Los límites del “mandato popular” de Gustavo Petro

“El mandato popular que recibí de mis electores y electoras es el del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo”, tuiteó el presidente Gustavo Petro el pasado 27 de febrero.

Su mensaje se dio en medio de una lluvia de críticas a la reforma a la salud, que cuenta con una desaprobación del 49 por ciento, según Datexco. La creciente resistencia en contra de la iniciativa no ha disuadido al jefe de Estado, quien insiste, como lo confirma su trino, que su deber es cumplir “el mandato popular” que le fue entregado por sus 11'281.013 votantes. En su criterio, las reformas deben tramitarse y aprobarse por  este "mandato popular", por lo que ha estado dispuesto a cambiar todo su gabinete y romper la coalición de gobierno si se le atraviesan en la consecución de su propósito.

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Pero algo falla en la lógica de Petro. Es común que los presidentes —en las democracias— sufran traspiés durante el trance de materializar sus propuestas de campaña. Pasa incluso en el régimen más icónico de Occidente, Estados Unidos.

En los primeros 100 días de su mandato, Joe Biden presentó el Build Back Better Act (Ley para reconstruir mejor, en español), que contemplaba medidas relacionadas con el cambio climático, ayuda familiar y la expansión de la atención en salud. A pesar de sus intenciones, y al hecho de que había derrotado recientemente a Donald Trump en las elecciones, la norma fue rechazada y obligó al mandatario demócrata a enfocarse en la estructuración de una nueva iniciativa. Un año después consiguió que el Inflation Reduction Act (Ley para reducir la inflación, en español) fuera aprobado e incluyera ciertas medidas del primer proyecto fallido.

En Colombia sucede un fenómeno similar. Apenas aterrizó en la Casa de Nariño, en 2018, Iván Duque presentó objeciones a la ley estatutaria de la entonces naciente Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una de sus principales banderas en campaña fue la oposición a los acuerdos de paz firmados por su antecesor, así que tenía sentido que destinara esfuerzos para desarmar la justicia transicional que surgió tras lo pactado en La Habana. Aunque traía consigo el envión de la victoria —con la votación más alta de la historia en ese momento— y estrenaba coalición, sus objeciones no contaron con el apoyo necesario en el Congreso y, luego de una discusión jurídica sobre las mayorías requeridas, la Corte Constitucional confirmó su fracaso. El presidente que fue elegido bajo la consigna de revertir los acuerdos tuvo que lidiar con que los otros poderes del Estado no lo secundaran en esa misión.

Juan Manuel Santos vivió una situación parecido. Su reelección en 2014 se dio, en buena medida, gracias a su promesa de llevar a feliz término las conversaciones que adelantaba con los líderes de las Farc. La segunda vuelta, que lo enfrentó al uribista Óscar Iván Zuluaga, se leyó como una disputa entre la continuación de los diálogos con la insurgencia y el regreso de la seguridad democrática. Su triunfo fue un espaldarazo vital para que dos años más tarde, en octubre de 2016, se convocara un plebiscito con el objetivo de revalidar la confianza en el proceso de paz. Contra todo pronóstico, el resultado fue adverso y el 50,21 por ciento de los votantes no respaldó el acuerdo final para la terminación del conflicto.

Algunos analistas atribuyen esa derrota al desinterés de los gamonales regionales, quienes no se comprometieron con la promoción del ‘Sí’ al no obtener ningún beneficio burocrático a cambio. Independientemente de que más adelante encontró la forma de poner en marcha lo acordado sin tener que recurrir al apoyo popular, Santos se enfrentó a la realidad de que algunos de sus aliados y buena parte de la ciudadanía no estuvieron satisfechos con el producto final que entregó después de varios años de negociaciones, aunque antes lo habían preferido por encima de Zuluaga. 

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Tanto Duque como Santos ganaron unas elecciones y los colombianos apostaron por su agenda de gobierno. Ese apoyo popular en las urnas, sin embargo, no se tradujo en un cuatrienio libre de obstáculos para que todas sus iniciativas fueran aprobadas. Todo lo contrario: ambos expresidentes, quizá Santos con más éxito que Duque, contaron con mayorías en Cámara y Senado, pero tuvieron que llegar a consensos con las diferentes fuerzas políticas para tramitar sus reformas y propuestas. También tuvieron que afrontar el rechazo ocasional de la misma ciudadanía que los eligió. Sus derrotas se justifican en un principio básico de la democracia: los pesos y contrapesos. 

CAMBIO conversó con Sergio Guzmán, fundador de la firma Colombia Risk Analysis, y Mauricio Jaramillo, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, quienes analizaron la actual postura de Gustavo Petro y dieron un diagnóstico de los límites del mandato popular que hoy lo lleva a perseguir las reformas a toda costa.

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“El mandato popular permite que una persona proponga y adelante una serie de reformas por la vía legislativa y los canales oficiales, pero no es un cheque en blanco. Petro ganó en segunda vuelta porque tuvo una coalición de partidos tradicionales que le dieron una oportunidad de gobernar, pero no le dijeron ‘gobierne como usted quiera’”, señaló Guzmán.

En su criterio, a la administración Petro le está costando comprender dinámicas intrínsecas de la política, como es ceder o desistir ante ciertas intenciones, y repite los errores que cometió cuando gobernó Bogotá entre 2012 y 2015. “Ahora en el gobierno están bravos porque los partidos no les pasan las reformas como las venían concibiendo desde campaña. Ha habido moderación del gobierno en algunos proyectos, como en la tributaria y la pensional, pero hay otros en los que no quieren moderarse, como la reforma de salud”, agregó.

El mandato popular del presidente, para Jaramillo, no es absoluto y lo obliga a sentarse a dialogar con vertientes políticas diferentes a la suya. Es decir, aunque lo eligieron para liderar el Ejecutivo, también el Congreso fue elegido por los colombianos y son dos instituciones que cuentan con legitimidad y poder, así que deben coexistir.

“El mandato popular es relativo. Petro gana las elecciones con una mayoría absoluta, que es la mitad más uno, pero no tiene mayoría absoluta ni en el Senado ni en la Cámara. Uno de los límites naturales de su rol es que necesita hacer concesiones para que lo apoyen congresistas de otros partidos. Sus limitaciones surgen de la necesidad de contar con apoyos. Petro no gobierna solo y no gobierna solo el Pacto Histórico”, explicó.

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Asimismo, comparó la gobernabilidad del mandatario con la de otros líderes de la región que contaban con perfiles similares. “Hay una gran diferencia entre la Colombia de Petro respecto a las izquierdas que gobernaron en Venezuela, Ecuador y Bolivia a comienzos de siglo. Los movimientos de Chávez, Correa y Morales tenían capacidad para llevar a cabo las reformas ellos solos. Estos líderes estaban refundando su país. Petro, al no tener mayorías legislativas, no puede y está obligado a hacer concesiones”, comentó.

Petro le mostró la puerta de salida a siete de sus ministros y reconfiguró su gabinete con gente de su entera confianza como Ricardo Bonilla, en el Ministerio de Hacienda, y Guillermo Jaramillo, en el Ministerio de Salud. El rompimiento de su coalición en el Congreso es un hecho y los siguientes meses revelarán si hay reconciliación o se trata de un divorcio definitivo. De cumplirse este último escenario es posible que, pese al mandato popular en el que insiste el presidente, sus reformas jamás vean la luz.