Independientes y Creemos, en la cuerda floja: el Consejo de Estado tiene en vilo los avales de al menos 3.000 candidatos
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El Consejo de Estado admitió una demanda contra la decisión que le dio la personería jurídica a Independientes, el joven partido político que lidera el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. En esa corte también está en estudio una petición para dejar sin personería a Creemos de Federico Gutiérrez.
Por: Redacción Cambio
Daniel Quintero renunció el pasado 30 de septiembre a la Alcaldía de Medellín para dedicarse a hacer campaña a favor de Juan Carlos Upegui, el candidato del partido Independientes. Esta es una joven colectividad que obtuvo su personería jurídica este año por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) pero que ahora depende de lo que decida el Consejo de Estado.
Ese tribunal aceptó una demanda en contra de la resolución 1545 de 2023 del CNE, la cual le dio vida como partido a Independientes. La solicitud fue presentada por el veedor electoral Luis Humberto Guindales y está en manos de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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¿Cuáles son la dudas sobre la personería jurídica de Independientes?
El 11 de enero de 2023, Esteban Restrepo Taborda (actual candidato a la Gobernación de Antioquia), Juan Carlos Upegui (candidato a la Alcaldía de Medellín) y David Alejandro Toro (representante a la Cámara) solicitaron al CNE el reconocimiento de la personeria a Independientes. El argumento principal que presentaron fue que ese movimiento se unió al Pacto Histórico en las elecciones legislativas pasadas y que, producto de la votación total que obtuvo esa coalición, Independientes superó el umbral y por lo tanto merecía la personería.
Lo anterior, incluso, cuando Independientes no presentó candidatos propios a las elecciones a Congreso de 2022. Los candidatos que argumentan ser cercanos a ese movimiento (Alejandro Toro y Álex Flórez) se presentaron con el aval de Colombia Humana. El movimiento de Quintero adjunta como pruebas varios trinos, notas de prensa y una carta del Pacto Histórico en los que se señala la cercanía de estos congresistas con Independientes y el momento de su llegada al petrismo.
Al revisar la resolución del CNE, llama la atención que ese organismo argumentó que Independientes pudo haberle dado al Pacto Histórico unos 300.000 votos, es decir, más de la mitad de los 500.000 necesarios para pasar el umbral. Sin embargo, ese cálculo de los 300.000 sufragios del CNE a favor se basó en los resultados que obtuvo Independientes en las elecciones regionales de 2019, cuando, como grupo significativo sin personería jurídica, respaldó a Daniel Quintero en Medellín y una lista al Concejo.
Para el demandante, los argumentos de Independientes carecen de fundamento, pues, si se sigue la tesis del Consejo Nacional Electoral, "cualquier movimiento ciudadano sin personería jurídica podría decir en cualquier elección que 'adhirió' a otras candidaturas para Congreso de la República y evadir los requisitos constitucionales que regulan la personería jurídica de las organizaciones políticas", dice Guindales.
Lo que está en juego en el Consejo de Estado
La demanda en contra de Independientes no es la única que está en estudio en el Consejo de Estado. Allí también está otra, presentada por la misma veeduría electoral, en contra del partido Creemos de Federico Gutiérrez, el virtual próximo alcalde de Medellín.
Los argumentos en contra de la colectividad de Fico Gutiérrez son similares a los que se presentaron en contra de Independientes, pues los dos movimientos políticos aducen que sus adhesiones a partidos consolidados los hacen merecedores de una personería jurídica propia.
Lo preocupante es que la decisión final del Consejo de Estado podría tomar más de los 25 días que restan para las elecciones regionales, es decir, si ese alto tribunal decide tumbar las personerías jurídicas de ambos partidos, por lo menos unos 3.000 candidatos, incluyendo a Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui, se quedarían sin un aval con respaldo legal, incluso si para ese entonces son funcionarios electos. Una situación así generaría una grave inestabilidad política en regiones como Medellín y Antioquia y obligaría a ambos partidos a emprender una nueva batalla jurídica para evitar la debacle.
