El Grupo Aval aceptó su responsabilidad en el esquema de sobornos.
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La movida de Gustavo Petro que le cerraría la puerta al Grupo Aval para contratar con el Estado por 20 años
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El millonario pago de 80 millones de dólares a la justicia estadounidense relacionado con los sobornos en el caso Odebrecht, no sería la única consecuencia para el Grupo Aval. En Colombia se estudia la legislación para establecer si el conglomerado quedaría vetado para contratar con el Estado.
Por: Redacción Cambio
El conglomerado financiero Grupo Aval, propiedad del prominente empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha cerrado un capítulo legal en Estados Unidos vinculado al caso de corrupción de Odebrecht. Sin embargo, la atención ahora se centra en la posible pérdida de contratos públicos con el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que podría dejar a su filial Corficolombiana en una posición comprometida en términos de negocios con el Estado.
El acuerdo logrado por el Grupo Aval en territorio estadounidense, a cambio de aceptar su responsabilidad en el esquema de sobornos y pagar una multa de hasta 80 millones de dólares, ha servido para frenar las acciones penales en dicho país. Aunque el acuerdo inicialmente parecía 'blindar' al grupo ante cualquier inhabilitación en Colombia, la movida tendría otros resultados.
Como sugirió CAMBIO en una reciente investigación, aunque el Grupo Aval no haya cometido delitos penales a los ojos de la justicia estadounidense, aún existe la posibilidad de que la justicia colombiana sí encuentre fundamentos para sancionar.
La estrategia del Gobierno de Petro se basa en una vía legal regulada por el decreto 1358 de 2020, el cual otorga competencia a la Superintendencia de Sociedades para inhabilitar empresas a partir de la "declaratoria de responsabilidad administrativa por haber incurrido en la conducta de soborno transnacional”. Dicha declaración podría llevar a la terminación de contratos de empresas como Corficolombiana con el Estado por corrupción.
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El decreto también da potestad para pedir pruebas a otros países, es por ello que el presidente Petro ha manifestado su determinación en este asunto, instando a la Cancillería colombiana a utilizar los mecanismos de colaboración jurídica con Estados Unidos y Brasil para evaluar los daños y reparaciones que se habrían generado contra el Estado colombiano.
La directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, también le explicó a CAMBIO que "la Agencia desde el marco de sus competencias legales y reglamentarias, viene interviniendo en los procesos penales, para que el Estado sea reconocido como víctima y se dé aplicación a la Justicia Restaurativa", lo que muestra el interés del gobierno para sancionar a la compañía. Cabe señalar que, según la ley anticorrupción el delito puede incluso llevar a la inhabilitación de empresas por hasta 20 años para contratar con el Estado.
La incertidumbre que rodea a Corficolombiana y sus importantes proyectos de infraestructura, como concesiones viales y aeroportuarias por billones de pesos, ha generado preocupaciones en el sector empresarial y económico. El temor radica en el posible impacto negativo en los avances de la infraestructura del país y en la generación de empleo.
La situación también ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre el Gobierno de Petro y el poder económico representado por los conglomerados empresariales más influyentes del país. En medio de desplantes y diferencias, el presidente Petro busca establecer un acuerdo nacional con los empresarios, a pesar de las dificultades que ello conlleva
