¿Podrá el Grupo Aval volver a contratar con el Estado?

El pasado 14 de abril, el Grupo Aval le presentó a la Security Exchange Comission (SEC), su informe anual de estados financieros. En el documento, de 207 páginas, conocido por CAMBIO, los ejecutivos de Aval enumeraron los riesgos contables que el grupo enfrenta.

Según el informe, una de las principales fuentes de riesgo proviene de los resultados de las investigaciones adelantadas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por sobornos y prácticas corruptas en el proyecto Ruta del Sol II: “Dichas investigaciones y procedimientos, que son objeto de una amplia cobertura mediática e interés político en Colombia, también podrían tener importantes consecuencias colaterales para nuestra empresa y nuestras subsidiarias, incluidas multas o sanciones, daño a la reputación, pérdida de clientes y negocios, la incapacidad de ofrecer ciertos productos y servicios, la inhabilitación o pérdida del permiso para operar ciertos negocios por un período, la difusión de información potencialmente dañina que pueda salir a la luz en el curso de las investigaciones y procedimientos y otros efectos adversos directos e indirectos. La gerencia deberá continuar dedicando una cantidad considerable de tiempo y atención a resolver tales asuntos, lo que podría impedirle concentrarse en nuestros negocios principales”.

Hoy se sabe que el panorama descrito por los ejecutivos de Aval tiene enormes probabilidades de hacerse realidad, y que los acuerdos de colaboración suscritos con la SEC y el Departamento de Justicia no representaban el fin de un capítulo, tal y cómo lo anunciaron algunos comentaristas, sino el comienzo de un largo y quizá muy costoso proceso.