¿Podrá el Grupo Aval volver a contratar con el Estado?

El pasado 14 de abril, el Grupo Aval le presentó a la Security Exchange Comission (SEC), su informe anual de estados financieros. En el documento, de 207 páginas, conocido por CAMBIO, los ejecutivos de Aval enumeraron los riesgos contables que el grupo enfrenta.

Según el informe, una de las principales fuentes de riesgo proviene de los resultados de las investigaciones adelantadas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por sobornos y prácticas corruptas en el proyecto Ruta del Sol II: “Dichas investigaciones y procedimientos, que son objeto de una amplia cobertura mediática e interés político en Colombia, también podrían tener importantes consecuencias colaterales para nuestra empresa y nuestras subsidiarias, incluidas multas o sanciones, daño a la reputación, pérdida de clientes y negocios, la incapacidad de ofrecer ciertos productos y servicios, la inhabilitación o pérdida del permiso para operar ciertos negocios por un período, la difusión de información potencialmente dañina que pueda salir a la luz en el curso de las investigaciones y procedimientos y otros efectos adversos directos e indirectos. La gerencia deberá continuar dedicando una cantidad considerable de tiempo y atención a resolver tales asuntos, lo que podría impedirle concentrarse en nuestros negocios principales”.

Hoy se sabe que el panorama descrito por los ejecutivos de Aval tiene enormes probabilidades de hacerse realidad, y que los acuerdos de colaboración suscritos con la SEC y el Departamento de Justicia no representaban el fin de un capítulo, tal y cómo lo anunciaron algunos comentaristas, sino el comienzo de un largo y quizá muy costoso proceso.

Atendiendo la orden impartida por el presidente Petro, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ofició al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos, requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana. 

Primero, los estudios jurídicos

La solicitud vía diplomática de las sentencias es solo el inicio de un complejo y exigente trabajo jurídico. El paso a seguir consiste en analizar los alcances de las leyes colombianas en materia de contratación y lucha contra la corrupción, en particular el literal 3 del artículo 8 del Estatuto General de Contratación, que define las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado y que dice lo siguiente:

“Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional.
Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria”.

El artículo parece encajar perfectamente con la condición del Grupo Aval y su filial Corficolombiana, luego de que suscribieran un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal de Maryland, y también con la SEC.

En el acuerdo, el Grupo Aval admitió haber pagado 23 millones de dólares en sobornos en Colombia y se comprometió a pagar una suma cercana a los 80 millones de dólares a las agencias que los investigan, con la condición de colaborar con la justicia  durante los próximos tres años. La no imputación de cargos está supeditada al cumplimiento de los acuerdos.

El equipo jurídico de la nación está trabajando en el análisis de dicho acuerdo y debe establecer su validez a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y si es de obligatorio cumplimiento para las autoridades colombianas.

El grupo de juristas también analiza los efectos que dicho acuerdo tendrá a tres años en dos escenarios: si la Fiscalía de Maryland archiva o si continúa con la acusación.

También deberán hacer un análisis sobre la estructura corporativa de Corficolombiana, personas jurídicas vinculadas, filiales, matrices, sucursales, etcétera. Otro punto clave será establecer todos los contratos vigentes de los que sean parte Corficolombiana y las empresas vinculadas al Grupo Aval.

La posible inhabilidad que se le viene encima al Grupo Aval

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiran a celebrar contratos con el Estado deben estar inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP) de las Cámaras de Comercio. Con el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),el país adquirió nuevos compromisos en la lucha contra el delito organizado transnacional. En ese sentido, las agencias del Estado deberán publicitar las decisiones proferidas por autoridades extranjeras en materia de corrupción.

Tal y como quedó establecido en el Decreto 1358 de 2020, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado está en la obligación de exigirle a las Cámaras de Comercio que inscriban en el RUP la inhabilidad de las empresas sancionadas en el extranjero para participar en licitaciones y celebrar contratos con Estado.

En el caso de que las empresas incurran en una inhabilidad sobreviniente, que es el caso que se está tratando de establecer con el Grupo Aval y Corficolombiana, el contratista deberá ceder sus contratos a un tercero.

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le explicó a CAMBIO que el análisis que adelantan sobre una posible inhabilidad sobreviniente al Grupo Aval, tiene que ver con los esfuerzos para que el Estado sea reconocido como víctima en procesos de corrupción: "La Agencia desde el marco de sus competencias legales y reglamentarias, viene interviniendo en los procesos penales, para que el Estado sea reconocido como víctima y se dé aplicación a la Justicia Restaurativa. Además da aplicación a la Ley 2195 de 2022, a través de las acciones de reparación directa encaminadas a la recuperación, a resarcir el daño causado al patrimonio del Estado con ocasión de actos de corrupción. 
Adicional a ello, ha buscado la implementación del Capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, en compañía de la Unodc. Tenemos un proyecto con la ONU para la capacitación en corrupción Internacional".

El tema no es menor. El Grupo Aval es uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia y lidera la banca tradicional. Corficolombiana es el accionista mayoritario en ocho concesiones viales y dos aeroportuarias, hace parte de los consorcios que construyen vías de cuarta generación y tiene inversiones en Promigas y el Grupo de Energía de Bogotá.