Elecciones 2023: la seguridad, el punto débil

“O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas”, fue la advertencia que hizo el registrador nacional Alexander Vega sobre la jornada de elecciones en el departamento del Cauca. El funcionario alertó sobre la difícil situación de esa región, en la que recientemente tres policías fueron asesinados en medio de un aparente plan pistola de las disidencias de las Farc.

Pero el registrador no fue el único funcionario que en los últimos días emitió una alerta sobre las elecciones y la situación de seguridad en el país. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, se reunió el pasado 15 de agosto con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, desde donde Camargo aseguró que “alrededor de 380 municipios se encuentran entre riesgo alto y riesgo extremo (…) Especialmente en el suroccidente del país, pues es una amplia zona que genera preocupación por la presencia de distintas estructuras armadas ilegales”.

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Los gobernadores también alzaron la voz pidiendo una coordinación con el Gobierno nacional para enfrentar la situación de seguridad en las regiones y garantizar la transparencia de las elecciones.

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“Los gobernadores de Colombia reiteramos nuestra preocupación ante las situaciones de inseguridad en los territorios, la desconexión con las regiones no puede seguir”, dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Pero lejos de generar consenso, las reacciones iniciales del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a las advertencias de altos funcionarios y mandatarios locales causaron controversia y caldearon aún más el ambiente. Sobre la alerta del registrador Vega, Velasco optó por recordarle los votos que el Pacto Histórico recuperó en el ‘escritorio’ en las elecciones legislativas de 2022.

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“Que no se le vuelvan a perder 500.000 votos”, dijo Luis Fernando Velasco sobre Alexander Vega.

Luego, el ministro de la Política se pronunció en contra de los gobernadores al llamarlos “hipócritas” y atribuir sus peticiones de seguridad a razones electorales.

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“Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito (…) No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral”, dijo Velasco.

Las palabras del ministro se dieron en el debate de control político por la situación de seguridad que citó la Comisión Primera de la Cámara, debate que terminó abruptamente por petición de Velasco para poder ir a la Casa de Nariño a recibir a las jugadoras de la Selección Colombia femenina. “Suspendamos el debate aquí, lo terminamos el jueves, y dediquémonos a agradecerle la felicidad que nos han traído nuestras campeonas de fútbol”, dijo el ministro al presidente de la Cámara, Andrés Calle.

Las declaraciones de Velasco terminaron de deteriorar la relación entre el Gobierno central y los gobernadores, que han pedido la renuncia o destitución del ministro. “Le quedó grande la cartera”, dijo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. “¡Qué desconexión! Increíble que esa sea la respuesta del ministro del Interior a la angustia que tenemos los alcaldes y gobernadores por el recrudecimiento de las condiciones de orden público”, afirmó el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

El Gobierno en disputas políticas, mientras las regiones enfrentan el fuego cruzado

La fractura entre el Gobierno nacional y los poderes regionales ha sido uno de los ingredientes principales del complejo contexto en el que varias regiones del país están enfrentando acciones armadas de grupos ilegales. Desde hace meses, los gobernadores han venido distanciándose del poder central. 

"La interlocución con el Gobierno no ha sido la mejor", explicó el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo. Los mandatarios locales insisten en que, contrario a lo que sucedió durante el gobierno anterior, la comunicación con el ministro del Interior y el presidente es muy difícil. "La experiencia de tres años de los gobernadores es un muy buen insumo para el Gobierno, pero la comunicación no ha sido la ideal", dijo Jaramillo. Varios mandatarios locales afirman que tenían el teléfono del presidente Duque pero ahora es imposible tener el de Petro.

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Por su parte, las cabezas de los órganos de control y otras instituciones claves mantienen una tensión política con el presidente Gustavo Petro, por venir de la administración de Iván Duque: defensor Carlos Camargo, la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa y el propio registrador Alexander Vega. Ninguno mantiene una relación fluida con la Casa de Nariño y hasta han tenido cruces de declaraciones con el presidente.

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“Debe trabajarse en conjunto para que la política de la paz total funcione (...) los gobernadores son los representantes de sus comunidades y no están diciendo nada que no sea cierto", expresó la procruadora Cabello.

Para completar el difícil tablero de tensión política para el Gobierno, está la consolidación del miedo y la problemática de seguridad como los dos ejes sobre los cuales se están armando varias campañas para octubre. No son pocos los candidatos que, buscando capitalizar el descontento hacia la administración de Gustavo Petro, han soportado sus aspiraciones en la promesa del "retorno" de la seguridad y el fortalecimiento de la fuerza pública. En el caso de Bogotá, el general retirado Jorge Luis Vargas y el exministro de Defensa Diego Molano han optado por ese camino para diferenciarse.

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"O nos refugiamos en la protección de nuestra fuerza pública para Bogotá o este gobierno del mal cambio nos entrega a los grupos delincuenciales que ya están permeando la capital del país", dijo Molano.

El mismo discurso crece con fuerza en otras regiones como Antioquia, Santander, Norte de Santander y el Caribe. "La paz es el imperio de la ley en todos los rincones de Colombia. Garantizar la seguridad y combatir el corazón de la delincuencia es clave para darle frente a los criminales", dijo Andrés Julián Rendón, candidato uribista a la Gobernación de Antioquia.

El desafío para el Gobierno es entonces atender un problema que pareciera querer minimizar pero que al fin de cuentas le pasará factura en la medición de respaldo popular del 29 de octubre. "Si la gente va con miedo a votar, nos va a ir muy mal en las regionales, así pasó con el plebiscito por la paz", dijo un congresista del Pacto Histórico.

¿Qué tan grave es la situación?

Según confirmó el director de la Policía, general William Salamanca, hay alerta máxima por el plan pistola que se desarrolla por las disidencias de las Farc en Cauca, Nariño y Norte de Santander. El alto oficial también confirmó que, sumados a estos tres departamentos, Chocó y Córdoba son las regiones con más alto riesgo electoral por situaciones como constreñimiento al elector, amenazas a candidatos y movimiento de dineros ilícitos para compra de votos.

Según los datos más recientes del mapa de prevención y seguridad electoral elaborado por la Policía y conocido por CAMBIO, hay 17 municipios con alto riesgo electoral, 74 con riesgo medio y 316 con riesgo moderado. Además, se fijaron 5 zonas de prioridad para adoptar medidas especiales de seguridad para las elecciones:

La Defensoría del Pueblo, por su parte, estima que son 380 municipios de 24 departamentos los que presentan alto riesgo de hechos vulneratorios a los derechos humanos en el proceso electoral, especialmente en el suroccidente colombiano: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Diego Rubiano, investigador de la Misión de Observación Electoral (MOE), indicó que, comparado con el proceso de elecciones de 2019, el actual tiene un incremento del 101 por ciento de hechos violentos, lo que pone en riesgo "el proceso democrático en las regiones". 

Rubiano explicó que los grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN buscan el "control territorial" influyendo en las elecciones amenazando candidatos, presionando a los votantes e incluso aportando dineros ilegales a campañas. "El Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad de hacer un seguimiento riguroso al financiamiento de las candidaturas", explicó el politólogo. Situación que se agrava con la proliferación de partidos políticos actualmente en Colombia, que ya suman más de 35.

La MOE también alerta sobre la presión a un actor clave para las regiones como lo son las Juntas de Acción Comunal, instancias a las que el Gobierno ha querido darles un papel relevante en la política y en la contratación estatal. "Los líderes comunales vivimos permanentemente amenazados", dijo Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal. 

El Gobierno parece ahora mostrar una postura más conciliadora después de las salidas en falso de Luis Fernando Velasco y el distanciamiento con las autoridades locales. El mismo funcionario invitó a los gobernadores a trabajar en equipo.

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“Hay que trabajar con los gobernadores en mejorar las condiciones de seguridad. La reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, de hecho, la próxima, la haremos en la Dirección Nacional de la Policía, donde esperamos contar con algunos de los gobernadores”, dijo Velasco.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentará el próximo 22 de agosto al Congreso la estrategia de seguridad para blindar las elecciones. Alcaldes, gobernadores, candidatos y votantes esperan que la estrategia no se quede en el papel.