¿El fondo de los maestros en crisis? Identifican irregularidades fiscales por 82.000 millones de pesos, incluyendo el nuevo modelo de salud

Julio comenzó con otra noticia preocupante para los maestros de Colombia. La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por 81.593 millones de pesos en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Pero esta no es solo una historia de cifras; es un rompecabezas de fallos, pagos tardíos, improvisaciones y decisiones sin sustento.

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El FOMAG —la bolsa que asegura pensiones, cesantías y salud para miles de maestros y maestras en Colombia— está en el ojo del huracán. Durante el primer semestre de 2025, la Contraloría revisó la gestión fiscal del año anterior y encontró 21 'hallazgos' (actos que tipifican que los servidores públicos o los particulares han realizado una gestión fiscal deficiente). De ellos, 20 tienen presunta connotación disciplinaria, tres incidencia penal, siete implican posibles daños al erario y uno fue remitido a la Comisión de Disciplina Judicial.

¿El corazón del problema? Una mezcla de omisiones y desorden que ha generado, entre otras cosas, el pago de mesadas después del fallecimiento de los beneficiarios, el incumplimiento sistemático de pagos de cesantías, y la firma de contratos de salud por más de un billón de pesos sin autorización del Consejo Directivo del Fondo.

Cesantías tardías, sanciones tempranas

Una de las principales alertas tiene que ver con los pagos de cesantías y fallos judiciales fuera de tiempo, lo que provocó que el FOMAG —y en algunos casos, el Tesoro Nacional— tuviera que pagar más de 7.400 millones de pesos solo en intereses y sanciones moratorias que se dividieron de la siguiente manera:

• En primer lugar, se identificaron 46 fallos judiciales pagados con más de diez meses de retraso, generando intereses por 3.210 millones.
• Por otro lado, se pagaron sanciones moratorias por 4.220 millones con recursos del Tesoro Nacional, por demoras injustificadas en el reconocimiento de cesantías.

Además de estos hallazgos, se encontraron más de 100 solicitudes judiciales llegaron a la Contraloría exigiendo que se investigue la responsabilidad de estos pagos tardíos.

Y lo más grave: se usaron 48.100 millones del propio FOMAG para pagar sanciones, lo cual contraviene la Ley 1955 de 2019, que establece que esos recursos tienen una destinación específica. Esto llevó a la Contraloría a estructurar un hallazgo con posible connotación penal, trasladado a la Fiscalía.

Salud: el nuevo modelo, los viejos errores

El nuevo modelo de salud del magisterio, implementado en 2024, tampoco salió bien librado. La Contraloría encontró indicios de contratación sin garantías, servicios pagados sin respaldo presupuestal, y convenios que iniciaron sin actas de inicio ni CRP (Certificados de Registro Presupuestal).

Uno de los casos más alarmantes es el del contrato 12076-024-2024: comenzó con un valor de 31.000 millones y terminó en 777.000 millones, sin que se explicara cómo se pasó de un extremo al otro, y con una gran parte del presupuesto original aparentemente "liberado" sin justificación clara.

También se reportaron incongruencias en las fechas de instalación de módulos tecnológicos, adiciones contractuales por encima de los límites legales y riesgos de pago a entidades no habilitadas para prestar servicios de salud, lo que podría derivar en más pérdidas si no se toman correctivos urgentes.

• Por otro lado, se detectaron pagos por cerca de 75.000 millones sin contar con Certificado de Registro Presupuestal (CRP), lo que dejó esas obligaciones sin respaldo presupuestal.
• En 52 contratos por 648.000 millones no se firmaron actas de inicio.
• En otros 6 contratos de salud por 168.000 millones, no se constituyeron las garantías pactadas o se hicieron fuera de tiempo, lo cual podría constituir el delito de "contrato sin cumplimiento de requisitos legales".
• 13 contratos por 525.000 millones comenzaron ejecución sin CRP, es decir, sin tener presupuesto autorizado.
• Se encontraron inconsistencias en las fechas de actas del sistema SUIM-HORUS, que gestiona el nuevo modelo: algunos módulos se instalaron antes de firmar el contrato.

¿Quién responde?

La Contraloría no señala a un único culpable, pero sí deja claro que Fiduprevisora, como administradora del FOMAG, y las entidades territoriales, tienen corresponsabilidad. Los contratos de transacción con operadores de salud, que suman casi 1,2 billones, también están bajo la lupa por haberse firmado sin aprobación del Consejo Directivo, lo que llevó a la entidad de control a trasladar el caso a la Procuraduría y la Fiscalía.

En total, desde 2023 hasta hoy, se han acumulado 61 hallazgos, de los cuales 23 tienen connotación fiscal por más de 548.000 millones. Y la lista sigue creciendo.