En deuda con la paz: el Gobierno Petro no ha estado a la altura de una tarea histórica

El país político quedó absorto cuando el presidente Gustavo Petro anunció que iría a las Naciones Unidas a denunciar que el Estado colombiano no ha cumplido con su deber de implementar el Acuerdo de Paz. Aunque muchos de los cambios que quiere sacar adelante el presidente encuentran barreras en las otras ramas del poder público, no es el caso del Acuerdo de paz. Volver realidad lo pactado en La Habana depende primordialmente del Ejecutivo. Por eso nadie entendió que el jefe del Estado fuera capaz de montarse en una tarima para denunciar públicamente su propia incompetencia.

Gustavo Petro no solo es hijo de un proceso de paz sino que ha abanderado las salidas pacíficas y negociadas a los conflictos. La vida política del hoy presidente ha estado marcada por la defensa y la búsqueda permanente de la paz, el eje central de sus tres campañas presidenciales. En la plaza Petro criticaba sin clemencia a Iván Duque por su falta de compromiso con el proceso de paz.

Por eso es paradójico que, incluso para muchos defensores del gobierno, Duque haya sido más eficiente que Petro en la implementación de un acuerdo que el primero rechazaba y el segundo defendía. 

“Esta coalición tiene como objetivo revivir el Acuerdo de Paz, que casi hace trizas el Gobierno actual, e impulsar un acuerdo aún mayor”, dijo Petro en abril de 2022. En esa campaña la rentabilidad política de la promesa de ‘ahora sí’ implementar el Acuerdo de Paz era alta. El cuatrienio de Duque le sirvió de diagnóstico a Petro y puso sobre la mesa las necesidades más urgentes: acelerar la reforma rural integral y garantizar un tránsito seguro de los desmovilizados a la vida civil.

A punto de cumplirse la mitad del mandato, en materia de paz los resultados de Petro son, cuanto menos, decepcionantes. Los homicidios no dan tregua. Este año han sido asesinados 10 firmantes de paz y 69 líderes sociales, según cifras de Indepaz. Además, se han perpetrado 24 masacres, la última el fin de semana pasado en Cúcuta. A lo anterior se suman 35 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 12.000 personas en todo el país, según la Defensoría del Pueblo. 

La situación es tan grave que desde 2022, cuando la cifra rondaba las 300 víctimas, la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI); es decir, una masiva vulneración de derechos de los firmantes y los líderes sociales.

Tras ser criticado por su anuncio de ir a la ONU, el presidente recordó que tres gobiernos posteriores a la firma del acuerdo están obligados a cumplirlo. Lo que dijo no le cayó bien a nadie: esa victimización no gustó ni en la derecha, ni el centro, ni en la izquierda y tampoco en la comunidad internacional. 

Nadie duda de que el presidente Petro es un hombre de paz. Tampoco se puede negar que este gobierno avanzó en una deuda que dejó Iván Duque, como la creación de la Jurisdicción Agraria, un paso clave para avanzar en la reforma rural. Es un tema que obsesiona al presidente con algunas cifras qué mostrar: el Gobierno ha comprado 157.191 hectáreas y formalizado otras 808.815. También ha aprobado 107 millones de dólares para 166 proyectos de desarrollo integral, de los cuales 15 tienen vía libre. Además, hay un avance, aunque mínimo, en una deuda histórica: las actualizaciones catastrales. 

Esas cifras vistas sin contexto podrían parecer positivas. Sin embargo, si se les compara con lo actuado en la administración anterior parecen poco alentadoras. En los primeros 17 meses del Gobierno Duque se restituyeron más hectáreas que en ese mismo periodo del Gobierno actual. Según Forjando Futuros, solo se han devuelto 71.000 hectáreas frente a las 161.000 de Duque.

¿Existe un diagnóstico oficial que le muestre a la ciudadanía qué está generando las trabas? ¿Cuáles son las dificultades que le han impedido al gobierno avanzar y en qué aspectos? ¿Se necesitan reformas administrativas para darle más dientes, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Tierras? ¿Qué impide a los funcionarios hacer una articulación real entre agencias del Estado para resolver los problemas? El presidente no ha respondido con claridad a ninguno de estos interrogantes en 22 meses de mandato. 

El Acuerdo de Paz tiene seis ejes fundamentales. Algunos están sobrediagnosticados y otros se perciben con más urgencia por la ciudadanía, como la situación de seguridad de los desmovilizados y la continuidad de la violencia en el país por acción de grupos disidentes. La Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central tienen al suroccidente del  Cauca en una crisis de orden público.

Petro, tras su polémica declaración, enfatizó en tres temas: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. Dijo que se debe poner a funcionar la jurisdicción agraria, pero no aclaró que su implementación está demorada en el Congreso. También apuntó que se debe agilizar la compra de tierras y ha dirigido sus esfuerzos a cuestionar las críticas que le han hecho a un artículo de su Plan Nacional de Desarrollo, el cual permite a la ANT tomar la decisión administrativa sobre un predio tras revisar informes técnicos y jurídicos, eliminando una fase judicial que contemplaba un decreto de 2017.

Ese caso, por ejemplo, está en manos de la Corte Constitucional por cuenta de una demanda. Petro afirmó que, si se caen las normas vigentes, tendría razones para ir a Naciones Unidas. El pasado 16 de mayo dijo: “Si nos van a tumbar las normas que tenemos hoy, espero que no. Si el Congreso no aprueba jurisdicción agraria, lo que va a generar es el calentamiento de la olla a presión en los campos de Colombia, los conflictos de linderos. Si la violencia aumenta en Colombia, en vez de cerrar se nos va abriendo la tronera otra vez”.

El déficit normativo

Desde principios de 2023 las reformas sociales del Gobierno han acaparado el grueso de los debates en el Congreso de la República. La insistencia del Ejecutivo con su abultada agenda y el atropellado trámite de los proyectos ha impedido la discusión de otras iniciativas, entre ellas los proyectos necesarios para implementar el Acuerdo de Paz con las extintas Farc. 

El único problema del futuro del Acuerdo de paz con las Farc no es la concentración del presidente en su agenda legislativa. Su apuesta por la llamada paz total ha enfocado los esfuerzos del gobierno en una política que no despega, a la que no se le ve futuro y que hace que, en las prioridades del presidente, lo pactado en La Habana pareciera no ser una prioridad. 

Además de la ejecución y aplicación de lo ya existente, es indispensable un marco normativo para avanzar en la implementación del acuerdo. En este aspecto, el balance de los últimos dos años es desalentador.

Según un informe del proyecto “Del Capitolio al Territorio", de la Fundación Ideas para la Paz, en 2017 el Gobierno nacional identificó 107 normas necesarias para la implementación del acuerdo. A 2024, de ese listado faltan por aprobarse 16, a las que hay que sumarle otras 35 pendientes que han sido identificadas por las entidades del Gobierno actual. En total, para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz hacen falta aprobar 51 normas.

El punto uno del acuerdo, sobre la reforma rural integral, es el más atrasado en cuanto a la normatividad. Según el informe consultado por CAMBIO, hacen falta 19 normas para reglamentarla.

Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura identificó la necesidad de una ley de tierras, otra sobre la adecuación de tierras, riego y drenaje, y una más para agilizar la política de democratización en el acceso a tierras de sujetos de especial protección constitucional. Por su parte, el Ministerio de Justicia señaló la necesidad de tramitar la reglamentación de la Jurisdicción Agraria.

Según el diagnóstico que hicieron las diferentes carteras y departamentos administrativos, también se necesitan decretos y resoluciones además del trámite de leyes en el Congreso. Es el caso del Ministerio de Vivienda, el cual respondió que, entre otras normas, hace falta un decreto para implementar el programa de autogestión de vivienda de interés social urbana y rural. 

El otro punto del Acuerdo de Paz más rezagado normativamente es el de apertura democrática. Aquí resalta la necesidad de una reforma política, un proyecto que ha sido imposible de tramitar con éxito en los últimos siete años. El Gobierno Petro lo intentó entre 2022 y 2023, pero fracasó. Terminó cargado de ‘micos’ y roto en varios pedazos por el entonces presidente del Congreso, Roy Barreras.

Del punto dos también hace falta una reforma electoral y la creación del canal de televisión cerrada para partidos y movimientos políticos. 

Seguridad, sustitución de cultivos y otros reparos

Hace apenas unos días, la Corte Constitucional advirtió que las múltiples entidades del Estado no tenían claridad sobre qué aspectos están incluidos en la política pública de seguridad de los firmantes de paz. Esto ha impedido que se trabaje de manera coordinada.  La Corte, entonces, terminó creando una especie de mapa conceptual que detalla quién está a cargo de cada componente.

Y, por ejemplo, dictó órdenes específicas: la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, el director y el subdirector de la Unidad Nacional de Protección, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el Comisionado de Paz deberán aprobar el programa de protección integral de los integrantes del partido Comunes, de sus sedes políticas y actividades, así como de sus familias. Y tendrán que asegurarse de que en el Sistema Nacional de Reincorporación se incluyan todos los componentes de seguridad y se les asignen responsabilidades concretas.

En pocas palabras, la Corte Constitucional tuvo que meterse en el detalle de las directrices que debe seguir el Gobierno para avanzar en la seguridad de los firmantes de paz. A mediados de abril, igualmente, analizó casos concretos de desmovilizados que están compareciendo ante la JEP y le ordenó a la Unidad Nacional de Protección hacer un trámite de emergencia de cada uno de sus casos. Esa es una tarea que ya había dispuesto el alto tribunal, pero los reparos a la UNP no cesan y se requiere de manera constante de la intervención judicial para suplir las fallas de la administración.

Por la vía judicial, también se han puesto de presente las fallas en otros aspectos claves del acuerdo de paz, como el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que hace parte del capítulo de la solución al problema de las drogas ilícitas.

La sentencia más reciente es de hace unas semanas. Al revisar, el caso de 942 familias campesinas en Miraflores, Guaviare, (708 cultivadoras y 234 recolectoras), la Corte encontró que éstas cumplieron con su parte del Acuerdo Colectivo de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que arrancó en 2017 en 34 veredas, pero que el Gobierno no hizo su parte, como dar asistencia alimentaria inmediata, asistencia técnica para que las familias puedan mantener y comercializar sus cosechas, así como hacer inversiones específicas por cada núcleo familiar por una sola vez. 

La decisión advirtió al Gobierno y le reiteró que la sustitución voluntaria se debe priorizar sobre la erradicación forzada e hizo exigencias que son tan específicas que podrían evidenciar la nuez del problema: ordenó dar información precisa a las familias sobre los efectos de firmar los contratos, le dijo al Gobierno que no puede hacer cobros o descuentos a las familias por su suscripción y que las familias deben participar en la toma de decisiones sobre la definición de alternativas en zonas que coinciden con reservas forestales o en predios baldíos que no se pueden adjudicar, entre otros. Esa tarea le toca cumplirla al presidente Petro.

Silenciar los fusiles y firmar un acuerdo de paz es una de las conquistas más difíciles en la administración pública. Si hay algo aún más complejo, es implementar lo que se acuerda. Petro lo sabe muy bien. Su carrera política inició gracias al proceso de paz con el M-19. Es la única persona que ha estado en ambos lados de una mesa en acuerdos de paz: primero como guerrillero y luego como presidente. 

Hoy Gustavo Petro es el jefe del Estado y, por ende, responsable de cuanto pase en la implementación del acuerdo. Es un camino difícil y lleno de desafíos. La actitud de un presidente no puede ser la de culpar a todos y evadir su propia responsabilidad. Si un Gobierno de izquierda, abanderado de la paz y los derechos humanos, no logra ser superior al Centro Democrático en la implementación de los acuerdos de paz, su base electoral sufrirá una decepción muy difícil de superar para las fuerzas políticas alternativas.