe, era equiparable a la imputación de cargos en la ley 906, por lo que definió que el expresidente adquiría -desde ese momento- la calidad de imputado, pero que podría continuar su proceso en libertad. Eso es lo que está tratando de desvirtuar el día de hoy, después de casi cuatro años, el abogado Granados. La pretensión del abogado de Uribe es que juez opine lo contrario a ese juez y que diga que la indagatoria no puede ser vista como una imputación de cargos porque no se puntualizaron, según él, los hechos jurídicamente relevantes. 

El penalista pretende que la juez vuelva a pronunciarse al respecto con el argumento de que no está claro qué fue lo que se le imputó a Uribe, específicamente, sobre cuáles son los hechos jurídicamente relevantes por los que se le investiga y así, dijo el abogado, pueda ejercer su derecho a la legítima defensa. Granados dice que una indagatoria de la Corte no deja claro esos hechos por los que se le acusa.

“La imputación no es cualquier cosa y debe cumplir con el mandato de precisión y claridad (...) no hay claridad nisiquiera de la cantidad delitos de los que se le acusa”, dijo Granados.

En todo caso, sobre ese aspecto, el Juez 4 de conocimiento de Bogotá había dicho en el 2020 que la indagatoria (ley 600) era equiparable a la imputación (ley 906) porque: “bastan los primeros 33 minutos para verificar, se le identificó en debida forma, que se le puso de presente núcleo fáctico de la acusación, que se le expuso la calificación jurídica provisional de los delitos por los cuales se vinculaba a la actuación, que se le pusieron de presente derechos como procesado vinculado, que se le interrogó de cara a verificar la plena comprensión de lo antes enunciado, que se informó prohibición de enajenar bienes sujetos a registro, se le interrogó sobre su deseo de renunciar al derecho de guardar silencio para el desarrollo de la diligencia, que se le interrogó sobre el ejercicio de la defensa técnica y acerca de si su decisión de declarar era libre, consciente y voluntaria”.

En manos de Sandra Liliana Heredia está la decisión de si el proceso debe reiniciar desde la imputación de cargos o continuar con la acusación y el juicio. En todo caso, hay dos opciones. La primera es que la juez niegue esa petición de plano y no habría posibilidad de interponer ningún recurso, y la segunda es que decida de fondo y, entonces, ahí sí podría irse a apelación y se suspendería la audiencia de acusación hasta que el Tribunal Superior de Bogotá dé el veredicto final.

En todo caso, los tiempos siempre corren a favor del procesado que podría beneficiarse de un eventual vencimiento de términos.

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