Exclusivo: las pruebas de la corrupción en una de las EPS que sigue intervenida por el Gobierno

Hace apenas unos días, el país se sorprendió con el comunicado de la Superintendencia de Salud que denunciaba presuntos hechos de corrupción en cuatro Empresas Promotoras de Salud (EPS) que operan en Colombia, tres de ellas intervenidas por el Gobierno nacional. 

Según el ente de control, en la empresa Coosalud, que no está intervenida, así como en Emssanar, Asmet Salud y SOS EPS, cuyos agentes interventores fueron designados por la administración actual, estarían dándose varias irregularidades, entre las cuales se cuentan pagos sin justificación o con sobrecostos, confabulación para la entrega de contratos y favorecimiento a algunos prestadores del servicio de salud.

Uno de los temas más graves en la información que divulgó la superintendencia se relaciona con la supuesta influencia del señor Mario Andrés Urán, un famoso lobista y empresario de la salud, cuyo nombre ha sido relacionado con importantes figuras políticas en el país. Hoy Urán es quien maneja los hilos en el sector. 

Según la SuperSalud, desde su cargo como asesor en Coosalud, Urán sería la persona que "lideró el direccionamiento de los contratos a las mismas IPS por parte de las tres EPS que actualmente están intervenidas". 

Aunque la entidad no dio más detalles de lo que ocurre en las EPS mencionadas, hace unos meses Luis Carlos Leal, superintendente de salud, ordenó a su equipo adelantar una investigación profunda en cada una de esas compañías. Lo que se encontró ha sorprendido al sector, ya que se trataría de un nuevo escándalo de apropiación ilegal de los recursos de la salud en Colombia. 

Los resultados de las inspección fueron plasmados en un informe que ya está en manos de las autoridades de control, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Aunque desde julio se hicieron las primeras advertencias sobre lo que ocurría, el superintendente Leal terminó la indagación el pasado 22 de octubre. Apenas unos días después, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, le pidió la renuncia al funcionario. 

CAMBIO conoció las pruebas que evidenciarían los hechos irregulares que se encontraron en una de las EPS que hoy está en el ojo del huracán: Emssanar, una de las más grandes del régimen subsidiado, que opera en el suroccidente colombiano y tiene más de 1.700.000 afiliados en 102 municipios de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. 

Debido a los problemas financieros, Emssanar fue sometida a un proceso de intervención forzosa en mayo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque.

Hoy, las pruebas indican que el último de los tres interventores, nombrado por la administración actual hace cinco meses, no subsanó la situación; por el contrario, sería uno de los protagonistas del presunto desfalco, ya que según testimonios recogidos por este medio, "llegó a ordeñar la entidad".

El interventor de Emssanar 

César Augusto Sánchez Gutiérrez es el nombre del agente interventor de la EPS Emssanar que el superintendente Luis Carlos Leal nombró el pasado 3 de mayo de 2024. Su nombre no es conocido por la opinión pública pero sí en el sector de la salud. Sánchez ha gerenciado empresas prestadoras del servicio, ha estado al frente de clínicas y hospitales y también ha liderado procesos en otras EPS del país. 

Esa experiencia lo acreditaba para reemplazar al anterior interventor, Luis Carlos Arboleda, quien duró un año tratando de arreglar la situación económica de Emssanar. 

Aunque fuentes de la empresa aseguran que no era necesario hacer ese cambio, porque con la gestión de Arboleda la intervención estaba logrando buenos resultados, el superintendente Leal le dijo a CAMBIO que, por el contrario, era urgente el ajuste, pues no se estaban generando los pagos a los acreedores y los prestadores estaban desesperados. 

El funcionario, sin embargo, también aseguró que nadie le dio la orden ni le sugirió hacer ese nombramiento. Lo cierto es que sí existen vasos comunicantes que llaman la atención. 

Por ejemplo, este medio pudo establecer que César Sánchez fue director territorial de Caprecom en Tolima en las mismas fechas en que el presidente de esa EPS era Mario Andrés Urán, a quien ahora se le relaciona con los presuntos hechos de corrupción en Emssanar y en las otras EPS que se pidió investigar fiscal, disciplinaria y penalmente. 

A eso se le suma que Sánchez, aunque es oriundo de Florencia, Caquetá, ha trabajado muchos años en Tolima. Allí conoció al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de quien se hizo amigo. Esa cercanía, según el relato de testigos que hablaron con CAMBIO, es algo que Sánchez les suele recordar a los funcionarios de Emssanar. 

Aún así, el superintendente Leal dice que no conoce ese vínculo e insiste en negar que su jefe le haya entregado la hoja de vida del amigo.

En contraste, durante la investigación que hizo la superintendencia, también se revisó la influencia de Mario Andrés Urán en el nombramiento de los interventores en las tres EPS involucradas en este nuevo caso, incluyendo a César Sánchez Gutiérrez. La razón es que, según los correos y audios revelados por Caracol Radio, esos agentes le han entregado reportes a Urán sobre pagos, postulaciones, puestos de mando unificados y otros asuntos relacionados con la administración de cada empresa. 

Los contratos direccionados en Emssanar 

Solo una semana después de llegar al cargo de interventor de Emssanar, César Sánchez empezó a repartir contratos y a desembolsar recursos a las IPS que estaban esperando el giro de los presupuestos máximos por parte de la Adres, el cual solo llegó cuando el nuevo agente se posesionó en Emssanar. 

La Superintendencia de Salud descubrió varias irregularidades en esos procesos y las pruebas, que están en poder de CAMBIO, ya las conocen los organismos de control. 

En primer lugar, para el caso de Emssanar, se identificó la asignación de recursos a cinco operadores que venden material de osteosíntesis o de ortopedia. La entidad hizo un análisis de los giros que se hicieron para ese propósito entre enero y junio de 2024, es decir, antes de que llegara el interventor Sánchez. Encontró que el promedio de los pagos era de 3.115 millones de pesos. 

No obstante, a partir del sexto mes del año, cuando César Sánchez ya estaba a la cabeza de Emssanar, esos pagos superaron los 5.200 millones de pesos. Esto significa que se empezaron a pagar 2.200 millones de pesos adicionales en otros contratos que entregó el supervisor a tres proveedores nuevos. 

Uno de esos proveedores es Maca Supply, una empresa que hasta el 9 de mayo de este año era representada por el coterráneo y amigo de Sánchez, Camilo Méndez, quien no solo se ha beneficiado con ese contrato, pues el mismo día en que Méndez renunció a la representación legal de la empresa proveedora de material de ortopedia, firmó un nuevo acuerdo con Emssanar para brindar a la EPS asesoría jurídica y financiera a través de otra compañía de su propiedad llamada Crono Investment.

En el caso de Maca Supply, después de revisar la documentación aportada por la EPS, la auditoría que hizo la SuperSalud encontró que el proveedor no demostró experiencia previa a la firma del contrato con la entidad de aseguramiento en salud. 

Por ejemplo, aportaron un certificado, al parecer generado por un prestador de soluciones de rehabilitación integral que no existe o que no tiene registro como persona jurídica. También dijeron que trabajaron con un proveedor logístico de Neiva llamado Disgesa, pero en la página web de esa firma no se evidencia que oferte servicios del material de osteosíntesis. 

Por si fuera poco, para poder acreditar experiencia, Maca Supply entregó un certificado diligenciado por ellos mismos en relación a un contrato que presuntamente tienen con la Nueva EPS desde el 1 de febrero de 2024. Sin embargo, ese documento no tiene validez, justamente porque no lo hizo la Nueva EPS sino que lo elaboró la propia Maca.

Con Crono Investment, la otra empresa de Camilo Méndez que Emssanar contrató, lo que más llama la atención es la plata que le pagaron por la asesoría: 780 millones de pesos por solo tres meses de trabajo y aún cuando en la EPS hay 120 personas contratadas directamente, encargadas de los procesos jurídicos en la compañía. 

Disgesa, el proveedor ya mencionado por un supuesto contrato con Maca Supply, también es contratista directo de Emssanar gracias a las gestiones de César Sánchez. CAMBIO conoció que esa empresa de Neiva, Huila, ha firmado cuatro procesos por 11.990 millones de pesos para que suministre a la EPS medicamentos y dispositivos para los afiliados que sean pedidos por demandas, tutelas o PQR existentes. 

En agosto de este año, esa empresa debía suministrarle un medicamento oftalmológico a la EPS, pero al tratarse de un producto vital no disponible, que tiene una regulación especial y, por ende, no cuenta con autorización para venderse en el país, a la fecha no han podido entregarlo. A pesar de no haber recibido uno solo de esos medicamentos por parte del proveedor, Emssanar ya le habría girado 190 millones de pesos.

La Superintendencia de Salud también resaltó, en el informe conocido por CAMBIO, que el interventor César Sánchez ha tercerizado las funciones que son de su resorte en empresas privadas como Aurora en Salud y Novam SAS, que fueron contratadas para “negociar” medicamentos, IPS, gestoras farmacéuticos y hasta operadores logísticos. El contrato con Aurora en Salud, al que pudo acceder este medio, es por 300 millones de pesos. Esa firma, de acuerdo con rastreos que ha hecho la superintendencia, tendría vínculos con el señor Mario Andrés Urán. 

CAMBIO tiene un documento exclusivo en el que se puede ver que en varios de los contratos que han entregado algunas de las EPS investigadas a prestadores del servicio de salud aparece el nombre del señor Mario Andrés Urán, ya sea como miembro de los comités administrativos, proveedor o asesor. 

En esa misma radiografía, se evidencian vínculos comerciales de Urán con las empresas del Grupo Patria que, según Caracol Radio, tiene domicilio en Islas Caimán, un famoso paraíso fiscal. 

Finalmente, hay otro acuerdo que también llama la atención. Se trata de una orden de prestación de servicios que Emssanar le dio a la señora Indira Ocando por 180 millones de pesos también para prestar asesoría y realizar labores administrativas y de seguimiento institucional. Ocando es otra de las personas mencionadas en el comunicado de la denuncia que publicó la Superintendencia de Salud como una de las fichas de Mario Andrés Urán al interior de las EPS involucradas. 

¿Qué responden los implicados? 

CAMBIO buscó a los protagonistas de esta historia para conocer su versión de los hechos. En primer lugar, el superintendente Luis Carlos Leal le reconoció a este medio que él escogió los interventores de las EPS que hoy protagonizan el escándalo, pero lo hizo después de evaluar varios perfiles y concluir que las hojas de vida de ellos eran idóneas.

Sin embargo, aclaró que tan pronto se dio cuenta de las irregularidades inició las investigaciones, fue él quien quien hizo las denuncias: “No dejé que esas personas siguieran al garete haciendo lo que quisieran. Por eso le pido a las autoridades que investiguen a profundidad los casos”, dice. 

Eso sí, Leal negó que su relación con el ministro Jaramillo pase por un mal momento. Sobre su salida de la superintendencia, dijo que se trata de un enroque que quiso hacer el alto gobierno. Aunque no tiene mucha información sobre las razones de esos movimientos, por ahora no sale del ejecutivo, ya que fue nombrado director del Instituto Nacional de Salud.

CAMBIO también buscó a Mario Andrés Urán, pero nos puso en comunicación con su abogado Andrés Garzón, quien confirmó que su cliente se presentó voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación para aclarar y entregar las explicaciones sobre su relación con las EPS denunciadas por el superintendente de salud. 

El defensor aseguró que no es cierto que Mario Andrés Urán influyera directamente en los pagos que han realizado las EPS a varios de sus acreedores. Explicó que se trata de una persona experta en el sector de la salud y debido a sus conocimientos lo contratan como asesor y le consultan la forma en que deben mejorarse los indicadores. 

Por medio de esas asesorías, Urán se ha vinculado a cada una de las EPS intervenidas y mencionadas en las denuncias. Según Garzón, no existe otra relación más allá de esos servicios prestados que, en algunos de los casos, le han dado la facultad para incluso hacer la validación sobre las postulaciones de pagos en las empresas promotoras de salud.

Al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al agente interventor de Emssanar, César Augusto Sánchez, también se les contactó pero hasta el momento no han dado alguna respuesta sobre las denuncias. 

No obstante, al parecer el interventor Sánchez sí está tomando todas las precauciones para evitar que la información salga de la EPS que maneja. CAMBIO conoció este documento que le están haciendo firmar a los trabajadores de la compañía para que no divulguen, revelen, exhiban, muestren, comuniquen o utilicen documentos internos, los cuales deben mantener en la confidencialidad. ¿Qué es lo que quieren ocultar?