'No vamos a ser tan irresponsables de sacar sentencias que no se puedan cumplir': habla el presidente de la JEP

El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga será el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta 2026. Su periodo tiene un reto enorme: empezar a cerrar la fase de investigación de los macrocasos y avanzar en la expedición de sentencias en contra de los comparecientes. Los mismos exintegrantes de la guerrilla piden una solución rápida y las críticas están llegando de todos los sectores.

En diálogo con CAMBIO, Ramelli hace una aclaración para que el país entienda cómo funciona el proceso transicional: las sentencias tendrán que contener sanciones para los firmantes de paz y esas sanciones son restaurativas, pueden ser obras y trabajos o la construcción de vías, por ejemplo. Esas sanciones deben definirse primero en unas mesas con el Gobierno, para que estén financiadas y estructuradas, en un proceso que implica escuchar a las víctimas para que estén satisfechas. La idea, dice Ramelli, es no repetir lo que pasó en Justicia y Paz.

CAMBIO: Usted llega a la presidencia de la JEP cuando se cumplen ocho años de la firma del Acuerdo de Paz. Este aniversario ocurre en medio de críticas a la JEP, demoras en la implementación del acuerdo, un creciente número de firmantes de paz asesinados, entre otros, ¿cuál es su visión de lo alcanzado hasta el momento?

Alejandro Ramelli: Hemos venido cumpliendo con lo previsto en el Acuerdo Final. Llevamos casi 170 imputaciones en contra de los máximos responsables, tanto de las antiguas Farc como de la fuerza pública, y más de 700 casos que involucran a personas que no son máximos responsables están siendo analizados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Eso es un gran logro cuantitativamente. Pero también hay unos logros inmateriales: el descubrimiento de verdades que permanecían ocultas, de las cuales el país no tenía realmente conocimiento, que tienen que ver con la estructuración de patrones macrocriminales tanto en tema de las antiguas Farc como de la fuerza pública. Más allá de las cifras de los delitos, el país no tenía conciencia de una cantidad de verdades que están en los patrones relacionados con el secuestro, con el reclutamiento de menores y las violencias sexuales cometidas al interior de la organización, así como con el tema de ejecuciones y desapariciones. Eso es algo completamente novedoso.

Además, uno de los grandes éxitos de la Jurisdicción es haber derrotado el negacionismo: esas narrativas que decían que 'esto no pasó', 'que fueron unos pocos', 'que eran hechos aislados'. Ya judicialmente quedó demostrado, tanto de un lado, como del otro. Creo que, en palabras sencillas, el mayor éxito de la Jurisdicción más allá del tema de la sentencias -que igual van a salir-, es haber logrado superar el umbral de la verdad que tenía la justicia colombiana sobre miles de casos.

CAMBIO: ¿La JEP nos ha traído más verdad que la justicia ordinaria en años?

A.R.: Nosotros hemos construido una verdad sobre la que construyó la justicia ordinaria. No se trata de quitarle créditos a nadie. La justicia ordinaria, con muchas dificultades, alcanzó un grado de justicia y un grado de esclarecimiento de los hechos, incluso a un alto costo de asesinatos de fiscales y de investigadores. Igual pasó en Justicia y Paz. Nosotros estamos yendo más allá. No estoy diciendo que no se hubiera hecho nada. Nosotros construimos sobre lo que la justicia ordinaria logró esclarecer en su momento.

CAMBIO: Hay una creciente preocupación porque aún no se ha expedido la primera sanción por parte de la JEP a los ex-Farc. ¿Por qué ha tomado tanto tiempo? 

A.R.: Primero, en la justicia restaurativa el proceso es tan importante como la sentencia. En la justicia ordinaria el proceso finaliza con la sentencia y es lo más importante, pero en la restaurativa, la sentencia es un paso, pero lo importante es lo que se dio antes. Pensemos lo siguiente: ¿qué había en temas de secuestro en la justicia ordinaria? Había sentencias, sí, en ausencia (del procesado), en donde las víctimas no tenían ningún conocimiento de lo que había pasado y los condenados no cumplieron la pena efectiva (de prisión). Eso es lo que había en la justicia ordinaria. Cuando nosotros retomamos el tema de secuestro hay una amplia participación de las víctimas, las víctimas aportan sus observaciones y los exintegrantes de las extintas Farc acuden a una audiencia de tres días para darles sus explicaciones a las víctimas. Eso nunca había pasado en Colombia. Entonces, sentencias ya había, pero sentencias inejecutables y que no aportaban verdad.

CAMBIO: ¿Y las sentencias que emitirá la JEP como son? Las sanciones que se impondrán son de carácter restaurativo, como obras o proyectos, y deben ir de la mano con políticas públicas del Estado…

A.R.:  En el proceso ordinario es más sencillo de cierta forma: una persona es culpable o inocente y ahí el Gobierno no tiene nada que ver. En nuestras sentencias, por lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo (artículo 204) hay una corresponsabilidad con el Gobierno. Entonces, tenemos que trabajar armónicamente para sentarnos y diseñar las sanciones y, en ese sentido, aceptamos la amable invitación del ministro Juan Fernando Cristo.

CAMBIO: En entrevista con El Espectador, el ministro Cristo les pidió que emitan las sanciones y dijo que la obligación del Gobierno es hacer que se cumplan. ¿Esto es así?

A.R.: Yo quiero hacer algunas claridades. El tema no es que 'ustedes saquen la sentencia' y luego el Gobierno determina cómo se va a cumplir. Eso sería lo más fácil, pero no lo más satisfactorio para las víctimas. Por eso, nosotros lo que estamos diciendo es que cumplamos el Plan de Desarrollo, trabajemos conjuntamente, como es la invitación del ministro Cristo, para que estas sentencias se soporten sobre unos proyectos que sean viables y que reestablezcan derechos de las víctimas.

No es sacar sentencias por hacerlo, es que falta esa articulación para que las sentencias se puedan cumplir. En otras palabras: no queremos repetir lo que pasó con sentencias de Justicia y Paz, que no se cumplen, porque no hay ninguna articulación, porque no había presupuesto, porque no había proyectos. Lo más fácil sería sacar la sentencia y problema del Gobierno ver cómo se cumplen, pero eso nos parece irresponsable porque entonces las víctimas van a sentirse defraudadas como pasó con Justicia y Paz.

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Antes de expedir la sentencia, nos tenemos que sentar a trabajar con el gobierno y mirar cuáles son los proyectos viables que pueden cumplir los comparecientes y ya en la sentencia lo incluimos.

CAMBIO: Entonces, ¿qué hay que hacer?

A.R.: Antes de expedir la sentencia, nos tenemos que sentar a trabajar con el Gobierno y mirar cuáles son los proyectos viables y en la sentencia lo incluimos. Es un paso previo que pasa, también, por los recursos. El miércoles vi que se aprobaron 50.000 millones de pesos, lo cual obviamente hay que agradecer, pero también pasa porque los equipos técnicos nos reunamos y miremos de esos proyectos qué tiene el Gobierno, cuáles cumplen con el índice de viabilidad para que estén en la sentencia y se puedan cumplir. Lo que estamos diciendo en la JEP es: saquemos unas sentencias más sólidas, que realmente les sirvan al país y a las víctimas.

CAMBIO: Es decir, las sanciones que la JEP va a emitir aún no están definidas...

A.R.: No. En la justicia ordinaria las sanciones están determinadas por la ley y si se comete un delito la persona va a la cárcel tanto tiempo. Pero acá, lo que se pactó en el Acuerdo de Paz, es que (los comparecientes) deben hacer actividades con contenido restaurativo en unas líneas de acción sobre desaparición forzada, sobre reforestación, de educación y de memoria histórica. Y esas líneas tienen que estar alimentadas por proyectos estructurados. Para esos proyectos, se debe tomar en cuenta lo que las víctimas piden, lo que los comparecientes están en capacidad de hacer y la oferta institucional.

CAMBIO: Luego, ¿qué sigue?

A.R.: Todo eso lo pasamos por un índice de viabilidad para decir cuáles son los proyectos que sí son realizables, que las víctimas consideran que reestablecen sus derechos y que los comparecientes están en capacidad de cumplir. Entonces, es más difícil estructurar una sentencia de estas. Por eso estamos en toda la disposición de sentarnos con los equipos técnicos de las distintas entidades para pasar esas iniciativas por el índice de viabilidad. ¿Para qué? Para, por ejemplo, no ordenar hacer una carretera en donde no se necesita, sino ordenar cosas que sean viables económicamente, que sean sostenibles y que las víctimas se sientan satisfechas.

CAMBIO: Entonces, hasta que estos proyectos no estén definidos no se pueden dictar sentencias...

A.R.: Claro. ¿Qué es lo que pasa? Las diversas entidades tienen proyectos para miles de cosas, para hacer carreteras, hospitales, cementerios, etc., pero no tienen vocación restaurativa. Se podría ordenar que se construya un puente, pero las víctimas no quedan satisfechas. O se puede ordenar hacer un puente que fue destruido y con eso se está reestableciendo un daño. Hay que entender que esto no es hacer un trabajo social, no es ponerlos a hacer cualquier cosa, sino actividades que sí les sirvan a las víctimas como una forma de restablecimiento. Por eso es urgente, vuelvo y digo, restablecer esas mesas técnicas que no vienen trabajando desde mayo porque esa instancia de coordinación, según el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ser convocada por el Gobierno, no por nosotros.

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Es urgente reestablecer esas mesas técnicas que no vienen trabajando desde mayo porque esa instancia de coordinación, según el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ser convocada por el Gobierno, no por nosotros.

CAMBIO: ¿Quién es el enlace entre el Gobierno y la JEP?

A.R.: El Plan Nacional de Desarrollo dice que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es quien tiene que convocar y, eso dice el reglamento de la Instancia de Articulación. Yo no lo puedo hacer. Si el Gobierno no convoca, pues esto no funciona y no lo ha hecho desde mayo.

CAMBIO: Cristo les dice 'impongan sanciones'. Y usted le está diciendo: no puedo imponer sanciones si no convoca la mesa, si no nos ponemos de acuerdo, si no se definen los proyectos, si no hablamos con las víctimas…

A.R.: Exactamente. Tal vez a nosotros nos ha faltado explicar mejor es que esto no es un tema de mora judicial. No, es que acá hay una corresponsabilidad.

CAMBIO: Puede ser también falta de información. Creo que los colombianos entendíamos que la JEP tenía que emitir sentencias y luego sí se hablaba sobre su cumplimiento…

A.R.: Claro. Si la lógica fuera esa yo mañana saco la sentencia. Pero eso es una irresponsabilidad porque, vuelvo y digo, eso fue lo que pasó en Justicia y Paz. Yo sé que hay afán por las sentencias y nosotros somos los principales interesados en sacarlas, pero no se trata de sacar sentencias por sacar sentencias. Son sentencias que así nos demoremos un poco más, deben tener una maduración para que se puedan cumplir. Eso es más responsable. Lo otro sería más fácil, pero para las víctimas sería una frustración: donde las víctimas no están de acuerdo, pues imagínese...van a decir: 'la JEP para qué ordenó eso'.

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Yo sé que hay afán por las sentencias y nosotros somos los principales interesados en sacarlas, pero no se trata de sacar sentencias por sacar sentencias. Son sentencias que así nos demoramos un poco más, deben tener una maduración para que se puedan cumplir.

CAMBIO: Los antiguos integrantes de la guerrilla se han quejado porque no llega la sentencia. Con la explicación que usted nos hace, pregunto: ¿ellos han participado activamente para la definición de esas sanciones?

A.R.: Esto es un diálogo. Ellos también han hecho sus propuestas y hay que examinarlas. Eso hace parte de los insumos. Pero el tema no es 'yo ofrezco esto, condéneme a eso', no. Es eso, más lo que esperan las víctimas, más mirar la oferta institucional. Nosotros podemos recibir todas las presiones de un lado y del otro, pero nosotros no vamos a ser tan irresponsables de sacar sentencias que no se puedan cumplir, que sean una mayor revictimización para las víctimas.

Hay que entender eso: el tema es sacar sentencias cuyo corazón sea la sanción propia y esa sanción propia depende de todo lo que yo estoy refiriendo. Tenemos que sentarnos con la institucionalidad, mirar esos proyectos, ver lo que es viable y eso es lo que va en la sentencia y, con eso, la sentencia será más seria.  Así recibamos todas las críticas y presiones, no vamos a sacar una sentencia inejecutable. Vamos a sacar sentencias serias, sentencias realizables, sentencias con órdenes que se puedan cumplir.

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Así recibamos todas las críticas y presiones, no vamos a sacar una sentencia de esa categoría. Vamos a sacar sentencias serias, sentencias realizables, sentencias con órdenes que se puedan cumplir.

'Estamos trabajando con los escasos tiempos que tenemos': Ramelli

CAMBIO: Me parece que esta era la explicación que faltaba en el debate público en el que todos vamos aprendiendo cómo funciona la justicia transicional. De otro lado, las Farc renunciaron a la presunción de inocencia en los casos que tienen imputación y deja una percepción de que aceptan miles de hechos, pero no hay verdad.

A.R.: El modelo que se acordó en La Habana, que nosotros hemos cumplido a rajatabla, es de justicia restaurativa. Ese modelo no se soporta únicamente sobre el reconocimiento de responsabilidades, sino sobre la verdad y el diálogo con las víctimas. Entonces, es un modelo en donde las víctimas tienen derecho a preguntar, tienen derecho a establecer un diálogo con los comparecientes y ellos tienen que responderles. Eso fue lo que ellos acordaron. ¿Qué pasaba en Justicia y Paz? A muchos comandantes paramilitares les imputaron, por decir algo, 2.000 homicidios y ellos aceptaban eso. Eso es revictimizante. Las víctimas no quieren solo que ellos digan que 'sí', no se trata de eso. El modelo que se aprobó en La Habana es distinto, ellos tienen que hacer un aporte a la verdad y no basta con decir: 'yo reconozco', sin dar explicaciones.

CAMBIO: Vamos ocho años de Acuerdo de Paz y casi siete de funcionamiento de la JEP, ¿alcanzan a lograr su misión en los siete años que quedan? ¿Se debe hablar desde ya de una reforma para ampliar el periodo de la JEP?

A.R.: Nosotros no hemos planteado de ninguna manera que nos amplíen el periodo, ni lo estamos diciendo ni lo hemos buscado. Nosotros vamos a actuar dentro del marco que está. Si el legislador decide cambiarlo, nosotros nos ajustamos. Nosotros estamos trabajando, de manera bastante forzada hay que decirlo, con los escasos tiempos que tenemos, y pues en esos tiempos daremos los resultados que alcancemos.

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Nosotros estamos trabajando, de manera bastante forzada hay que decirlo, con los escasos tiempos que tenemos, y pues en esos tiempos daremos los resultados que alcancemos.

CAMBIO: ¿Qué responde al expresidente Juan Manuel Santos y al exministro Yesid Reyes que han hecho críticas a procedimientos internos de la JEP que estarían alargando su misión? Reyes señala que no se ha resuelto la situación jurídica de unas 12.000 personas, que no son máximos responsables…

A.R.: Ellos también cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lo que pasa es que no son máximos responsables, pero ellos también participaron en la comisión de crímenes internacionales. Como eso no es (objeto de) amnistía, ellos tienen que hacer un aporte a la verdad y esos aportes se están tramitando en audiencias. Eso toma tiempo. Lo que yo quiero decir es que lo estamos haciendo seriamente porque no podemos ir renunciando al ejercicio de la acción penal, sin que se haya ni siquiera hecho un aporte y sin que se plantee algún tipo de restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esos son los estándares internacionales. Entonces, tenemos una cantidad de desafíos, pero lo estamos haciendo seriamente. Yo pediría un poco de paciencia porque no es hacer las cosas a la carrera, hay que hacer las cosas bien y creo que estamos actuando como debe ser.

CAMBIO: También se dice que la JEP ha venido ampliado su marco de acción al aceptar a jefes paramilitares como sujetos bisagra con la fuerza pública. Hay una demanda en la Corte Constitucional y la JEP ya defendió esa categoría...

A.R.: En el caso de Salvatore Mancuso, ya la Corte Constitucional dijo que era competencia de Justicia y Paz. En ese caso (que usted menciona), la Corte tendrá que fallar y pues esperamos sencillamente lo que la Corte decida.

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Creo y lo digo sin sonrojarme, que hemos sido víctimas de nuestro propio éxito y es que las víctimas han confiado la justicia y cada vez están demandando más porque el sistema funciona.

CAMBIO: Le insisto, ¿alcanzan los 15 años? ¿Hay manos suficientes y recursos en la JEP para hacerlo?

A.R.: Pues como como siempre los recursos son escasos, ojalá no nos los bajen. Las expectativas de las víctimas son muy altas. Creo y lo digo sin sonrojarme, que hemos sido víctimas de nuestro propio éxito y es que las víctimas han confiado en la justicia y cada vez están demandando más porque el sistema funciona. Entonces, claro, tenemos por un lado la angustia de los tiempos y, por el otro, unas víctimas que están pidiendo en todo derecho más verdad. Los tiempos son escasos: son diez años para investigar, de los cuales llevamos casi siete, y son cinco para el Tribunal. Entonces, no es que tengamos 15 para investigar, no. Los macrocasos van a tener un cierre, eso hay que irlo diciendo, y el Tribunal ya está funcionando.

CAMBIO: Aparte de lo que hemos hablado, ¿hay otro tema que le preocupe?

A.R.: Tenemos escaso tiempo. Estamos haciendo lo humanamente posible por cumplir. Necesitamos de verdad el concurso del Gobierno para que las sanciones, vuelvo y digo, sean efectivas y que realmente las víctimas no sientan sus expectativas defraudadas. Mi invitación es a que se convoque lo antes posible esta instancia y allí discutimos todos estos temas. Quiero dejar muy claro que no nos hemos demorado porque queremos, sino que hay una corresponsabilidad y la sentencia tiene que ser soportada sobre unos proyectos viables. Y eso es responsabilidad del Gobierno, no nuestra.

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No nos hemos demorado porque queremos, sino que hay una corresponsabilidad y la sentencia tiene que ser soportada sobre unos proyectos viables. Y eso es responsabilidad del Gobierno.

CAMBIO: Usted se reunió con Cristo la semana pasada…

A.R.: Sí, yo le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted. 

CAMBIO: Pero seguimos con el mismo cortocircuito, que primero debe ser la sanción…

A.R.: No. Por eso estoy aclarando. Ese sería el camino al fracaso. No es sacar fallos por sacar fallos, sino fallos realizables, que sean restaurativos. Estamos haciendo un costo político por la ‘demora’, pero prefiero asumirlo que sacar sentencias que no se puedan cumplir. Entonces, tengamos paciencia y más bien sentémonos a trabajar juntos. Ese es el mensaje. ¿Queremos repetir la historia? No. Queremos hacerlo bien… pasar de sentencias que no se cumplieron a sentencias que se puedan cumplir.