Gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia plan de rescate de hasta 10 billones para el sistema de salud: estos son los ejes de la estrategia
A pocos días de asumir el poder, el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un plan de rescate para enfrentar la crisis del sistema de salud. La estrategia contempla una inversión de hasta 10 billones de pesos, un plan de choque de 90 días y una revisión de las deudas y del modelo de financiación. Conozca los detalles.
Por: Nataly Ríos
A pocos días de la posesión presidencial, el Gobierno de Abelardo de la Espriella dio a conocer las primeras acciones con las que buscará enfrentar la crisis financiera y asistencial que atraviesa el sistema de salud colombiano. La estrategia fue presentada durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas luego de que se confirmara el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud.
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En el evento, Iván Sánchez, vocero del equipo de salud del presidente electo, anunció un plan de rescate que contempla movilizar hasta 10 billones de pesos durante los primeros 90 días de gobierno para atender la emergencia humanitaria, sanear las finanzas del sistema y recuperar la confianza entre pacientes, hospitales, EPS y demás actores del sector.
"La primera decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella será poner en marcha su plan de salvamento de 90 días con la determinación de movilizar hasta los 10 billones de pesos a los que se hizo referencia en campaña y hoy son una realidad dentro del marco fiscal y presupuestal correspondiente. No será un cheque en blanco, será una inyección condicionada, priorizada, auditada y trazable", afirmó Sánchez.
¿Cómo se distribuirán los recursos?
Según explicó el equipo del presidente electo, los recursos tendrán destinos específicos y estarán sujetos a mecanismos de auditoría y seguimiento. La propuesta contempla:
- 4 billones de pesos para cubrir nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas públicas y privadas.
- 3 billones de pesos destinados a garantizar el suministro de medicamentos represados y reactivar tratamientos que han sido suspendidos.
- 2 billones de pesos para atender el rezago en pacientes con enfermedades catastróficas y crónicas.
- 1 billón de pesos para fortalecer la capacidad institucional de entidades como el Invima.
Sánchez explicó que los desembolsos no dependerán de criterios políticos, sino de la gravedad de la situación clínica de los pacientes y de la verificación de las obligaciones pendientes.
Además, señaló que los recursos se ejecutarán mediante decretos de priorización y se asignarán con base en criterios técnicos, entre ellos el riesgo vital de los pacientes, la progresión acelerada de las enfermedades, las condiciones de vulnerabilidad territorial y las obligaciones laborales previamente verificadas.
"No pagaremos por presión mediática ni por cercanía política. Pagaremos según el riesgo del paciente y la evidencia de la obligación. Habrá giro directo, cronograma público de desembolsos, tablero de seguimiento y auditoría concurrente. Cada peso tendrá destino, responsable, fecha y resultado esperado", aseguró en su intervención.
Las cifras que preocupan al nuevo Gobierno
El vocero indicó que el equipo de empalme ha recibido reportes preliminares que evidencian la magnitud de la crisis, aunque aclaró que toda la información será sometida a procesos de verificación y auditoría.
Entre los datos conocidos se encuentran:
- Más de 900.000 registros y alertas de pacientes con cáncer que tendrían atenciones pendientes, interrumpidas o incompletas.
- Cerca de 1,6 millones de pacientes con enfermedades crónicas que enfrentan retrasos en la entrega de tratamientos o medicamentos.
- Alrededor de 3.000 pacientes trasplantados que estarían en riesgo por interrupciones en el suministro de medicamentos esenciales para conservar los órganos trasplantados.
Los recursos se ejecutarán mediante decretos de priorización y se asignarán con base en criterios técnicos, entre ellos el riesgo vital de los pacientes, la progresión acelerada de las enfermedades, las condiciones de vulnerabilidad territorial y las obligaciones laborales previamente verificadas.
"No presentaré estas cifras como una verdad estadística cerrada mientras no haya una verificación de esta información, pero tampoco puedo ignorarlas. Para el nuevo Gobierno, una alerta clínica será una persona que debe ser ubicada", manifestó en su discurso.
Una mesa para revisar las deudas del sistema
Como parte de la estrategia, el próximo 7 de agosto será instalada una Mesa Nacional de Concertación, en la que participarán el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, EPS, IPS, entidades territoriales, proveedores, organizaciones de pacientes, trabajadores del sector y sociedades científicas.
El propósito será construir una metodología única que permita identificar y clasificar las obligaciones acumuladas entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026, diferenciando las cuentas ya auditadas, los procesos judiciales, las deudas en revisión y las responsabilidades que corresponden al Estado y a los diferentes actores del sistema.
Revisarán la UPC y el financiamiento del sistema
El equipo de salud también anunció que se adelantará una revisión técnica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud.
Según explicaron, el objetivo será determinar si los recursos asignados actualmente responden a los costos reales de la atención médica y establecer los ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sin afectar la prestación de los servicios.
Sánchez sostuvo que la recuperación del sistema dependerá de decisiones técnicas, transparencia en el manejo de los recursos y una articulación permanente entre el Gobierno, los prestadores de servicios, las EPS y los pacientes.
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