Fiscalía revela que Odebrecht aportó 3.540 millones de pesos a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos

El coordinador de las fiscalías delegadas ante la corte Suprema de justicia, Gabriel Ramón Jaimes, anunció en rueda de prensa decisiones sobre el caso Odebrecht en dos líneas de investigación: corrupción en la contratación y el pago de sobornos.

Sobre la línea de contratos corruptos, anunció que 33 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre ellos el expresidente de la entidad, Luis Fernando Andrade, serán llamados a imputación de cargos 33.

Sobre el pago de sobornos, informó que fueron llamados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos 12 directivos de Odebrecht. Según las cuentas de la entidad, entre 2009 y 2016, Odebrecht pagó cerca de 80.000 millones de pesos en sobornos para ganar distintas contrataciones.

La Fiscalía reveló que Odebrecht hizo aportes a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por 3.540 millones de pesos; y a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, por 3.045 millones de pesos.

Sobre los aportes a la campaña de Santos, CAMBIO conoció que están incluidos los 650 millones de pesos que recibió el condenado gerente de campaña, Roberto Prieto, quien aceptó haber intercedido en la ANI para que le dieran la Ruta del Sol 3 a Yuma Concesionaria, dineros que, según la Fiscalía, quedaron en los bolsillos de Prieto. Es decir, hay nuevos hechos que continúan en investigación y por los que podrían ser llamados a responder otras personas. La Fiscalía no anunció que fueran a compulsar copias contra Juan Manuel Santos.

En el caso de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, no se anunciaron nuevas decisiones; es decir, el proceso por la financiación de Odebrecht a su campaña con más de 1,5 millones de dólares por debajo de la mesa, a través del publicista Duda Mendoça, quedó en la imputación que hicieron en contra de Óscar Iván y su hijo David.

Sobre la coima de 3,4 millones de dólares que Corficolombiana admitió haberle pagado en 2014 a un alto funcionario del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ante las autoridades norteamericanas, en un acuerdo de enjuiciamiento diferido, la Fiscalía informó que no abrió ninguna línea de investigación porque no hay pruebas distintas para hacerlo.

Las imputaciones a exdirectivos de Odebrecht por los sobornos

"Desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual
consolidaron su accionar delincuencial. Este modelo se replicó en Colombia. Así se consolidó una empresa criminal paralela que al parecer logró la adjudicación del contrato Ruta del Sol II. El entramado delincuencial tenía 3 fases: (i) conseguir los mega contratos, (ii) modificar el objeto del contrato y (iii) cancelar dádivas. Dádivas que era pagadas a través de empresas 'offshore' (ubicadas fuera del país donde se ejecutaba el proyecto y en paraísos fiscales). Utilizando para Colombia las empresas Klienfield Services Limited e Intercorp Logistics Ltda", leyó el fiscal Jaimes. 

Según explicó, en menos ocho años, la multinacional Odebrecht (empresa dominante del consorcio que ejecutaba la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80.000 millones de pesos.

El fiscal Jaimes explicó que pagaron 11.493 millones de pesos en sobornos al entonces gerente del Inco, Gabriel Ignacio García Morales, por la suscripción del contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II,  por valor de dos billones de pesos. 

"Para desarrollar el proyecto, en diciembre de 2012 logró, a través de dos congresistas, firmar un acuerdo de estabilidad jurídica con el Ministerio de Transporte que le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145.000 millones de pesos en tres años. Varios congresistas para la época de los hechos recibieron al menos 3.536 millones de pesos por el lobby que
realizaron para obtener este beneficio en favor del concesionario. En desarrollo del proyecto, nuevamente buscaron la manera de modificar las condiciones contractuales iniciales", leyó el funcionario judicial.

Esas modificaciones consistieron en que, entre marzo y octubre de 2013, se suscribieron ocho otrosíes que causaron un detrimento al Estado colombiano por más de 120.000 millones de pesos, por cuanto se cancelaron tramos que no se ejecutaron. "Se estableció que varios funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargados de proyectar, aprobar y materializar tales pretensiones, habrían recibido en sobornos más de 1.028 millones de pesos".

Finalmente, con la suscripción de dos otrosíes se autorizó le ejecución de estudios y diseños para la construcción del tramo Ocaña-Gamarra. Con el primer otrosí, por valor de 3.177 millones de pesos, se realizaron los estudios y diseños; con el otro, se autorizó, en contravía de los presupuestos que rigen la contratación pública, la construcción y ejecución del tramo por un valor superior a 676 millones de pesos. "Actuar que les permitió, a través de una adición de una obra en contravía del objeto pactado en el contrato original, la cual no contó con los conceptos y estudios del COMPES y el CONFIS, normas exigidas para el efecto. Para obtener la adjudicación de este nuevo tramo, presuntamente se pagó a congresistas, políticos, empresarios, particulares, contratistas y funcionarios de la ANI un monto superior a los 53.000 millones de pesos".

Por esos hechos, hace unos meses fue llamada a imputación de cargos la exministra Cecilia Álvarez, por interesarse indebidamente en dos adiciones de la Ruta del Sol que terminaron beneficiando a la familia de su pareja, la también exministra Gina Parody, a quien le archivaron la investigación sobre el tema. Álvarez se declaró inocente de los hechos.

Asimismo, explicó el ente acusador, una vez aprobada la adición de Ocaña-Gamarra, "para direccionar el dinero para el pago de los sobornos fue implementado un modelo de subcontratación y tercerización de actividades. De esta manera se habría suscrito contratos de actividades inexistentes, las cuales no fueron ejecutadas, pero sí cobradas con sobrecostos y soportes falsos".

Por todos los sobornos narrados que, según la Fiscalía, suman más de 80.000 millones de pesos, solo fueron llamados a imputación de cargos los directivos de Odebrecht. Deberán responder por lavado de activos y concierto para delinquir el presidente del conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, Marcelo Odebrecht; el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira.

Resultados sobre corrupción en contratación

Esa línea de investigación anunciada por la Fiscalía tiene que ver con los funcionarios y exfuncionarios de la ANI que tuvieron relación con los contratos de la Ruta del Sol II, por los que fueron llamados a imputación de cargos 33 personas, dentro de las que se encuentran el expresidente de la entidad, Luis Fernando Andrade. "La investigación advierte que el actuar colectivo de estas personas favoreció notoriamente al concesionario con modificaciones a la forma de pago original, aplazamiento injustificado para el inicio de obras en algunos tramos, ajustes al cronograma de obra, entre otras irregularidades".

Los llamados a imputación de cargos en esa línea de investigación son:

1. Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI.
2. Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista).
3. Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista).
4. Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual.
5. José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero 1.
6. Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración.
7. Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente jurídico.
8. María Clara Garrido Garrido, vicepresidente administrativa y financiera.
9. Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.
10. Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).
11. Mónica Rocío Adarme Manosalva, asesora grado 8.
12. Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista).
13. Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros.
14. Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto G3 7 (contratista).
15. Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno –vicepresidente de Gestión Contractual.
16. David Leonardo Montaño García, experto GGC2.
17. Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero.
18. Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC.
19. Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos.
20. Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos.