La grabación que destapa a operador del sistema de salud de los maestros

En un audio grabado durante una reunión de la junta directiva de Sumimedical, una prestadora de servicios de salud, quedan en evidencia las artimañas que utilizaron los directivos de esa empresa para que funcionarios de una IPS aceptaran un pago inferior a la deuda de la prestadora.

CAMBIO conoció esa grabación, que data de 2020, y en la que escuchan las voces de tres personas de Sumimedical. Esta empresa tiene sede principal en Envigado, Antioquia, que atiende principalmente a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Sumimedical ha sido relacionada con Jhon Mauricio Marín, exgerente de Fiduprevisora, quién se encuentra en el ojo del huracán por el escándalo de desvíos de recursos de la salud. 

Los tres funcionarios que hablan en la reunión son Jorge Luis Rocha, representante legal de Sumimedical; Nicolás Quiceno, subgerente administrativo; y Liliana María Villa, coordinadora de cuentas.

La discusión gira en torno a una deuda significativa que Sumimedical tiene con la IPS Universitaria. La deuda ascendía a 2.650 millones de pesos, pero, en lugar de honrarla totalmente, los directivos buscaron negociar un monto menor, utilizando como justificación la necesidad de conciliar facturas antiguas y la posibilidad de pagar por medio de un crédito bancario.

En un momento clave de la conversación, Nicolás Quiceno sugiere que se paguen solo 1.800 millones de pesos, en lugar de la deuda completa. Esta propuesta se presenta como una forma de "matar" facturas antiguas y justificar la aplicación de recursos adicionales ante la junta directiva de Sumimedical. Además, se menciona la posibilidad de obtener un crédito bancario para cubrir parte de la deuda, lo que permitiría a Sumimedical pagar menos de lo que realmente debe.

El tira y afloje se torna más evidente cuando Nicolás Quiceno insiste en que se debe llegar a un acuerdo de 70-30, es decir, que Sumimedical pagaría el 70 por ciento del monto total y la IPS Universitaria asumiría el 30 por ciento restante. Esta propuesta se presenta como una solución rápida para resolver el problema de la deuda, pero claramente beneficia a Sumimedical, porque reduce su obligación financiera.

Durante la reunión también se evidencia la presión que ejercen los directivos de Sumimedical para que la IPS acepte estas condiciones. En ese momento, Quiceno llama a un hombre llamado Óscar, de la IPS Universitaria, y durante la conversación le dice que deben llegar a una conciliación administrativa en la que deben aceptar el pago por 1.750 millones de pesos, reduciendo más la oferta. Además, Jorge Luis Rocha insiste en la necesidad de tener el acta de conciliación lista para hacer el pago, lo que evidencia que están buscando formalizar el acuerdo rápidamente, posiblemente para evitar futuras disputas o revisiones.

- “No invente, si no hay acta yo no pago”, se le escucha decir a Rocha en tono airado.

Instantes después, Nicolás Quiceno dramatiza una llamada al banco para obtener un sobregiro. Quiceno, quien evidentemente no tenía a nadie al otro lado de la línea, actúa una negociación con una funcionaria de una entidad bancaria:

- “Hola, Astrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué has hecho? Necesito que me hagas un favor muy especial. Necesito sobregirarme, pero lo más barato que… Sí, yo sé que estoy full en sobregiro, pues si quieres te pignoro alguna cosa o algo”.

En la supuesta negociación, Quiceno le pide seis meses para pagar el préstamo y simula no llegar a un acuerdo con “Astrid” y entonces dice que llamará a otro funcionario del banco. Quiceno repite la cifra de 1.700 millones, que sería lo que supuestamente la entidad bancaria le estaría ofreciendo de sobregiro, y entonces se le escucha decir:

- “Súbete un poquitico, 1.750 al menos. ¿1.750? Perfecto, ok”.

En ese momento, Quiceno le dice a los asistentes a la reunión que le aprobaron supuestamente 1.750 millones y que debían pasar un correo a Bogotá para autorizar el sobregiro. Luego le dice a su interlocutor:

- “Márcale a Lili y negociamos eso 70/30 y nos fuimos, hágale papá”. Es ahí cuando Quiceno cuelga la llamada y, con voz triunfante, le dice a sus compañeros:

- “Listo, señores”.

En ese momento, Jorge Luis Rocha dice:

- “Estoy llorando, estoy llorando”, dice Jose Luis Rocha.

Orgulloso de su pilatuna, Quiceno les pregunta:

- “¿Qué tal la dramatización de la llamada al banco?”

Se escuchan risas, y entonces Liliana María Villa le dice:

- “Uy, Nico, qué peligro usted”. Y todos estallan en carcajadas.

Antes de terminar la grabación, Rocha dice:

- “Me siento tan orgulloso de esta clase de actuación de Nicolás".

-“Muchas gracias, doctor”, responde Quinceno.

Liliana María Villa, la entonces coordinadora de cuentas y quien se ríe de la dramatización de su jefe, ya no trabaja en Sumimedical. Ahora es la coordinadora del Fomag en Antioquia y Chocó.

Esta grabación no solo revela las táctica que usaron los directivos de Sumimedical para pagar menos de lo adeudado, sino que pone en evidencia el talante de algunas de las empresas que han manejado por años la salud de los maestros colombianos. CAMBIO contactó a Jorge Luis Rocha y Nicolás Quiceno pero no obtuvo respuesta. Liliana María Villa no aceptó conceder entrevista a este medio.

Los millonarios contratos de Sumimedical

Sumimedical, junto al hospital Alma Mater de Antioquia, conformó la UT Redvital, la cual prestó atención a los maestros en Chocó y Antioquia durante el anterior modelo que estuvo en vigencia hasta el año pasado. Dicha UT fue beneficiada, junto a otras seis uniones temporales, con la firma de contratos de transacción que en total sumaron más de 1,1 billones de pesos.

Tal y como lo reveló CAMBIO, por medio de dichos contratos las UT desistieron de seguir adelante con litigios que adelantaban en contra del Fomag. A cambio, el fondo les pagó millonarias sumas. En el caso de la UT a la que pertenecía Sumimedical, el monto ascendió a 247.491 millones de pesos. Importantes recursos que salieron de los dineros de los maestros y que les fueron pagados a los prestadores, como se diría coloquialmente, “sin ni siquiera tener que pelear”.

Sumimedical ha seguido obteniendo contratos millonarios en el Fomag durante la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio. En total, ha recibido 141.870 millones en tres contratos para atender pacientes. El primero, de 76.933 millones, es para la atención en capitación; el segundo, de 37.594 millones, corresponde a la atención oncológica bajo el modelo de Pago Global Prospectivo (PGP); y el tercero, por 27.343 millones, está destinado a servicios complementarios bajo el modelo PGP.

Además, Sumimedical ha sido beneficiada con otro contrato para la puesta en marcha y operación de la plataforma Horus Health, con la que se administran los servicios de salud de los maestros, por un valor de 43.988 millones.

Estos contratos han reforzado su posición en el sistema de salud del magisterio, a pesar de los múltiples cuestionamientos sobre su gestión y transparencia. En mayo del año pasado, la periodista Paula Bolívar, de W Radio, reveló la cercanía entre el expresidente de la Fiduprevisora, entidad encargada de manejar los recursos del Fomag, John Mauricio Marín, y Jorge Rocha, representante legal de Sumimedical. Una investigación reciente del mismo medio volvió a mencionar Sumimedical como parte integral de un engranaje en el que se pierden los recursos de la salud de los colombianos.

Un sistema de salud con problemas estructurales

Desde su creación con la ley 91 de 1989, el sistema de salud del magisterio colombiano ha estado lejos de cumplir con las necesidades de los docentes. Un sistema que, en principio, debería ofrecer servicios similares a los de la medicina prepagada —tratamiento de todo tipo de patologías, sin copagos, y atención rápida y eficiente— ha sido durante años otra cosa. Ha estado marcado por constantes quejas por demoras en la atención médica, falta de cobertura en zonas rurales, servicios de poca calidad, retrasos en el reconocimiento y pago de prestaciones, y comunicación deficiente.

Los indicadores del sistema han sido históricamente alarmantes. En 2021, la tasa de mortalidad materna en el magisterio fue el doble que la media nacional, y la de muertes por complicaciones obstétricas también estuvo por encima del promedio. Por eso, la reforma al modelo de salud de los maestros ha sido uno de los objetivos del gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, los problemas persisten. Las quejas de los docentes por demoras en la atención, falta de medicamentos y cobertura insuficiente siguen siendo una constante, especialmente en departamentos como Casanare, Nariño, Antioquia y Santander. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, las protestas de los profesores han evidenciado el caótico proceso de transición.

El nuevo modelo entró en vigencia el 1° de mayo de 2024, pero su implementación ha sido compleja. Mientras algunos sectores denuncian fallas estructurales en la planeación, otros advierten que hay intereses en que el modelo fracase para volver al esquema anterior, donde los mismos operadores obtenían ganancias multimillonarias. La concentración del servicio en pocos oferentes ha sido una de las principales críticas, pues la exigencia de IPS exclusivas para el magisterio ha reducido la competencia y ha perpetuado el poder de empresas como Sumimedical.

El pasado 28 de mayo, en un debate en el Congreso citado por el senador David Luna, Martha Alfonso, dirigente de Fecode, denunció las graves fallas del sistema y el rol de Sumimedical en la crisis de salud de los docentes.

“¿Cómo se explica que quienes tenían nuestros perfiles epidemiológicos, quienes tenían nuestras historias clínicas, no podían dispensar los medicamentos? Tenemos 5.530 maestros psiquiátricos en Antioquia, y eso lo tenía Sumimedical, socio de Ramédica. ¿No es eso un saboteo? ¿No llevar los medicamentos cuando ellos eran los propietarios de las historias clínicas?”, señaló Alfonso en su intervención. 

Al otro día de las declaraciones de Alfonso, John Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, presentó su renuncia. Entretanto, ella ha denunciado ser objeto de seguimientos y amenazas, lo que refuerza las sospechas sobre los intereses en juego dentro del nuevo esquema de salud del magisterio.

Las denuncias sobre Sumimedical y el modelo de salud de los maestros han llegado a la Procuraduría y la Contraloría, pero hasta el momento no se ha conocido ninguna actuación formal contra la empresa o los funcionarios implicados.

Mientras tanto, los maestros siguen siendo los principales afectados en un sistema de salud que, a pesar de las reformas, sigue estando en crisis. 

Bonus track: Tanto los millonarios contratos de transacción suscritos entre el Fomag y los operadores de salud del magisterio, como los contratos firmados entre dicho fondo y Sumimedical, tienen en común una interesante firma. La de Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación del Fomag, la misma que autorizó los desembolsos para los 40 carrotanques con sobrecostos de La Guajira y la misma que, después del escándalo, fue premiada por el gobierno Petro con una notaría. CAMBIO contactó a Daniela Andrade pero no obtuvo respuesta.