No será una sino dos contralorías las que vigilen los recursos del Metro de Bogotá
6 Febrero 2023

No será una sino dos contralorías las que vigilen los recursos del Metro de Bogotá

Julián Mauricio Ruiz, contralor de Bogotá y Carlos Hernán Rodríguez, contralor general.

Utilizando una figura excepcional, la Contraloría General de la República y la Contraloría de Bogotá ejercerán control fiscal de manera conjunta a los recursos de la primera línea del Metro de Bogotá, en respuesta a los potenciales riesgos contra el patrimonio público que rodean a la obra.

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Las recientes discrepancias entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá sobre la construcción de la primera línea del metro motivaron a las dos contralorías, la General de la República y la de Bogotá, a ejercer de manera conjunta la vigilancia y el control fiscal de la planificación, construcción y puesta en funcionamiento del proyecto.

El proyecto tiene un valor de 29,5 billones de pesos, de los cuales el 65 por ciento serán aportados por la nación y el 35 por ciento por Bogotá.

Cómo funciona la acción conjunta

La acción conjunta tiene como objetivo hacer seguimiento permanente a los recursos invertidos en la obra. Tendrá una comisión de coordinación que será presidida por el contralor delegado para el sector de Infraestructura de la Contraloría General de la República.

La Contraloría de Bogotá prestará el apoyo que requiera la Contraloría General y la duración de esta acción conjunta está estipulada hasta el 31 de agosto de 2026.

Qué dice la procuradora

En entrevista con Caracol Radio, la procuradora general, Margarita Cabello, expresó su preocupación por la posible vulneración a la autonomía regional, luego de las declaraciones del ministro de Transporte en las que condiciona el desembolso de recursos de la nación a cambio de que la administración distrital respalde la propuesta de cambiar la construcción de la primera línea del Metro.

En la entrevista, la procuradora también se refirió  a los posibles impactos que pueden traer estos cambios: “Pueden afectar una modificación al traslado como mayores plazos en la ejecución del proyectos, originar un incremento de precios a una altura que podría dañar el contrato en sí y la incertidumbre sobre el número de predios ya adquiridos y pagados para la construcción; podría presentarse un posible detrimento patrimonial, la vulneración del principio de autonomía territorial y continuación de la afectación a la movilidad, que es un gran problema de la ciudad”.

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