Néstor Humberto Martínez: juez y parte del escándalo Odebrecht-Aval

En noviembre de 2010, Martínez Neira fue contratado como abogado del Consorcio Ruta del Sol y del Fideicomiso Ruta del Sol II para sacar adelante un contrato de estabilidad jurídica entre el consorcio y el Gobierno colombiano.

Los contratos de estabilidad jurídica buscan que los inversionistas tengan estabilidad en materia tributaria mientras el contrato está en vigencia. 

Dicho contrato fue finalmente firmado el 31 de diciembre de 2012, horas antes de que se perdiera la posibilidad de poder firmarlos. A partir del primero de enero de 2013, los contratos de estabilidad jurídica desaparecerían de la normatividad colombiana.

Años después, en 2017, se supo que Otto Bula, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella y el exasesor del Ministerio de Comercio Luis Miguel Pico Pastrana recibieron 2 millones de dólares por gestiones alrededor de este contrato. 

En los documentos recabados por la Fiscalía, existe un contrato firmado por Yezid Arocha y Amilton Hideaki, en representación de Odebrecht, y Otto Bula como contratista. Bula obtendría un pago de 4.000 millones de pesos si lograba sacar adelante el contrato de estabilidad jurídica. En ese documento queda claro que Néstor Humberto Martínez era el apoderado del Consorcio Ruta del Sol. 

Martínez Neira ha dicho desconocer las coimas detrás del “éxito jurídico”. 

El 7 de septiembre de 2012, Néstor Humberto Martínez Neira, actuando como consultor jurídico, suscribió un contrato a nombre del bufete Estudio Jurídico Martínez Ltda. con Eder Paolo Ferracuti, brasileño y presidente de Ruta del Sol SAS.

Martínez Neira fue contratado para que emitiera un concepto jurídico acerca de la viabilidad de que la ejecución de la vía Ocaña-Gamarra fuera hecha por el Consorcio Ruta del Sol por medio de una adición al contrato y no por medio de una licitación. Según el concepto de Martinez Neira, la adición no era necesaria porque dicha obra hacía parte del objeto mismo de Ruta del Sol: “No era necesaria la suscripción de una adición al contrato, toda vez que la eventual actividad descrita podría entenderse como parte del objeto del contrato de Concesión No. 001 de 2010”.

Ferracuti participó de manera activa en el entramado de sobornos y fue sancionado por la Procuraduría a pagar una multa de 54.000 millones de pesos. El pasado jueves 17 de agosto, la Fiscalía anunció que le imputará cargos por lavado de activos y concierto para delinquir.

En 2014, Martínez Neira se quitó el gabán de abogado y se puso el de funcionario público. Como ministro de Presidencia –o 'superministro'–, aprobó el Conpes 3817 del 2 de octubre de 2014:

“Modificación al documento 3571, importancia estratégica del proyecto vial Ruta del Sol, tramo 2” documento con el que quedó aprobada la adición del tramo Ocaña-Gamarra. Martínez Neira no manifestó impedimento alguno, a pesar de haber sido asesor jurídico del Consorcio Ruta del Sol SAS en el contrato de estabilidad jurídica y de haber emitido un concepto jurídico con respecto a la adición del tramo Ocaña-Gamarra.

En 2015, dos meses después de que Marcelo Odebrecht fuera capturado en Brasil, Martínez Neira, de nuevo con el gabán de abogado, se puso en contacto con Jorge Enrique Pizano, controller de Ruta del Sol II.

La razón de la llamada era conocer de primera mano los informes sobre incumplimientos en prácticas antilavado y el pago a proveedores por obras ficticias en la Concesionaria Ruta del Sol.

Para la muestra, un botón: unos días antes de las reuniones Pizano-Martínez Neira, más exactamente el 25 de junio de 2015, Pizano le envío a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, y a Gustavo Ramírez, vicepresidente de inversiones de Corficolombiana, un informe de auditoría en el que daba cuenta de los contratos “sospechosos” encontrados por Pizano y de los que no había obtenido respuestas por parte de los funcionarios administrativos de la concesionaria. Después se comprendió que muchas de estas firmas detectadas por Pizano estaban involucradas en el entramado de corrupción y pago de sobornos. 

Pizano se reunió en dos ocasiones con Martínez Neira. El controller grabó las reuniones para dejar constancia de que había advertido de manera suficiente y oportuna a sus superiores de todas las anomalías que había detectado durante años en el Consorcio Ruta del Sol.

Lo documentado por Pizano fue tan contundente que en la segunda reunión Martínez Neira le dijo lo siguiente: “Jodido, ¿Qué ha hecho?... mire todos los delitos que se han cometido (...) soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por
apropiación” .

Ese rosario de delitos surgió del análisis que un abogado penalista hizo del informe presentado por Pizano a Martínez Neira.

Sin embargo, estos delitos no fueron puestos en conocimiento de las autoridades. Martínez Neira fue el encargado de elaborar la minuta de un contrato de transacción en el que Aval transaba con Odebrecht las diferencias surgidas entre las dos empresas y en el que se creaba el compromiso de mantener dichos hallazgos en confidencialidad: “PARÁGRAFO: Cada una de las partes renuncia a cualquier acción y/o reclamación en contra de la otra, cualquiera sea la forma o la naturaleza de la misma, a menos que dicha acción o reclamación tuviera como propósito la ejecución de las obligaciones contenidas en la presente Transacción”.

Sin advertir impedimento alguno en el caso Odebrecht-Aval, Martínez Neira fue elegido como fiscal general de la nación en julio de 2016. Siendo fiscal se abrieron 14 líneas de investigación en el caso Odebrecht y el conocimiento detallado que tenía sobre los hechos en Ruta del Sol II fueron revelados luego de la muerte de Jorge Enrique Pizano.

El 27 de noviembre de 2018, el entonces fiscal Martínez Neira, durante una intervención en el Congreso, aprovechó para atacar a los periodistas que revelaron los hallazgos hechos por Pizano.

En mayo de 2019, Martínez Neira renunció a su cargo como fiscal general de la nación.

Martínez Neira no ha sido involucrado en las investigaciones que en Colombia se adelantan por el caso Odebrecht-Aval.