¿Qué pasará con el caso de los pasaportes en la Fiscalía?

El fin de semana que pasó CAMBIO reveló que la exfiscal (e) Martha Mancera firmó una resolución con la que reasignó el caso de los pasaportes justo cuando el fiscal del caso estaba a punto de citar a interrogatorio al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, para que respondiera serias dudas que tienen desde la justicia por la licitación de 599.000 millones de pesos que entregó a Thomas Greg.

Esa resolución se suma a otra que reveló Daniel Coronell en la que Mancera acabó dos dependencias que servían para que las víctimas de delitos pudieran recibir atención en un solo sitio: el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Capiv) y los Grupos Élites de Delitos Especiales (Gedes). Sin embargo, CAMBIO conoció que esas decisiones serán revisadas con lupa en la nueva administración.

• Así fue la “jugada” de la exfiscal Martha Mancera para proteger a ficha clave de Francisco Barbosa en el caso de los pasaportes

Fuentes del ente acusador advirtieron que la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó a su equipo de expertos revisar las últimas resoluciones firmadas por la exfiscal (e) Mancera para determinar cuáles deben ser revocadas. Dentro de los numerosos actos administrativos se encuentran, precisamente, las dos mencionadas. 

Después de que sean revisadas por los expertos, la Fiscalía comunicará cuáles decisiones de la administración anterior fueron revocadas y por qué tomaron la determinación. Eso se hará a través de una nueva resolución.

La resolución del caso de los pasaportes fue firmada por Mancera el 20 de febrero de 2024, siete días después de posesionarse como fiscal encargada. Con la decisión, el caso pasó de un fiscal especializado contra la corrupción a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia posesionada cuatro meses antes en ese cargo.

La jugada hizo que el fiscal que tenía el caso no pudiera vincular al proceso al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, como presunto responsable de las irregularidades contractuales. Salazar sería un protegido de la administración anterior debido a su cercanía con el exfiscal general, Francisco Barbosa, pues fue uno de los que hizo lobby para que fuera elegido en ese cargo.

• LA PENÚLTIMA HUELLA DE MANCERA

La otra resolución la expidió la exfical (e) Mancera el 5 de marzo y con ella, borró de un tacazo el trabajo que durante 10 años hicieron el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (Capiv) y los Grupos Élites de Delitos Especiales (Gedes), que tenían el propósito tratar con consideración a las víctimas que tenían que acudir ante la justicia priorizando sus necesidades para aliviar su experiencia traumática o, por lo menos, no agravarla. En esos centros, que estaban integrados por distintas entidades del estado, los denunciantes encontraban en un solo sitio a asesoría psicosocial, apoyo jurídico; podían formular sus denuncias; solicitar protección; acceder a exámenes médicos y psicológigos para establecer sus lesiones y contar con acompañamiento de la Policía cuando fuera el caso. 

Así las cosas, en los próximos días, se conocerán las decisiones que tome la nueva fiscal general sobre las resoluciones que firmó la administración saliente y, según las fuentes, algunas de ellas serán revocadas.