Thomas Greg pide que le adjudiquen el contrato de los pasaportes o que le paguen millonaria compensación

Desde hace varios meses el Ministerio de Relaciones Exteriores viene discutiendo con la firma Thomas Greg, a la que el Estado colombiano le había dado el contrato de impresión de pasaportes por 18 años.

Para el gobierno Petro la empresa no podía ser elegida nuevamente debido a que se estaba violando los principios que se deben seguir en los concursos para adjudicar los contratos, porque era la única compañía que cumplía con todos los requisitos.

Finalmente, la disputa parecía haber acabado cuando el canciller Álvaro Leyva comunicó que, como medida de emergencia, para cumplir con los tiempos de impresión y no atrasar los procesos de adquisición de pasaporte a los colombianos, se le extendería a Thomas Greg por un año el contrato, mientras la cartera de Relaciones Exteriores replanteaba los criterios de contratación y volvía a sacar el pliego oficial para llevar a cabo el concurso.  

Recomendado: Gobierno estudia la opción de pagar a quienes denuncien compra de votos

Sin embargo, la firma inició un proceso de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual pretenden que el Gobierno la compense con la suma de 107.507.163.000 pesos, por la afectación económica que le trajo la decisión de la Cancillería de no renovar el contrato y por el "daño reputacional sufrido".

Uno de los argumentos usado por Thomas Greg es que pese a cumplir los requisitos, la cartera liderada por Álvaro Leyva decidió no adjudicarlo: "El 13 de septiembre de 2023, a pesar de que la UT Pasaportes 2023 se encontraba plenamente habilitada como proponente en la licitación y había obtenido el puntaje necesario para ser adjudicataria, en contra de la recomendación realizada por el Comité de Evaluación, el Ministro profirió la Resolución 7485 mediante la cual declaró desierto el proceso de licitación, notificando la misma en estrados". 

Otro de los motivos que menciona la empresa es que el Estado, según la ley, no puede tomar la decisión de declarar desierto un proceso como ese por "razones de simple conveniencia de la entidad". 

Recomendado: Los contratistas que aportaron a la campaña de Juan Carlos Upegui en Medellín

Finalmente, el documento entregado, la firma de Thomas Greg concluyó, asegurando que si no se logra una conciliación en esta instancia, la compañía demandará ante el contencioso administrativo para solicitar la respectiva nulidad y el restablecimiento del derecho.