La figura de gestor de paz hace crisis y despierta más dudas sobre la paz total

“Es una burla a la ley, a la sociedad, a todos los colombianos”, dijo el representante Hernán Cadavid, del opositor Partido Centro Democrático (CD), al referirse a lo que él considera que está sucediendo con la figura de los gestores de paz.

Por eso, en los próximos días, espera tener en el Congreso al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al alto comisionado de paz, Otty Patiño, para que expliquen por qué “este desorden”.

Aunque el presidente Petro no es el primer mandatario que recurre a esta figura, las salidas en falso de varios de ellos sí transmiten la sensación de que las cosas no marchan bien y que pueden empeorar. Ya suenan Macaco y Jorge 40 para tener semejante rol.

Cadavid ha pasado las últimas semanas buscando información sobre cuántos gestores son, dónde están y qué hacen, pero comentó que ha sido difícil, pues las entidades se limitan a pasarse la responsabilidad de un lado a otro. Por eso, también invitó a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo.

El parlamentario enumera tres gestores de paz de distinto origen y militancia, quienes, a su juicio, representan el “caos” que rodea la figura de los gestores de paz.

De Salvatore Mancuso a Violeta Arango

El 29 de octubre, tropas del Ejército hallaron tres fábricas en el norte de Antioquia donde se producían explosivos y que operaban bajo la fachada de talleres de carpintería en la vereda El Morro, en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Según información de las autoridades, los explosivos pertenecerían a Édgar de Jesús Orrego Arango, más conocido como alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia, y quien fue designado por el Gobierno nacional como gestor de paz.

Alias Firu es el mismo que fue detenido por el Ejército en agosto, en una caravana en la que se movilizaba con otros cabecillas en vehículos de la UNP. Las autoridades hallaron más de 100 millones de pesos en efectivo, armas y a un menor de edad, quien había sido reclutado años atrás. Gracias a su designación como gestor de paz, Firu se libró de la cárcel.

Otro caso es el de Salvatore Mancuso, antiguo máximo comandante de los escuadrones de la muerte de extrema derecha que se agruparon bajo la sigla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Mancuso ha sido condenado por más de 1.500 crímenes cometidos bajo sus órdenes, aunque aún debe responder por al menos 75.000 casos más.

Entre estos crímenes se incluyen tortura, desaparición forzada, violación, masacres y quema de poblaciones. ¿Está bien que, con su sangriento historial, se suba a la misma tarima que el presidente de la república, Gustavo Petro, para intercambiar sombreros mientras las víctimas observan la escena?

Un pase para salir de la cárcel

También está el caso de Violeta Arango, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y quien, según la Fiscalía, es responsable del atentado de 2017 en el centro comercial Andino, donde murieron tres mujeres y siete personas resultaron heridas.

Ella fue capturada en abril de 2022 y fue imputada por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión.

En noviembre de 2022, se supo que se le habían levantado las órdenes de captura y que había sido nombrada gestora de paz del ELN.

El representante Cadavid preguntó: ¿Dónde está ella hoy si los diálogos con el ELN están congelados en este momento? ¿No es eso motivo suficiente para revocarle su condición de gestora de paz?

¿Cómo se define quién es un gestor de paz? 

En la actualidad, hay varios criterios generales para seleccionar a los gestores de paz. Estos ya están reglados, pero hay aspectos que quedan en la nebulosa, y es aquí donde parece estar equivocándose el Gobierno nacional.

Hay tres criterios que en teoría deberían ser esenciales a la hora de nombrar gestores de paz: la relevancia del personaje, el compromiso con el papel asignado y su autoridad.

Esta relevancia debe estar vinculada a dos o tres factores adicionales, como el compromiso real con la gestión de la paz.

Además, un gestor de paz debe tener conocimientos y autoridad, no solo en el contexto de los conflictos armados, sino también sobre las personas a quienes debe gestionar en pos de la paz.

Por ejemplo, si se nombró a Mancuso como gestor de paz, ¿qué ascendencia y qué autoridad tiene sobre el Clan del Golfo? Aquí es donde debe empezar a clarificarse el criterio: un gestor de paz, además del compromiso, el conocimiento y la autoridad, debe cumplir con el criterio de justicia.

Nombres como los de algunos exguerrilleros de las Farc, cuya designación como gestores de paz ha sido cuestionada, tampoco han cumplido con la justicia ni han formado parte de un proceso de paz cerrado.

Existe también el problema de nombrar como gestores de paz a personas que no han asumido procesos de paz acordados ni han cumplido con la justicia. Es importante reflexionar sobre este tema.

Otro problema ligado al compromiso con la justicia y a estar protegido por un acuerdo de paz serio y sostenible es la verdad, lo cual involucra a las víctimas.

Alguien que no ha dicho la verdad, que no ha cumplido con la justicia, que no tiene autoridad sobre los grupos armados ilegales que operan en el país, que no tiene un compromiso serio y usa la figura de gestor de paz para fines personales, no puede ocupar ese rol.

Los criterios de verdad y justicia están estrechamente ligados a las víctimas, quienes no aceptan a personas como Mancuso, que no les han dicho la verdad, ni a los disidentes de las Farc, que no han cumplido al país, que siguen en la guerra y abren puertas que les benefician a ellos individualmente, pero no colectivamente. Tampoco reconocen delitos precisos ni asumen responsabilidades individuales.

Es claro que los gestores de paz nombrados tienen serias falencias, y en esto se equivoca el Gobierno. Este quiere ganarse a algunos individuos para causas políticas controvertidas, como en el caso de Mancuso, quien podría revelar verdades a medias que el Gobierno usaría contra sus enemigos políticos.

Ejemplo de esto es el tema de los predios que entregó a la justicia, un movimiento cuestionado porque parecía buscar empañar la reputación de gobiernos anteriores.

El Gobierno abre la puerta a la confusión

En este contexto, resulta confuso comprender el objetivo del Gobierno al nombrar como gestores de paz a disidentes, como Firu, que no han culminado un proceso de paz y continúan delinquiendo.

Prueba de ello es el uso de vehículos de la UNP para fines económicos, criminales y de narcotráfico. Es una equivocación evidente del Gobierno nacional.

El analista Gabriel Cifuentes mencionó que, en términos estrictos, un gestor de paz debería ser un facilitador, un puente para aproximar al grupo armado al diálogo.

No es un negociador (aunque puede tener ambas calidades), y, además de ser comunicadores entre las partes, los gestores también pueden generar confianza y promover acercamientos con las comunidades.

Lo que no puede pasar es que se abuse de esta figura y se pervierta su propósito. La figura del gestor de paz no es una herramienta para que el Gobierno libere a responsables de graves violaciones de derechos humanos, como es el caso de Mancuso, ni para permitir que los beneficiarios sigan delinquiendo.

El Gobierno debería ser cuidadoso y revisar el alcance y los resultados obtenidos con esta figura. Lo de Firu, quien obtuvo la calidad de gestor de paz en extrañas circunstancias y violando los protocolos de diálogo, es una burla absoluta, dijo Cifuentes.

Un mal chiste que ofende

Estar en una fábrica de explosivos de las disidencias mientras ostenta la calidad de gestor de paz es un mal chiste. El Gobierno no debería sacrificar su credibilidad por avanzar en los procesos de paz.

En este escenario, ¿qué se debe hacer? ¿Hay que poner límites a la figura de los gestores de paz? María Jimena Escandón, especialista en Derecho Constitucional Comparado y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales en España, respondió:

“Más que limitar la figura de los gestores de paz, creada mediante la Ley 975 de 2005, lo que el presidente debe hacer es no otorgar beneficios de la norma a personas con responsabilidad penal, pues su espíritu no es amparar en la impunidad a quienes han cometido delitos, sino que sean piezas clave en el esfuerzo por lograr la paz”.

Para ella, “es un abuso y un irrespeto con los colombianos ver a delincuentes circular libremente por el país en vehículos oficiales y con dinero y armas, solo por poner un ejemplo. No es clara la finalidad que persigue el Gobierno con esta estrategia de nombrar delincuentes como gestores de paz, cuando además no han producido ningún resultado en el marco de la paz total”, agregó la experta.

En esta línea, Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte y especialista en temas de paz, opinó que, más allá de limitar la figura, el Gobierno debería comunicar claramente qué se espera de cada nombramiento y cuáles son los objetivos que se pretenden lograr con las gestiones de estas personas.

“Hoy, el lugar común en la paz total es que ha habido mucha oscuridad en cuanto a comunicación”, dijo este experto, “y por eso se percibe que pareciera que no hay un rumbo, un norte o una motivación clara en estas designaciones, lo cual ha terminado por desgastar la figura ante la opinión pública y genera especulación sobre el rol que estas personas puedan o no cumplir en las gestiones de paz”.

En conclusión, la figura de gestores de paz existe para contar con personas de organizaciones ilegales que puedan contribuir a construir procesos de diálogo y negociación gracias a su conocimiento del conflicto.

No son mansas palomas

Se asume que han cometido crímenes y delitos y, por ello, se encuentran en la cárcel. No se está hablando de inocentes.

Pero también es cierto que la condición de gestor de paz debe otorgarse a personas comprometidas con la construcción de acuerdos, ya sea porque pertenecen al grupo armado o porque alguna vez lo hicieron y pueden contribuir.

Hay diversas formas de asumir la condición de gestor de paz, siempre bajo el compromiso de contribuir a los esfuerzos de paz.

Está claro que son delincuentes y tienen responsabilidades en crímenes y que se encuentran fuera de la ley; todo esto será discutido en el debate citado por el Congreso, que debería ser agendado pronto. 

Mientras tanto, la actuación de algunos de ellos está minando la credibilidad de la paz total. Y eso para una política pública es sencillamente fatal.