Las millonarias demandas a las que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tiene que ponerles la cara

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene a su cargo el diseño e implementación de las estrategias jurídicas de defensa de la Nación en los mulmillonarios pleitos que enfrenta. Cuando los fallos son adversos, los recursos salen de los impuestos de los colombianos, así de sencillo. 

En las últimas horas trascendió la renuncia de la abogada Martha Lucía Zamora a la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Zamora es una experimentada abogada que se ha desempeñado como fiscal general encargada, secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, procuradora delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

El lío de los pasaportes

La renuncia de Zamora se dio en medio de una controversia entre la abogada y el canciller Álvaro Leyva, quien la habría tratado de manera desobligante en la Casa de Nariño. Tres fuentes le confirmaron estos hechos al periodista Daniel Coronell. Sin embargo, el canciller Leyva los niega. Las desavenencias entre el canciller y la ahora exdirectora de la Agencia tienen de fondo la forma en que el Estado enfrentará un litigio que se avecina con la empresa Thomas Greg and Sons.

La firma, que anteriormente tenía el contrato para la fabricación de pasaportes, convocó a una audiencia de conciliación con el Estado. Este es un paso previo a una demanda que proyectan interponer en contra de la Nación por 120.000 millones de pesos.

La firma multinacional, de origen británico, considera que el ministerio de Relaciones Exteriores les causó los millonarios daños al declarar desierto un proceso licitatorio para la fabricación de pasaportes, en el que la firma había obtenido la calificación más alta.

Dicha licitación fue declarada desierta el pasado mes de septiembre. El proceso estuvo lleno de tropiezos, entre los que se cuenta una suspensión por cerca de un mes y el aplazamiento en tres oportunidades de la audiencia de adjudicación.

La Cancillería tomó la decisión de declarar desierta la licitación porque a ella solo se había presentado un oferente. El presidente Gustavo Petro insistió en que en el país no puede haber licitaciones con un solo oferente, pero la ley 80 lo permite. Así se lo explicó a CAMBIO Mario Ernesto García, abogado con maestría en Derecho Público de la Universidad de los Andes:  “En el artículo 24 de la ley 80 se dice claramente que, cuando quede un solo proponente, la entidad contratante tendrá que adjudicarle. Infortunadamente, lo que está proponiendo el señor presidente es ajeno a la legislación colombiana, al ordenamiento jurídico. Por regla, las entidades públicas no concilian, pero hay unos casos, como en este, en que la idea es que el Estado pague lo menos posible”.

La posición de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado era que había que conciliar con Thomas Greg, porque existen altas probabilidades de que el Estado pierda el litigio. Según lo refirió el periodista Daniel Coronell, el canciller le habría dicho a Martha Lucía Zamora lo siguiente: “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”.

Las millonarias demandas contra la Nación

En la eventualidad de que Thomas Greg inicié un litigio contra el Estado y lo gané, los recursos saldrán de los impuestos de los colombianos. Actualmente, el Estado colombiano enfrenta demandas que superan con creces el presupuesto de la Nación.

Diez entidades encabezan este ranking, con 269.309 demandas cuyas pretensiones económicas superan los 616,6 billones de pesos. El presupuesto de la Nación para 2023 fue de 502,5 billones.

Las entidades con más demandas son las siguientes: