Las razones de la JEP para vincular a la familia Mattos con desapariciones y el paramilitarismo

La Jurisdicción Especial para la Paz tomó una decisión crucial: le pidió a la Fiscalía General que investigue a los empresarios José y Carlos Mattos por su presunta participación en hechos de desaparición forzada, tortura y homicidio de los líderes del pueblo arhuaco Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro, perpetrados a finales de los años noventa, así como la tortura de la que fueron víctimas los indígenas José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro.

La razón de la compulsa se centra en testimonios recopilados por la JEP que apuntarían a que, presuntamente, en una casa en Valledupar de la familia Mattos habrían estado secuestrados y sometidos a tortura a los tres Mamos Arhuacos, y que en un apartamento que sería de propiedad de un señor de nombre Carlos Mattos en la ciudad de Valledupar se alojaban dos de los presuntos responsables de esos hechos: el mayor Luis Fernando Urrego Ávila y un hombre identificado como Wilson Ramírez, conocido con el alias de Jhon Ramírez.

Todo esto remonta al secuestro de que fue víctima José Mattos Liñán, perpetrado por desconocidos que pedían cinco millones de pesos. Los testimonios de varias personas, como Reinaldo Malaver y el coronel Luis Fernando Duque, apuntan a que un integrante de la familia le contó que supuestamente los líderes indígenas tenían información del secuestrado y, por eso, el bus en el que iban fue interceptado el 29 de noviembre de 1990 y se los llevaron a una casa de la familia.

Duque dijo que José Mattos Bolívar, familiar del secuestrado, lo invitó a comer al día siguiente y allí vio a los tres indígenas custodiados. La decisión de la JEP tiene en cuenta que en la familia Mattos hay varias ramificaciones, por así decirlo, ya que Carlos Mattos Lacouture y Francia Liñán de Mattos tuvieron once hijos, siendo el mayor Eduardo Mattos Liñán. Aparte, está la familia de los Mattos Barrero, hermanos de su papá.

José Mattos, el que sufrió el secuestro, dijo que tiene un tío que se llama José Bolívar Mattos, quien se casó con una señora de apellido Barrero, y que ellos son los padres de su primo hermano Carlos Mattos Barrero, asociado a la casa Hyundai en Colombia. Ante la confusión de nombres, serán las autoridades las que aclaren quiénes son los integrantes de la familia que estarían involucrados en estos crímenes.

"Como se aprecia, varios testigos son coincidentes en señalar que algunos integrantes de la familia Mattos intervinieron en reuniones donde supuestamente se coordinaron las acciones y pagos de recompensas que llevaron a los crímenes contra los tres Mamos Arhuacos y los hermanos Villafañe. Luego, que estas personas habrían participado directamente en las acciones ilegales pues presuntamente estuvieron presentes, coordinando y liderando la retención de las víctimas en una casa de la familia en Valledupar. A esto se suma que, al parecer, un inmueble (casa) de propiedad de la familia Mattos fue destinado a la comisión de los delitos de secuestro y tortura a los Mamos Arhuacos y otro, de propiedad del señor Carlos Mattos (cuya identidad está por determinar), presuntamente fue destinado a brindar alojamiento a miembros de estructuras paramilitares", dijo la JEP en su decisión.

El militar Luis Fernando Urrego Ávila aseguró que en las reuniones de seguridad en las que él estuvo presente en Valledupar participaron los señores José Mattos y Carlos Mattos para hablar del secuestro de su familiar; que este último, para la fecha de los hechos, tenía 30 o 35 años y también era el dueño del apartamento donde varias veces él se alojó con el señor Jhon Ramírez. Estos mismos nombres, José Mattos y Carlos Mattos, fueron referidos por el exparamilitar José del Carmen Gelves Albarracín,  conocido como 'El Canoso', como partícipes de las reuniones de seguridad.

La decisión de la JEP señala que la Fiscalía será la que debe individualizar con claridad quienes son los señores José y Carlos Mattos mencionados y su presunta responsabilidad en estos crímenes.  Además, también les compulsó copias por el delito de concierto para delinquir dada la presunta conformación, patrocinio y promoción de estructuras paramilitares en el departamento del Cesar. La defensa del empresario Carlos Mattos, conocido por ser dueño de la casa automotriz Hyundai en Colombia, emitió un comunicado aclarando que el Carlos Mattos al que se refieren las publicaciones derivadas a la compulsa de copias de la JEP, a un homónimo.   

Según las investigaciones, los líderes indígenas estuvieron secuestrados tanto en propiedades de la familia Mattos como en la hacienda Bethania, de propiedad del empresario Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, contra quien también se compulsó copias.

Además, se pidió una investigación por su posible participación en delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir dados los hallazgos de fragmentos óseos correspondientes a seres humanos encontrados en la hacienda de su propiedad, como resultado de la medida cautelar solicitada por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, tras su negativa durante más de un año a que dicha unidad llevara a cabo la actuación humanitaria en la hacienda.

"Esta compulsa de copias se remite en consideración a los hallazgos en el predio, a la inicial oposición de su dueño y a las posibles alteraciones en el terreno evidenciadas en la intervención forense. Finalmente, por la presunta conformación, patrocinio y promoción de estructuras paramilitares en el departamento del Cesar", señala la decisión.

Acá también se pidió investigar, si está con vida, al hacendado Alfonso Macías y a Wilson Ramírez, alias Jhon Ramírez, su jefe de seguridad y quien es señalado por la JEP de ser el ejecutor del crimen. También se compulsaron copias a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación sobre la hacienda Bethania, ubicada en El Copey (Cesar), de propiedad de Luis Alberto Restrepo. En ese lugar presuntamente se alojaron autores materiales de los crímenes investigados. Además, fue base de operaciones de grupos paramilitares y donde habrían tenido secuestrados a los Mamos arhuacos, antes de ser asesinados.

"En relación con las propiedades de la familia Mattos, presuntamente utilizadas para la comisión de delitos, estas serían una casa —al parecer, de propiedad de Eduardo Mattos Liñán— ubicada cerca de la plaza Alfonso López de Valledupar, teniendo en cuenta que allí habrían sido llevados inicialmente los Mamos Arhuacos luego de su retención por grupos ilegales. Y un apartamento —al parecer, de Carlos Mattos— ubicado en un edificio en inmediaciones del río Guatapurí, en Valledupar, pues habría servido de alojamiento a los presuntos ejecutores materiales de los crímenes", dijo la JEP.